"Ya habíamos descubierto que el lugar de detención de Febres parecía un hotel de cinco estrellas, pero esto nos sorprendió. El prefecto contó que su única función en la Delegación Delta era ser el chofer personal del ex represor", contó a Télam una fuente judicial.
El mismo vocero aseguró que el chofer admitió que, además de ser el encargado de trasladar a Febres cada vez que tenía que ir a un juzgado o un tribunal, "entre sus funciones estaba la de llevar y traer a los familiares que lo visitaban".
Ahora la jueza también sospecha que Febres podía disponer a su gusto de ese chofer y salir cuando quisiera de su lugar de detención, según confió la fuente judicial, contaron a Télam fuentes vinculadas a la investigación.
La del chofer fue una de las tantas declaraciones testimoniales que ayer tomaron en el Juzgado Federal 1 de San Isidro la jueza Arroyo Salgado y el fiscal federal Alberto Gentili.
También declararon todos los abogados defensores que tuvo Febres, relevándolos del secreto profesional para que aporten datos sobre las condiciones de detención del ex represor.
En tanto, la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, una de las detenidas como sospechosas por el envenenamiento, ayer fue trasladada al juzgado pero no amplió su indagatoria, como se pensaba, sino que a pedido de la jueza se le tomó un cuerpo de escritura.
Las fuentes no revelaron el fin de esa pericia, pero especularon con que la jueza quiere comparar su letra con la de alguna prueba documental secuestrada en el marco de la causa.
La hipótesis más fuerte que sostiene la Justicia en torno al envenenamiento con cianuro de Febres gira en torno al intento de homicidio, confirmaron las fuentes.
Por ese motivo fueron detenidos no solo la viuda Guevara, sino también los dos hijos del ex represor, Héctor Ariel y Sonia Marcela, y el titular de la Delegación Delta de Prefectura, Rubén Iglesias, y el custodio de su celda, de apellido Volpi, quien fue la última persona en verla con vida.
Febres fue hallado muerto en su celda de la Prefectura de Tigre el 10 de este mes, cuatro días antes de recibir lo que hubiera sido la primera sentencia por delitos de lesa humanidad en el marco de la mega causa ESMA.
