El Gobierno y el radicalismo negocian la aprobación en el Congreso del traspaso de las jubilaciones al Estado. Otro tanto ocurre con los socialistas. El mediador es el jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien ayer recibió una carta por parte de la cúpula radical (Gerardo Morales, Oscar Aguad y Ernesto Sanz) quienes le manifestaron que "compartimos en principio la necesidad de una reforma estructural sobre el modelo de capitalización".
En la misma carta le solicitan una entrevista a Massa. Y consideran el momento "una inmejorable oportunidad" para debatir el sistema, porque ponen el acento en que "nos preocupa la administración de recursos del sistema".
Morales y Aguad explicaron que esa carta surgió como respuesta a una negativa de la UCR.
"Massa nos invitó a estar en el acto de hoy (por ayer)", dijeron los radicales. Fuentes de la oposición aseguran que con la actual cotización de los precios internacionales de los cereales, el Gobierno perderá de recaudar (por la soja) unos 13.000 millones de pesos, pero que al traspasar la caja previsional, recibirá 15.000 millones de pesos.
Ahora negociarían las condiciones del apoyo radical al proyecto del Gobierno. Aunque Aguad dijo que "con superpoderes este proyecto es invotable", ambos sectores negociarían el cupo de participación que tendría la oposición en la comisión bicameral de Seguimiento de las jubilaciones. Una iniciativa que es parte del proyecto de ley que el Gobierno habría enviado anoche a última hora a la Cámara de Diputados.
Allí, el kirchnerismo confiaba ayer en votar la iniciativa sin sobresaltos antes de fin de año y en ambas cámaras. Sin embargo, ayer hubo objeciones por parte de algunos peronistas díscolos.
"Empezamos con el tratamiento parlamentario el martes próximo y las comisiones de Previsión y Presupuesto trabajarán juntas" dijo el titular de la bancada oficialista, Agustín Rossi.
En las filas K ya habrían sumado a sus aliados tradicionales y al socialismo. Fuentes del PS parlamentario dejaron en claro que ese bloque "nunca estuvo de acuerdo con el sistema de AFJP". Claudio Lozano (Proyecto Sur), "celebró que el Gobierno ponga la mirada en esta dirección".
Eduardo Macaluse, el titular de los ex ARI (hoy SI), señaló que "conceptualmente estamos de acuerdo en que haya un sistema de reparto y no uno privado". En la oposición, el PRO y la Coalición Cívica ya adelantaron que votarán en contra.
"Es una trampa a la oposición; no se puede votar la legitimación del saqueo", disparó Elisa Carrió (CC). El titular del PRO, Federico Pinedo, aseguró que "la propuesta de eliminación de las AFJP es una maniobra de los Kirchner para quedarse con el dinero de los futuros jubilados".
PROMESAS DE OTRO DEBATE COMPLICADO
Los legisladores kirchneristas aplaudieron el discurso de la Presidenta y empezaron ahí mismo a diseñar el cronograma del debate parlamentario en la Cámara baja, en busca de la aprobación del proyecto que propone devolver el sistema previsional al Estado. Admiten que la pelea será ardua. Sus aliados más cercanos, entre ellos los radicales K, se alinearon rápidamente detrás de la iniciativa del Gobierno, mientras la oposición mostró criterios divergentes.
El radicalismo, el SI, los socialistas y otros bloques menores afirmaron su coincidencia “filosófica” con el proyecto, aunque plantearon condiciones. En tanto, la Coalición Cívica y el macrismo fueron los más duros críticos.
“Estamos recuperando para todos los jubilados un sistema eficiente, justo y solidario. Nos permite despejar el peligro que entraña este otro sistema que se alimenta de la plata de los trabajadores para financiar la rentabilidad de las entidades privadas”, dijo el jefe de los diputados K, Agustín Rossi. Hoy la mesa chica del bloque se reunirá para redondear el cronograma legislativo y la semana que viene se reunirá la Comisión de Previsión para terminar de darle forma al debate.
“Esperamos que la mayoría de los legisladores nos acompañen, especialmente aquellos que nos vienen pidiendo cambios en el sistema previsional”, insistió Rossi. En el bloque se quejan de que la oposición “siempre nos sube la vara y los consensos que reclaman nunca se alcanzan”. Por eso apuntan a cerrar filas en su propia tropa y los aliados.
Desde la UCR, el SI, el PS y algunos monobloques expresaron su respaldo a la eliminación de las AFJP y la vuelta a manos del Estado de todo el sistema previsional, pero pusieron condicionamientos: una larga lista que incluye desde la “intangibilidad” y el “control” sobre los fondos de la Anses hasta la reimplantación de las contribuciones patronales para las grandes empresas a los porcentajes existentes en el '94.
Los radicales siguieron el discurso presidencial desde la oficina del bloque en el Senado. Los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz y el diputado Oscar Aguad agradecieron la invitación de la Presidenta al acto de ayer en la Anses, pero desecharon el convite porque se “trataba de un hecho consumado sobre un proyecto que desconocemos”.
“Si es apuro, es caja”, disparó Morales. Reclamó un debate en busca de consensos. “Es muy difícil no coincidir ideológicamente con el mensaje de la Presidenta, en especial para los partidos nacionales y populares como el nuestro”, soltó Sanz y agregó: “La UCR está dispuesta a debatir los cambios en la medida en que se establezca la intangibilidad de los fondos”.
“Espera no desilusionarse como ocurrió con el proyecto de opción previsional y la movilidad de los haberes, dos muy buenos anuncios que se quedaron a mitad de camino”, dijo la diputada del SI María América González. “El PS siempre defendió el sistema de reparto y estuvo en contra de las AFJP en el '94. Ahora tenemos que ver la letra chica del proyecto, y si garantiza, por ejemplo, los fondos de la Anses”, dijo la presidenta del bloque socialista, Silvia Augsburger.
La CC y el PRO, en cambio, salieron con los tapones de punta. “Está claro que en este escenario el Gobierno tiene la imperiosa necesidad de pagar 20 mil millones de dólares de deuda pública que vencen este año”, sostuvo el lilito Adrián Pérez. El macrista Federico Pinedo se pronunció en el mismo sentido: “Se llevan los ahorros de la gente para pagar deuda externa. La plata no es de las AFJP sino de los que aportaron”.
En el oficialismo, en cambio, miran con entusiasmo las consultas de opinión. “La gente está muy disconforme con las AFJP y espera que el Estado le dé garantías”, dijo una encumbrada diputada oficialista. “Esta vez le ganamos la batalla en la opinión pública”, afirmó, convencida de que eso aglutinará a la tropa K.
