Admitimos que la administración de justicia es ineficaz, pero la culpa no es solamente de los órganos destinados a tales fines, también hay responsabilidad en todos los que participamos activamente en los procesos judiciales.
Por intermedio del Código, leyes complementarias y afines, se modificó un viejo sistema procesal, por uno más acorde con los tiempos que vivimos. La ideología del Código pretende proteger el derecho de las víctimas de los delitos y garantizar adecuadamente los derechos individuales de los imputados también.
La implementación del sistema no ha sido lo eficaz que se esperaba. Pero esta ineficacia se debió más a cuestiones políticas, relacionadas fundamentalmente a falta de presupuesto e infraestructura edilicia y de personal, que a la capacidad, buena voluntad y dedicación demostrada por los miembros del poder judicial.
No debe darnos miedo hablar de un código que garantiza las libertades individuales de las personas imputadas de los delitos, ya que dicha protección responde, simplemente, a una adecuada recepción de principios constitucionales de vieja data en nuestro país. El tema es asumir la responsabilidad que como adultos nos compete.
Nadie quiere que quien cometió un delito quede impune. Pero tampoco que para su juzgamiento se violen elementales derechos que hacen a su propia dignidad humana, su vida y su libertad, como tampoco que el cumplimiento de la pena se cumpla en condiciones que afectan la dignidad del ser humano que cumple la condena.
El sistema represivo que baja la edad de la imputabilidad tampoco es la solución. La implementación de un sistema represivo ilimitado, que no garantiza los principios básicos de la libertad, dignidad y vida humana, solamente puede ser generador de mayor violencia. Basta una mirada a nuestro reciente pasado para reafirmar lo dicho.
Lo que en verdad puede hacer retroceder la inseguridad es combatir las causas socio-económicas que le dan origen. Se llega al delito por muchas razones. Es más importante determinar cuales son los factores que llevan a un niño de 14 o 15 años a delinquir, que estipular a que edad es factible de responsabilidad penal.
Los niños y jóvenes, que pretende cuidar la Convención de los Derechos del Niño, están cada vez más expuestos. Vemos que nuestros niños (todos, no solo nuestros hijos) necesitan comida, educación, salud y una familia. Algún trasnochado creerá que más cárcel y condena pueden ser la solución.
¿No resulta escandaloso para nadie (funcionario o no) el estado de abandono, miseria, humillación y vejámenes de los chicos en situación de calle? ¿Son victimarios o víctimas? No podemos dejar de preguntarnos cómo ingresan armas y droga a los barrios marginales, y por qué nunca se encuentra el mecanismo eficaz para prevenir este crimen. Hay, siempre, una espesa sombra sobre intereses e interesados poderosos.
Como Servicio de asistencia jurídica gratuita, a los que carecen de medios para el acceso a la Justicia, creemos fervientemente que únicamente la construcción de una sociedad más justa y solidaria, con plena participación de todos los sectores sociales, es la solución para erradicar la violencia que tanto nos asusta y preocupa.
Servicio Jurídico Diocesano
Pastoral Social
Diócesis de San Isidro
