Edificios agrietados y con riesgo de derrumbe; oficinas que se improvisan en vestíbulos, pasillos o garajes; hacinamiento; expedientes que desbordan estanterías, escritorios, corredores y hasta baños; falta de luz, agua y ventilación; ausencia de sistemas contra incendios...
Estos son sólo algunos de los problemas con los que se convive en los tribunales bonaerenses, donde el déficit de infraestructura se torna insostenible y, según todos los actores judiciales, afecta directamente la calidad del servicio de administración de justicia.
Un estudio de la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios de la Suprema Corte bonaerense grafica la dimensión del colapso: el Poder Judicial de la provincia tiene 119 edificios propios, que representan 267.612 metros cuadrados cubiertos, y necesitaría, como mínimo, unos 245.000 m2 más.
Además, el trabajo señala que el año próximo se requerirán otros 71.230 m2, con lo cual se debería duplicar, por lo menos, la superficie actual.