CRISTINA ANUNCIÓ EL NUEVO SISTEMA JUBILATORIO
En una carpa frente la sede de la ANSeS que quedó muy chica y donde se apretaban, sudorosos, ministros, gobernadores, funcionarios y sindicalistas, la presidenta Cristina Fernández presentó ayer el proyecto de ley que elimina la jubilación privada y que entrará en vigencia a partir del 1° de enero. El traspaso del sistema privado al estatal será automático.
La Presidenta caracterizó a la iniciativa de "estructural y estratégica" y remarcó que "se da en un contexto internacional en donde los principales estados están adoptando una política de protección hacia bancos; mientras, nosotros protegemos a jubilados y trabajadores", apuntó.
El traspaso al Estado de 95 mil millones de pesos que manejaban las AFJP y de 15 mil millones de pesos anuales, permitió a la Presidenta decir que sabe "que va a haber muchas presiones, porque son pocos los intereses pero grandes los dividendos". Fue una advertencia implícita a los legisladores de lo que puede ocurrir debido a que hay mucho dinero en juego.
Son las cifras fabulosas que pasará a controlar la ANSeS lo que puso en guardia a la oposición, al punto que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió denunció que esta iniciativa es "para saquear los fondos de los jubilados y hacer caja".
En su discurso de ayer desde la sede de la ANSeS, la Presidenta retrucó que "para los que dicen que queremos hacer caja", no pensamos en hacer caja cuando incorporamos a más de un millón y medio de jubilados. Tampoco lo hicimos cuando aumentamos 13 veces los haberes de jubilados y pensionados, y tampoco pensábamos en 'la caja' cuando por primera vez concebimos la movilidad jubilatoria a través del Parlamento".
La Presidenta habló varias veces del contexto internacional. Dos ministros reconocieron que es la crisis financiera mundial la que abrió el espacio para que el Gobierno lanzara esta audaz jugada, que el propio presidente de la UCR, Gerardo Morales caracterizó ayer como el "único cambio estructural" realizado por esta administración.
Estos funcionarios estimaban que el debate en el Congreso "será duro, pero los representantes de los partidos populares tendrán que aceptar la ley si no quieren suicidarse". Antes de su discurso en la carpa ubicada en el predio de la ANSeS y convertida en un sauna, Cristina firmó el proyecto de ley que fue girado anoche al Congreso y que lleva como nombre "Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Para aceitar el debate en el Congreso, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, anticipó -en una conferencia de prensa posterior al acto- que se creará una comisión bicameral y una mesa de seguimiento integrada por las centrales sindicales y empresarias.
Pero además el oficialismo está negociando con la UCR y los socialistas en el Congreso. En cambio el PRO y la Coalición Cívica rechazan el proyecto.
En otra parte de su mensaje Cristina dijo que "para algunos que siguen aferrados al modelo neoliberal, si las medidas estatistas las toma Estados Unidos o Alemania son simpáticas, pero si son de aquí, dicen otra vez los nostálgicos, los estatistas". La Presidenta hizo un llamado a los partidos de la oposición, para que "por única vez dejemos de pensar en nuestro posicionamiento y pensemos en el futuro de la Argentina".
Destacó también que la "política previsional implantada en la década del 90 fue un saqueo. Ese relato se ha desmoronado estrepitosamente", señaló.
Antes de Cristina, el titular de la ANSeS, Amado Boudou, explicó que de los 450 mil jubilados por el sistema de capitalización, 170 mil de ellos reciben la garantía de la jubilación mínima por parte del Estado".
Boudou concluyó afirmando que el sistema de capitalización está en vigencia sólo en Chile, Perú, Bolivia y otros pocos países. Y que en cambio en Inglaterra, Alemania, Francia y España está en vigencia un sistema estatal de jubilación.
CRISTINA DIJO: “NO TOMAMOS UNA DECISIÓN COMO ÉSTA PENSANDO EN LA CAJA”
El tiempo pareció ayer volver seis meses atrás. Con gritos, bombos, aplausos y la calle tomada por militantes, el kirchnerismo en pleno reapareció como en los más duros momentos de la pelea con el campo para defender el proyecto de reestatización de las jubilaciones.
Y la presidenta Cristina Kirchner decidió no defraudar a sus seguidores. "Yo les pregunto a los que quieren seguir con el sistema de las AFJP: ¿a qué caja defienden o a qué caja quieren representar?", lanzó, y estallaron los aplausos en la carpa terminada de armar apenas media hora antes del comienzo del acto, en el estacionamiento de la sede central de la Anses, sobre la avenida Córdoba.
Detrás de la Presidenta, sobre el escenario, escuchaban todo el gabinete nacional y los gobernadores kirchneristas Daniel Scioli, Sergio Urribarri, José Luis Gioja, Luis Beder Herrera, Gerardo Zamora, José Alperovich y Gildo Insfrán. No podían faltar tampoco los gremios, encabezados por Hugo Moyano.
Abajo, mezclados entre el público, esperaban funcionarios de todas las áreas. Y allí apareció también el ex piquetero Luis D' Elía, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se instalaron en una segunda carpa, sentadas en primera fila. Afuera, trabajadores de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) hacían estallar incontables bombas de estruendo.
"Se vio que el Gobierno no estaba tan equivocado en algunas cosas que posponía nada más hace unos meses”, insistió Cristina Kirchner. “Me asombra y sorprende escuchar determinadas argumentaciones como si la Anses fuera de propiedad privada", añadió.
Cristina Kirchner dedicó gran parte de su discurso a refutar las críticas de opositores, que acusaron al Gobierno de quedarse con los ahorros de los jubilados para aumentar los fondos del Estado. "Escucho decir que el Gobierno quiere hacerse de una caja. Este gobierno, cuando decide tomar intervención en Aerolíneas Argentinas no lo hace precisamente pensando en la caja. Nunca hemos especulado a la hora de tomar decisiones más allá de cuidar el superávit fiscal", aclaró.
Y agregó: "No pensamos en la caja cuando luego de años de congelamiento aumentamos 13 veces los haberes de los jubilados ni cuando consagramos legislativamente la movilidad jubilatoria". Pero nada dijo de cómo invertirá el Estado el dinero que antes estaba en el sistema privado.
Sin medias tintas, la Presidenta calificó a las AFJP de haber instrumentado "políticas de saqueo" y defendió el momento elegido por su gobierno para reestatizar las jubilaciones: "Es obvio el contexto internacional en el que se adopta esta decisión".
El equipo económico se regocijaba, off the record, de que a partir de esta medida que amplía en 15.000 millones la recaudación estatal dormirían más tranquilos pensando en los próximos vencimientos de deuda.
