Según señaló Elisa Carrió, "el problema de los adolescentes es que son la mano de obra de las organizaciones delictivas, por lo que tienen que tener una responsabilidad penal".
Es por eso que propone una nueva legislación que tenga en cuenta dos cuestiones: por un lado, un ingreso universal de niñez para cada familia, que permita mantener a los chicos dentro de la casa, la escuela y el sistema de salud. Y por otro, que exista un sistema que los castigue por sus acciones. "Tienen que saber que hay responsabilidades por los actos que cometen", dijo al diario La Nación.
En tanto, para Francisco De Narváez es necesario crear una "política integral de minoridad" que incluya nuevas formas de reinserción social, pero "no como un parche frente a un caso criminal concreto".
"Para tener seguridad hay que contar con decisión política y asignar recursos. Eso no se ve a nivel nacional ni en la provincia de Buenos Aires (…) Si dejamos todo como está, vamos mal", agregó.
Las diferentes propuestas de la oposición coinciden en que un menor que cometa un homicidio tendrá una pena especial máxima de tres años si tiene entre 14 y 16 años. Si se encuentra en la franja de los 16 y los 18, la sanción escalará a los cinco años de reclusión en instituciones especiales.
Según afirman, la seguridad será uno de los dos grandes temas -junto con las repercusiones y los vaivenes de la crisis económica mundial- de la campaña electoral de este año.
