Casal detalló que el pedido que formulará a los jueces es para que revean los casos de 14 violaciones, tres homicidios en ocasión de robo, un doble homicidio, un tormento seguido de muerte y tres causas de promoción de prostitución de menores de 15 años.
"El Poder Ejecutivo no está legitimado para pedir explicaciones sobre las decisiones judiciales, pero nos parece que este caso emblemático y grave amerita que nos comuniquemos con los jueces y les hagamos saber nuestras sugerencias", explicó.
El titular de la cartera de Justicia se refirió al caso que disparó la polémica por el otorgamiento de las tobilleras magnéticas y que había beneficiado a Angel Fernández, detenido por el cuádruple crimen de la familia Mansilla y sus dos hijos.
Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en La Plata, Casal ratificó que sólo hará "una sugerencia a los jueces que tienen estos 22 casos y luego serán ellos los que sabrán justificar o revocar en el caso que corresponda la medida adoptada".
Sin embargo, insistió en que una tortura seguida de muerte "es un delito de los más graves tipificados en el Código Penal y no merece ninguna explicación por qué el imputado en esa causa está con un arresto domiciliario".
Detalló que la detección de los 22 casos de delitos gravísimos cuyos imputados gozan de este beneficio surgió de un relevamiento que la cartera de Justicia hizo sobre el perfil criminológico de los 300 detenidos domiciliarios que cuentan con el sistema de tobillera magnética.
Para el ministro, el caso de Fernández y estos 22 detectados hoy "denotan claramente que se ha estado desnaturalizando el sentido de la morigeración de la detención", beneficio que para el gobierno provincial debe estar prohibido para los que cometen delitos graves.
"Dadas las condiciones y las calificaciones y el delito por el cual se les está investigando, en estos 22 casos de arresto domiciliario, no existen garantías para la seguridad pública", subrayó.
Reiteró que si bien el gobierno "no tiene competencia para pedir la revocación de estas medidas", aclaró que "como auxiliares de la justicia" entienden que tienen "el derecho de sugerirle a los jueces que revisen estas detenciones domiciliarias o que dispongan otras alternativas de prisión que garanticen fundamentalmente la seguridad pública".
Casal sostuvo además que esto "no significa agravar las condiciones de aquellos que están cumpliendo con el beneficio de manera satisfactoria, es decir que no paguen justos por pecadores", aunque aseguró que "el epicentro de este conflicto está centrado en la mala concesión de un arresto domiciliario".
Sobre el proyecto de ley que el Gobierno bonaerense enviará a la legislatura para reformar el Código Procesal Penal, explicó que tiene por objetivo restringir excarcelaciones extraordinarias o beneficios de ese tipo para quienes cometen delitos graves.
"Los casos de morigeración y de arresto domiciliario deben estar exclusivamente enfocados en cuestiones humanitarias, tales como mujeres embarazadas o con hijos menores, enfermos terminales y ancianos", graficó.
Es que para el ministro, el sistema de la tobillera magnética exige del beneficiario un compromiso moral de no quebrantarlo "porque ese es el único límite para que pueda cumplir con el arresto domiciliario".
"El sistema no falla, pero la pulsera magnética tiene sólo un límite moral para el que está detenido ya que es muy fácil violentarlo, porque con sólo abrir la puerta y salir a la vereda se estaría violentando", precisó.
Por eso, insistió en que la esencia de este régimen "apunta a un perfil criminal determinado que no deben ser personas violentas ni reiterantes", es decir que hayan cometido varios delitos "porque esa barrera no será suficiente para contenerlos".(Télam).