Los diputados y senadores del oficialismo, que volverán otra vez a las primeras planas con la batalla parlamentaria que se viene, también estuvieron entre los invitados. Miguel Pichetto y Agustín Rossi, jefes de los bloques kirchneristas, fueron de los primeros en llegar al acto. La Presidenta también le dedicó al Congreso buena parte de sus palabras. "Habrá muchas presiones, de toda índole, porque son pocos los intereses pero grandes los dividendos."
Su frase no es ocasional. La Casa Rosada prevé un duro debate. "Tendremos que ir todos personalmente a explicarlo. Después de lo que pasó con la movilidad jubilatoria, el panorama no es fácil", planteó un ministro que trabajó en el tema.
EL GOBIERNO PROMETE MEJORES HABERES PARA LOS JUBILADOS CON EL NUEVO SISTEMA
El Estado se quedará con todos los ahorros acumulados y con los aportes que en el futuro hagan los actuales afiliados al sistema de capitalización, y los invertirá en "forma similar a como lo hacen las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP)".
Así lo afirmó ayer el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, al término del acto del anuncio del proyecto de reforma previsional. El funcionario agregó que, a diferencia de lo que ocurre en el sistema de capitalización, el Estado no cobrará comisiones por administrar los fondos ni transferirá posibles pérdidas a los trabajadores.
COBOS APOYA CON CONDICIONES
El vicepresidente Julio Cobos señaló ayer que coincidía en líneas generales con el espíritu del proyecto que elimina las jubilaciones privadas, pero enfatizó que la futura ley debería garantizar la intangibilidad de los fondos previsionales para que no se destinen a otro fin que no sea a los jubilados.
"La norma debe garantizar un triple cinturón de seguridad sobre los fondos”, dijo Cobos. “Además, se debería prever un sistema autárquico de la Anses, para que sea este organismo el responsable de los fondos y otorgue todas las garantías que se deben dar al sistema".
El vicepresidente aseveró que el proyecto de ley que ayer presentó la presidenta Cristina Kirchner "convalida la visión que tenía el radicalismo (en 1993, cuando se instauró el régimen de AFJP) sobre las consecuencias que tendría el sistema".
Y añadió: "Fue una ley que no nació con todo el consenso necesario; por eso la oposición se unió contra el proyecto. Hoy se da una nueva oportunidad de debatir sobre el sistema previsional: hay que lograr el consenso mayoritario de todo el arco político, pues se trata de una cuestión de Estado".
Según su opinión, el país está ante "una gran oportunidad", aunque consideró que "todo dependerá de la forma en que se desarrolle el tratamiento legislativo para instaurar un sistema que perdure 50 o 60 años".
El diputado Daniel Katz, presidente de la bancada Confederación Federal en la Cámara de Diputados, que representa a Cobos, juzgó que “es central" que figure una cláusula de intangibilidad de los fondos en la futura ley. "Tiene que quedar claro en la norma que los fondos no serán saqueados para pagar deuda ni para hacer política", sostuvo.
Tanto Cobos como Katz señalaron, además, que la norma debería contener las previsiones jurídicas suficientes para evitar una avalancha de juicios contra el Estado tanto de parte de las AFJP como también de sus aportantes.
"Además, la norma debería reflejar medidas explícitas por parte del Gobierno para combatir el trabajo en negro, si lo que se pretende es engrosar la caja jubilatoria", sostuvo el diputado marplatense. La posición de Cobos y sus aliados parece acercarse así a lo que plantea la UCR, es decir, un apoyo al proyecto del Gobierno condicionado a que se defina también la intangibilidad de los fondos previsionales.
DOS CONSTITUCIONALISTAS COINCIDEN EN QUE EL ESTADO TIENE DERECHO A DISPONER EL CAMBIO
Los constitucionalistas, Gregorio Badeni y Daniel Sabsay, coincidieron en que el sistema jubilatorio de las AFJP fue creado por ley del Congreso y sólo una ley del Congreso puede cambiar las cosas. Ambos juristas coincidieron también en que la ley que sancione el Congreso debe respetar "los intereses y los derechos de las partes: de los jubilados y de las personas que aportan hoy a las AFJP --dijo Sabsay-- Ese dinero es de ellos. Se debe crear un sistema que no implique una conculcación de esos derechos".
Badeni fue un poco más allá. Además de los derechos de quienes aportan y están jubilados, la ley debe contemplar los derechos de las empresas. "Las empresas van a sufrir una expropiación: se nacionaliza la administración del sistema jubilatorio. Y las empresas deben ser indemnizadas por el valor que tienen, por el dinero que deberán pagar a los empleados que despidan... Todo eso lo debe pagar el Estado y no las AFJP."
Para Sabsay, "si efectivamente, como el Gobierno alega, y creo que debe ser cierto, para asegurar la jubilación mínima hoy está proveyendo el setenta y siete por ciento del monto que efectivamente se les paga a los afiliados a las AFJP, el Estado de hecho se ha convertido en el principal factótum del tema. Es la demostración de la incapacidad o del incumplimiento de las AFJP. El incumplimiento es clarísimo. El tema es por qué, no obstante, el Estado siguió adelante, porque esto no viene de ayer".
Badeni ve, en apariencia, un retroceso en la decisión del Gobierno: "El sistema de AFJP se creó para evitar que el Estado se apropie de los depósitos. Los aportes hechos a las AFJP tienen una particularidad: hubo aportes que se han incrementado por buena inversión, por buena administración. En las AFJP cada uno tiene una cuenta particular, un estado de cuenta único. En cambio, si se sanciona la ley, todo irá a parar a una bolsa común, donde no hay individualidad alguna."
Ambos esperan leer en detalle el proyecto de ley a ser enviado al Congreso para opinar con mayor precisión. "Es una situación muy irritativa, llena de riesgos, muy discutible --afirma Sabsay--. El sistema de jubilaciones en la Argentina es una cadena de fracasos. Se va a lo privado porque fracasa lo público. Pero lo privado fracasa, y peor. Entonces se vuelve a lo público. Pero 'vamos a restablecer los derechos que nunca se protegieron? Porque a las cajas de jubilación se echó mano siempre para distintas necesidades." Badeni avizora juicios contra el Estado. "La ley debería contener una fórmula que no genere conflicto. Pero, la verdad, no se me ocurre ninguna..."
PARA LAS AFJP, CON LA MEDIDA OFICIAL "SE AFECTARÁ LA INVERSIÓN EN EL PAÍS"
El presidente de la UAFJP, entidad que agrupa a las empresas que recibieron los aportes jubilatorios desde julio de 1994, Sebastián Palla, comunicó ayer, luego del discurso que brindaron el actual titular de la ANSeS, Amado Boudou, y posteriomente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que "cualquier proyecto que exista acerca del futuro del subsistema no puede estar basado, de forma alguna, en el cuestionamiento de la conducta de quienes lo integran".
También, con respecto a la durabilidad de la nueva reglamentación, sostuvo que "el proyecto de ley que se anuncia no tiene una visión de largo plazo, sino que está basado en un hecho coyuntural, que es la crisis de los mercados financieros. En cambio, el dato relevante es que los fondos administrados por las AFJP son fondos de largo plazo, para un contexto de reglas estables."
Luego de las críticas recibidas por el sistema deficitario y la mala administración que el Gobierno le adjudicó al sistema de jubilación privada, Palla expresó que "en ese sentido, incuestionablemente los resultados de las inversiones de los fondos de los afiliados a las AFJP, guiadas éstas por un criterio de protección y acrecentamiento de estos patrimonios en el largo plazo, han sido satisfactorios en los períodos de normalidad de mercados".
PROHÍBEN A LAS AFJP VENDER BONOS O ACCIONES POR SIETE DÍAS
El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer a una decena de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) inhibirse de realizar operaciones financieras, bursátiles, bancarias o comerciales que impliquen un cambio en la composición de su cartera de inversiones.
La medida cautelar, que debe regir durante los próximos siete días hábiles a contar desde ayer, fue dispuesta a raíz de una denuncia formulada por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), Guillermo Marijuan.
Esta fiscalía funciona a través de un convenio entre la Procuración General de la Nación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Similares acuerdos existen con la Procuración y otros organismos del Estado, como el PAMI. El fiscal denunció a las AFJP por la presunta venta masiva de títulos públicos luego de trascender el lunes los cambios finalmente realizados ayer por el Gobierno en el sistema jubilatorio. De acuerdo con el fiscal, esa venta de títulos podría haber sido lo que provocó la caída del valor de esos bonos. Y sus directivos podrían haber incurrido en el delito de administración fraudulenta.
"Básicamente se trata de operaciones hechas el lunes, pero la denuncia no menciona ninguna operación específica", dijo una fuente judicial. Por ello, Marijuan pidió al juez que ordene al Mercado de Valores (Merval) y al Mercado Abierto Electrónico (MAE) informar sobre las operaciones realizadas por las AFJP en los últimos siete días.
"No puede descartarse que las AFJP hayan efectuado ventas de sus activos en las Bolsas de valores y mercados de capitales provocando una importante y considerable caída en los precios debido a una inmensa e innecesaria oferta de títulos", sostuvo el fiscal.
El oficio remitido por el juez a las AFJP, al Merval y al MAE decreta la "prohibición de innovar" para que se "abstengan por siete días hábiles" de realizar "operaciones financieras, bursátiles, bancarias, comerciales y/o cualquier operación que tenga por objeto el traspaso o disposición de los fondos que administren" esas firmas, según dijeron fuentes judiciales.
Tras dictar la medida cautelar, el juez remitió la denuncia al fiscal Miguel Angel Osorio, quien pediría al juez algunos allanamientos, según estimaron fuentes de los tribunales federales. "Hay que hacer un arqueo y verificar si hubo alguna operación que pueda tildarse de engañosa o ilegal", añadió una fuente judicial que mencionó la "extensa normativa" que regula y limita las inversiones de las AFJP.
La medida cautelar pedida por Marijuan y aceptada por el juez Bonadio fue solicitada para evitar "serios e irreparables perjuicios de imposible reparación ulterior, no sólo a sus afiliados sino también al Estado nacional", según consta en la denuncia del fiscal.
TEMOR POR DESPIDOS
La crisis financiera ya había puesto a los empleados bancarios en estado de alerta, y la estatización de las AFJP terminó de dibujar un escenario sombrío. "Estimamos que, entre empleo directo e indirecto, de acá a marzo de perderán unos 20.000 puestos de trabajo (más del doble de lo que informó el Gobierno)", indicó un ejecutivo de una de las principales administradoras privadas, a quien ayer a la mañana su jefe le pidió un informe detallado de las tareas del personal para "deshacerse de la mitad de la plantilla".
Ayer hubo marchas de empleados del sector en contra de la decisión oficial y un comunicado de la Bancaria que advierte sobre "despidos encubiertos".
Cyntia Eszczynski, delegada gremial del sector, aseguró que "los despidos ya empezaron". Y precisó que "el mes pasado los hubo en el HSBC y éste en MET". En Orígenes --la más grande de las AFJP--, ayer, a raíz del nerviosismo que se vivía, el presidente emitió un comunicado con el que buscó trasladar tranquilidad a sus empleados.
ESTATIZACIÓN DE LAS AFJP DEMORÓ EL DEBATE SOBRE SUPOERPODERES EN EL SENADO
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado avanzó ayer con el debate del plan de obras públicas incluido en el Presupuesto nacional 2009 con la presencia del secretario de Obras Públicas, José López. Poco tiempo quedó finalmente para la discusión ayer sobre los superpoderes y la forma en que el gobierno distribuyó las obras por todo el país: para entonces, toda la oposición estaba atenta al anuncio de estatización del sistema de AFJP y en cuestionar las facultades especiales, aunque en esta ocasión para que el gobierno no las utilizara para administrar los fondos que se recibirán de las cuentas de capitalización. Más sorpresa provocó en algunos de los presentes el millonario plan de viviendas que nuevamente el gobierno anunció en este Presupuesto.
En la reunión de comisión de ayer, López remarcó que los objetivos fijados en el proyecto del Presupuesto 2009 apuntan a “otorgar” a través del cálculo de recursos un “mayor volumen de inversión” a las zonas más vulnerables del país. Por eso, ante las quejas de algunos senadores peronistas, como la salteña Sonia Escudero, propuso avanzar hacia un “desarrollo territorial” para “equilibrar diferencias sociales y de recursos” en el país.
López relató los proyectos centrales contenidos en el plan de gastos para 2009, que ya tienen sanción de Diputados. Frente a la mirada del jefe de la comisión, el correntino Fabián Ríos, explicó la inversión prevista de $ 8.100 millones para los próximos seis años para la realización de “153 obras de refuerzo de infraestructura”.
El plan de viviendas con que intentó seducir a los senadores quedó más allá de cualquier cálculo posible, lo que renovó las dudas sobre las obras que aún no se cumplieron y que ya fueron prometidas en presupuestos anteriores: se prevén 338.615 soluciones habitacionales, de las cuales 213 mil son viviendas nuevas y otras 124.851, refacciones, según dijo.
LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD Y A LA UNIÓN DE LOS EMPRESARIOS
La Asociación Cristina de Dirigentes de Empresa (ACDE) hizo un llamado ayer a la responsabilidad de la dirigencia y sentó posición al hacer una convocatoria a la unidad de los empresarios para hacer frente al seguro impacto que tendrá la crisis internacional en el país.
En un documento, la ACDE dice que “La crisis mundial con epicentro en los países desarrollados tiene características y efectos que todavía los mejores especialistas no pueden anticipar. Hoy se discute si Estados Unidos, la principal economía del mundo, entrará en recesión o en depresión y cuáles serán los graves efectos en el resto de los países, especialmente en los emergentes como Argentina”.
“En las últimas semanas, frente al colapso de las bolsas, los mercados de valores y los bancos, Europa, Estados Unidos y China tomaron medidas de intervención y regulación sin precedentes desde la crisis de 1929. Por otra parte, Chile y Brasil han decidido e implementado políticas vigorosas para financiar al sector privado y evitar su colapso”, agrega el documento.
La ACDE expresó que “las políticas públicas activas de los países centrales, en coordinación con el sector privado, nos confirman que en la emergencia global, el Estado puede y debe proveer un bien público valioso: la reducción de la volatilidad del ciclo económico, restableciendo la confianza perdida y reduciendo el costo de una crisis de todo el sistema. Cuando el costo de no intervenir puede hacer colapsar el sistema, el rescate global --sin que signifique el regreso del viejo estado empresario-- es pragmático, no ideológico”.
“Mientras la crisis global aún no ha encontrado su piso y todos los países se preparan para responder ante una situación de extrema gravedad, la dirigencia argentina todavía no ha articulado un conjunto de propuestas y acciones que con su implementación permitan reducir el impacto en nuestro país”, señaló. Subrayó que “un tema fundamental en la explicación de las diferentes crisis argentinas es el rol de su clase dirigente. Cuando hablamos de dirigencia, incluimos a la dirigencia política, empresarial, social, sindical y a nuestros intelectuales”.
Agregó que “en la crisis de 2002, la dirigencia argentina hizo un diagnóstico equivocado: hay salvación individual. La voluntad de la dirigencia argentina de maximizar el beneficio en el corto plazo primó sobre la consideración del bien común”. “Es así que la crisis afectó severamente a toda la sociedad, particularmente a los más pobres, deterioró aún más al sistema de partidos políticos y resultó en que un gran número de empresarios argentinos vendiera o perdiera el control de sus empresas. Así, desde el punto de vista empresario, se consolidó un fuerte avance de las empresas de capital extranjero que condiciona a futuro el desarrollo de empresas nacionales globales, verdaderos motores del empleo y el desarrollo del país”, afirmó.
CRISTINA LE PIDIÓ A LA CGT QUE HAGA UN SEGUIMIENTO DEL EMPLEO
Algo más de una hora llevó a la presidenta Cristina Fernández y a sus convocados, Hugo Moyano y otros varios integrantes de la "mesa chica" de la conducción de la CGT, analizar la situación por la que atraviesa el empleo en el país a partir de la crisis financiera internacional y sus efectos sobre la economía real.
La reunión realizada en la Casa Rosada fue la continuidad de la que, con el mismo eje, había concretado la Presidenta la semana pasada con los miembros de la conducción de la Unión Industrial Argentina. En el encuentro de ayer se escucharon en especial planteos de los dirigentes de los metalúrgicos, los mecánicos, los empleados de comercio y los textiles, ramas en las que se notan con más fuerza los riesgos que acechan la estabilidad del empleo.
En esos sectores de la industria y el comercio ya son bastante numerosas las suspensiones y las medidas de reducción de jornadas laborales o de adelanto de vacaciones.
Según voceros sindicales, todos los reunidos --incluida la Presidenta, acompañada por el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada-- coincidieron en que "no puede ser que, apenas sopla una ligera brisa, los empresarios empiecen a reducir trabajo y empleo".
"Ustedes son los que están en mejores condiciones para hacer un seguimiento permanente y de cerca de la situación del empleo", les dijo Cristina Kirchner a sus visitantes. Con lo que, como primera conclusión, se definió la necesidad de que la CGT se encargue de hacer ese seguimiento y de mantener contactos permanentes con Massa y Tomada para denunciar cualquier alteración grave de la situación del empleo.
Después, la Presidenta y los miembros de la conducción de la central obrera analizaron los datos que ofrece la actividad de la Aduana respecto del comercio exterior.
El tema también constituye una preocupación de la CGT, porque una eventual invasión de productos extranjeros a bajo precio --especialmente de China y Brasil-- puede repercutir sobre la producción nacional y, consecuentemente, sobre los niveles de empleo.
En todo caso, ni la Presidenta ni los dirigentes de la CGT ven todavía señales que hablen de una crisis grave de la situación del trabajo. Por lo que también se plantearon temas más estructurales, como el de la situación de los trabajadores de la pesca de Mar del Plata, con un altísimo nivel de informalidad.
Y además hubo muestras de satisfacción cegetista por la estatización del sistema previsional.
POR LA CRISIS, RENAULT ECHÓ A 300 OPERARIOS
La automotriz Renault cesanteó ayer a 300 operarios, según acordó con el Sindicato de Mecánicos (SMATA Córdoba). "Iban a ser 620, pero logramos un acuerdo con la empresa de que ese número de compañeros baje a 300", afirmó Leonardo Almada, vocero de la filial del gremio, que encabeza Omar Dragún.
Se trata de la primera ola de despidos de una automotriz desde la crisis de 2001/2002: según fuentes de la empresa, en las últimas semanas Renault perdió un tercio de sus exportaciones a raíz de la crisis financiera internacional. Además, la automotriz paralizará la producción de su planta de Santa Isabel desde mañana hasta el viernes, con lo cual el resto del personal cobrará durante esas tres jornadas no trabajadas el 70% de su salario.
La reunión entre Renault y SMATA, en el Ministerio de Trabajo cordobés, tuvo en vilo a los obreros y a sus familias. Según explicó Almada, "se suspende el trabajo de quienes tenían contratos eventuales". Renault tenía hasta ayer 1.400 operarios, de los cuales 500 trabajaban bajo la modalidad de contratados. Según esta modalidad, los operarios no son empleados directos de Renault, sino que son empleados por una empresa tercerizada. Los despidos afectaron a 300 de esos 500 operarios. "Se trata de gente que no estaba efectiva. Se los indemnizará como indica la ley; aunque la empresa se comprometió a reincorporarlos no bien pase la crisis. Ellos serían los primeros con derecho a ingreso cuando las cosas mejoren", dijo Almada.
En ese sentido, el contexto es confuso: si bien Renault sigue adelante con el lanzamiento de un nuevo modelo (el "L35"), a la vez sus directivos señalaron que no sólo cayeron un tercio de sus exportaciones sino que está comprometida la venta al exterior de piezas y partes que salen desde Santa Isabel.
UN INFORME DE LA UIA ALERTA SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA ACTIVIDAD
La Unión Industrial Argentina (UIA) ya adelantó su receta para enfrentar la crisis internacional: una nueva devaluación y mayor protección contra las importaciones. Lo que no había dicho era qué enfermedad había que curar. Hasta ayer, en que una por una las diversas ramas fabriles relataron las penurias que les tocan vivir en los últimos días. Todas coinciden: hay una notable caída de las ventas y del ritmo de producción nacional.
En la reunión de Comité de la UIA abrió el fuego Adrián Kaufmann, de las alimenticias reunidas en la COPAL. Remarcó que la producción de alimentos creció sólo 2% en lo que va del año. En medio de la crisis internacional, evaluó el empresario, el dato es "una señal de alerta por el impacto que pueda tener sobre las exportaciones y la disponibilidad de bienes".
Osvaldo Vasallo, de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, confirmó la fuerte caída que vive el rubro alimentos y agregó que también afectó la producción de envoltorios y cajas. Advirtió además que la continua depreciación del Real brasileño supone "un riesgo de perder mercado" a manos de Brasil, que hoy aporta 60% de las importaciones de embalajes.
El mismo temor al avance de Brasil, aunque ampliado además a China, mostró ante sus pares Oscar Pérez Larumbe, de la Cámara de la Indumentaria. Ese empresario adelantó que ya se detecta una merma del 23% en las reposiciones de la temporada de verano y se espera una disminución del 40% para el invierno 2009.
El representante del sector del plástico, Héctor Méndez, expresó que en octubre se verificó una caída mensual desestacionalizada en la actividad de entre 10 y 15%, y que en ese marco ya se han anunciado adelantos de vacaciones, eliminación de horas extras y suspensiones. Rodolfo Achille, de la Asociación de Fabricas de Componentes (AFAC), describió un panorama parecido ante la desaceleración en la demanda.
Hubo más. Sergio Vacca, de la metalúrgica ADIMRA, reveló una caída de 5,9% en la producción durante agosto, y para el acumulado de 2008 supuso un crecimiento de solo 1,5%. Entre las causas, mencionó las importaciones, que desde 2002 ganaron al menos 20% del consumo nacional.
En cuanto a la realidad regional, Juan José Coll, presidente de la Unión Industrial de Misiones remarcó que para el Noreste del país, la industria forestal, uno de los sectores clave de la zona, ha sido una de las más afectadas. Así, Misiones vio caer dramáticamente las exportaciones a EE.UU. y Europa, los principales mercados de exportación y las ventas internas, dejando al borde del colapso a esta actividad.
Otras actividades en desaceleración son la textil, la citrícola, la maquinaria agrícola y el turismo. Las perspectivas de la industria regional ofrecen un panorama desalentador, según los datos presentados por Ricardo Khayat, de la Unión Industrial de Chaco. En esa provincia, el Indicador de Demanda de Laboral exhibió en una disminución interanual del 14%.
En el Noroeste también se resiente la actividad. Según Daniel Chavez Díaz, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, los sectores que manifestaron mayores descensos en su actividad son el minero, el azucarero y el turístico. Asimismo, la industria papelera jujeña, también enfrentaba caídas en las ventas.
EL CAMPO VOLVIÓ A FUSTIGAR DURO AL GOBIERNO
En señal de unidad, las cuatro entidades del campo fustigaron duro ayer la amenaza oficial de estatizar la venta de Cartas de Porte, un documento obligatorio para el transporte de granos que comercializan desde hace años la Federación de Acopiadores y la Federación Agraria, una de las cuatro patas de la mesa de Enlace.
La ONCCA pretende quitarle ese negocio a la agrupación que conduce Eduardo Buzzi por su activa participación en el conflicto que dio por tierra con las retenciones móviles.
"No existen motivos que justifiquen la modificación o erradicación de este servicio", señaló la Comisión de Enlace en un comunicado, en el que añade que la medida "responde pura y exclusivamente a razones de carácter político, persecutorio y con el objeto de perjudicar a quienes sostenemos críticas a la política agropecuaria". Buzzi decidió recurrir a la CGT y la CTA, para que intercedan en defensa de 200 trabajadores de su entidad que viven de la venta de esas cartas.
ANTONINI: ACUSARON A DURÁN DE PAGAR COIMAS
El empresario Carlos Kauffmann ratificó ayer ante la Justicia de Miami que participó junto con Franklin Durán, acusado en el caso de la valija, en un entramado de corrupción en Venezuela y acusó a la defensa de "manipular la verdad".
Kauffmann relató al jurado del juicio que se le sigue al venezolano Durán en un tribunal de Miami los detalles de varios casos de corrupción que, según él, reportaron millonarias ganancias a ambos con sobornos y comisiones por negocios con militares, funcionarios y políticos.
Durán está acusado de conspirar y actuar en EE.UU. como agente del Gobierno de su país para ocultar el origen y el destino de un maletín con 800.000 dólares incautado en Argentina en 2007 al venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson.
Presuntamente, el dinero provenía de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y estaba destinado a la campaña electoral de la presidenta Cristina Kirchner, según testigos de la Fiscalía Federal.
Kauffmann, quien se declaró culpable en el caso, ya había contado a la juez Joan Lenard el pasado viernes más de diez casos de corrupción en los que se habría involucrado con Durán.
Con estos casos la Fiscalía Federal intenta refutar el argumento de la defensa de que el FBI y Antonini indujo a Duran a viajar a Estados Unidos para delinquir involucrándose en este caso y que el valijero quiere quedarse con las empresas de Duran. La jueza permitió al fiscal exponer estos casos ante el jurado que tendrá la última palabra.
ARMAS: REVISARON A MENEM PARA VER SI PUEDE IR AL JUICIO
El ex presidente Carlos Menem fue revisado ayer en su casa de La Rioja por dos médicos enviados por la Justicia para determinar si puede concurrir al juicio oral que se le sigue en la Capital Federal por el presunto contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante su gobierno.
Los médicos revisaron a Menem ayer a la tarde, por espacio de una hora y cuarto, e inmediatamente regresaron a Buenos Aires. Su informe estará concluido dentro de cinco días y será remitido al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 (TOPE 3). El tribunal llevó a cabo ayer la segunda jornada del juicio oral por el escándalo de la venta de armas. Al igual que el jueves pasado, cuando se inició el juicio, Menem estuvo ausente. Pero ayer no fue el único. Apenas seis de los 18 acusados se hicieron presentes ayer en los tribunales de Comodoro Py.
Todo acusado tiene la obligación de estar presente en un juicio cuando se lo informa de qué se lo acusa. Menem es el último de la lista de 18 procesados, por lo que se especula que su presencia, de ser posible, ocurriría recién dentro de tres semanas o un mes.
En caso de estar imposibilitado de movilizarse por su estado de salud, los jueces podrían trasladarse hasta donde esté el ex presidente para cumplir con ese trámite. La otra opción es obligarlo a concurrir a Tribunales con el auxilio de la fuerza pública, pero Menem tiene fueros parlamentarios, ya que actualmente es senador por La Rioja.
Los forenses enviados por el Poder Judicial fueron recibidos en la casa del Golf Club de La Rioja que habita el ex presidente por el médido personal de Menem, Alejandro Tfeli, y otro profesional cercano a él, Carlos Santander. Además se encontraba presente el abogado defensor del ex mandatario en esta causa, Omar Daer.
"Está muy agotado", dijo Tfeli al cabo de la revisación. Para pegar el faltazo en la primera jornada del juicio, los médicos de Menem habían alegado que éste padecía de un cuadro de "estrés, anemia severa, diabetes y alergia". Ahora habrá que esperar el resultado de los análisis efectuados por los médicos forenses para ver si el cuadro sigue igual o se modificó.
Pese a su estado de salud, el ex presidente jugó al golf la semana pasada, según admitieron sus allegados. "Le hace bien a su salud el aire de la montaña", lo justificó Daer cuando Clarín lo consultó al respecto.
El TOPE 3 leyó ayer las acusaciones existentes contra tres ex directores de Fabricaciones Militares (FM). Se trata de Luis Sarlenga (ex interventor de FM), Edberto González de la Vega (ex director de Coordinación Empresaria de FM) y Carlos Franke (ex director de Producción de FM).
También se escuchó la imputación que hay contra Teresa Irañeta de Canterino, ex jefa de Abastecimiento y Comercio Exteriores de Fabricaciones Militares, una suerte de despachante de Aduanas de la empresa.
El juicio se reanudará el martes 28 con la lectura de la acusación contra otros imputados. Además de Menem son enjuiciados el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik. La Justicia investiga si los 18 acusados incurrieron en el delito de contrabando agravado por las 6.500 toneladas de armas que aparecieron en Ecuador y Croacia, dos países a los que la Argentina no podía proveer de material bélico por embargos dispuestos por la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas.
SOLÁ: “NI KIRRCHNER NI CARRIÓ ESTÁN PREPARADOS PARA UNA CRISIS”
"Soy un sentimental y no dormí bien. Ténganme piedad", pidió Felipe Solá a los periodistas mientras ensayaba una sonrisa irónica y se acomodaba su corbata roja, a tono con el traje oscuro. Relajado y suelto, el ex gobernador bonaerense, hoy diputado nacional y virtual candidato a enfrentar a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas del año tardó poco en mostrar su lado político y dejar claro que su deseo es convertirse, más temprano que tarde, en el líder de un polo peronista anti-K para los próximos compromisos electorales.
"El primero y el segundo (en las elecciones 2007) no dialogan, descalifican y destratan. Se creen únicos y no están preparados para la posibilidad de una recesión en la Argentina", afirmó ayer Solá en referencia a la presidenta Cristina Kirchner y Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica.
Fue ayer al mediodía, en una nueva edición del ciclo "Preguntar al Poder", organizado por la fundación Konrad Adenauer en la sede porteña de la UCES.
Un rato antes, el ex gobernador bonaerense había reconocido sus ganas de enfrentar al ex presidente en el próximo compromiso electoral.
"Tengo un impulso hacia ello, aunque seguro no seré candidato del kirchnerismo porque no creo en la magia", ironizó. ¿Y en 2011 será candidato presidencial? "Soy uno de los que podrían tener chance, aunque no me creo la única Coca-Cola en el desierto", comparó.
Solá usó buena parte de su hora de encuentro con la prensa para mostrarse muy lejos de la Casa Rosada. "Creí en este gobierno entre 2003 y 2005, porque hizo cosas importantes y generó autoestima de país autónomo en sus decisiones. También creí en un cambio de estilo a partir de 2005, pero fui traicionado", definió.
Sobre la posibilidad de que Kirchner sea efectivamente candidato a diputado, Solá combinó la crítica con la certeza. "Hay veces en las que un político tiene que arriesgarlo todo. Los que hablan de su candidatura, más allá de que son bastante alcahuetes, tienen su aval, sino no lo harían", sostuvo.
De inmediato, siguió dinamitando los puentes con el oficialismo, a tal punto que contestó con un "nosotros" cuando lo consultaron por los escasos éxitos de la oposición en el Congreso. "Estamos hartos de la extorsión sobre la base de dineros públicos, que son manejados discrecionalmente. Ocurre todos los días y hay un cinismo que lo acepta", fustigó.
Ante una consulta, Solá dijo que no se sintió identificado con ninguno de los actos principales (dos oficialistas y un opositor) organizados para conmemorar el 17 de octubre. "Tal vez podría haber estado en la quinta de San Vicente (donde están los restos del ex presidente Perón y se reunieron dirigentes históricos), pero no me sentí representado por los otros actos. Igualmente, peronistas somos todos, unos a favor y otros en contra", bromeó, en alusión al fundador del justicialismo.
Ante otra consulta, Solá afirmó que un eventual frente antikirchnerista debería ser "abierto y amplio" y se negó a acotarlo sólo al justicialismo. Pero estableció sus afinidades: definió a Eduardo Duhalde como "un dirigente con experiencia", mientras criticó a Francisco de Narváez, quien según su visión "como diputado no tiene actividad. Nunca lo vi. Si quiere llevar adelante un peronismo, es un peronismo con muchas viudas", criticó.
"¿Por qué nadie me preguntó por la pobreza, que es lo más importante?" desafió a los periodistas antes del final.
LA CORTE NOMBRÓ AUDITORES ELECTORALES
Cuando la Cámara de Diputados dio media sanción al presupuesto nacional, omitió incluir una partida de apenas 1,2 millones de pesos que es imprescindible para contratar auditores y supervisar los gastos de los partidos políticos. La Cámara Nacional Electoral tiene un Cuerpo de Auditores integrado por 9 contadores para controlar los más de 800 partidos que hay en el país.
Exhaustos por una labor que materialmente es imposible de llevar a cabo con escasos recursos, el tribunal pidió siete nuevos contadores. Pero la Cámara de Diputados suprimió la partida que había enviado el Poder Judicial en la elaboración del cálculo de recursos del sector.
Ayer, la Corte Suprema suplió de alguna manera esa falencia, creando 4 cargos de auditores.
El control lo deben ejercer la Cámara Nacional Electoral y los 24 jueces federales con competencia electoral.
La Cámara Nacional Electoral, integrada por los jueces Rodolfo Munne, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, creó en 2002 un cuerpo de auditores que, a duras penas, llegó a tener 9 contadores que tienen el deber de controlar los gastos corrientes y los gastos de campaña que realizan todos los partidos del país, sean nacionales o provinciales.
La ley de financiamiento de partidos políticos impone límites a los aportes que hacen empresas y particulares a los partidos y también fija topes a los gastos que hacen las agrupaciones, que deben presentar informes de rendición de cuentas.
En el proyecto de presupuesto nacional para 2009, el Poder Judicial tiene previstas partidas por 2577 millones de pesos ?casi 700 menos que los que la Corte calculó como necesarios?, de los cuales están previstos para el Grupo de Consultores Auditores apenas $ 781.289. Para 2009, la Cámara Nacional Electoral había solicitado 1.227.490 pesos para contratar a 7 nuevos auditores.
El tribunal también había pedido 1 millón de pesos para el régimen de electores privados de libertad (presos), que también tienen derecho de votar. Organizar comicios en las cárceles es un régimen muy complejo.
La Cámara Electoral reclamó una ampliación del presupuesto, y tanto el Consejo de la Magistratura como la Corte Suprema, cuando tomaron intervención en la elaboración del cálculo de recursos para 2009, incluyeron el reclamo. Pero en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados esa partida desapareció.
Los jueces electorales, cuando advirtieron lo ocurrido, pidieron audiencia con las autoridades de la citada comisión legislativa, que no les dio audiencia.
Ayer, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, llevó el tema al acuerdo de ministros y fueron designados cuatro nuevos auditores.
LA BOLSA Y LOS BONOS SE DESPLOMAN MÁS DEL 10% POR EL "EFECTO AFJP"
Siempre se puede estar peor, pensarán quienes tienen en su poder bonos o acciones que cotizan en el mercado argentino. Las fuertes bajas que se vienen sucediendo desde hace varias semanas encontraron nuevo impulso, ayer, a partir de la oficialización del proyecto de ley que impulsa la reestatización del sistema privado de jubilaciones.
El índice Merval de acciones líderes cayó casi 11% y otro tanto ocurrió con los principales títulos públicos que se negocian en Buenos Aires. En este caso, el bajón impulsó a una nueva suba del riesgo país, que superó los 1.600 puntos.
El desastre de ayer no tuvo una vinculación directa con los convulsionados mercados del exterior. El desplome fue gatillado por el proyecto oficial. En verdad no solo por el futuro de las AFJP, sino porque esta estatización pareció echar a volar diversos fantasmas sobre los mercados financieros: El principal, que la caja del Gobierno está más vacía de lo que se suponía hasta ahora. Y aunque el traspaso de fondos al Gobierno le daría mucha holgura para enfrentar los vencimientos, la medida cayó muy mal entre los inversores.
También, que las autoridades desprecian la capacidad de financiamiento a través del mercado de capitales, no solo para las propias operaciones oficiales, sino para las empresas en general.
La liquidación de activos en la plaza local se reflejó en las severas pérdidas, lideradas en el panel líder por Edenor, que perdió 26,86 por ciento; Telecom, que cayó 22,63 por ciento; y Banco Francés, que se derrumbó 20,98 puntos porcentuales.
Los papeles financieros se derrumbaron desde el inicio de la rueda y cerraron con caídas 15 por ciento, en promedio: Banco Macro cayó 15,26 por ciento, Grupo Financiero Galicia cedió 13,37 por ciento y Banco Patagonia retrocedió 7,41 por ciento. Tanto en el panel bursátil como en el mercado de bonos, lo que se vio fue una fuerte caída con poco volumen de operaciones.
Esto quiere decir que, quien quería vender, de entrada fijó (o fue obligado a fijar) un precio bien inferior al que habían cerrado el lunes las cotizaciones. "El que quería salir ayer del mercado tenía que asumir una pérdida instantánea bien grande" señaló un inversor que no podía creer cómo se derriten los precios en Buenos Aires.
Para el caso de los títulos públicos la caída de sus precios se traduce en tasas de rendimiento que reflejan un papel en default. Por caso, el Boden 2012, del que mucho se estuvo hablando en estos días por la posibilidad de que sea o no incluído en el canje de deuda, ya rinde 51%. Es decir que para ese bono, el riesgo país (diferencia con lo que rinde un papel de similar duración del Tesoro de los Estados Unidos) es de 4.800 puntos).
Es uno de los bonos que recibieron los que quedaron atrapados en el corralón del 2002. Ayer valía 21 dólares, una ganga, tanto para quienes apuestan a que no va a ser declarado en default como para quienes, aun "defaulteado" se puede recuperar más de lo invertido. Basta mencionar que quien tiene un Boden 2012 recibirá 1,5 dólar en febrero por intereses y 12,5 dólares en agosto por amortización. Los tres cupones que quedarán por delante compensan la inversión y dejarían en el inversor una jugosa ganancia. Pero claro, hay que animarse a comprarlo ahora.
CAERÍA EL PRECIO MUNDIAL DE LA CARNE
La crisis financiera global está afectando a la ganadería argentina. Y aun cuando el mundo salga de la debacle, los precios internacionales de la carne no volverán a ser los de antes, según estiman especialistas.
“La crisis mundial detuvo las exportaciones cárnicas e hizo caer un buen número de contratos ya firmados, que se están renegociando. Creemos que el panorama va a seguir siendo muy incierto por un par de semanas, y aun si se recuperan los mercados la caída de los precios de venta de carne al exterior no va a ser inferior al 40 por ciento”, dijo el consultor Ignacio Iriarte en el seminario “La integración para el desarrollo ganadero”, organizado ayer por la Universidad Católica Argentina (UCA), el Centro de Consignatarios de Productos del País y el Mercado de Liniers SA.
“Nuestros clientes principales, Rusia y la Unión Europea, están empachados de carne, así que la situación es muy complicada. Si las cosas siguen así, dentro de tres años el único que va a venir a este seminario va a ser Máximo Kirchner”, dijo irónicamente el consultor, lo que provocó carcajadas entre el público. Fue uno de los pocos momentos de distensión en un seminario en el que los asistentes tuvieron pocos motivos de alegría, dado el panorama que trazaron Iriarte; el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el resto de los disertantes.
