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Media sanción para la nueva ley de radicación industrial

La Cámara de Senadores bonaerense dio media sanción a la nueva Ley de Radicación Industrial de la Provincia de Buenos Aires que impulsa la Secretaría de Política Ambiental.
La iniciativa del senador José Molina es el resultado del consenso entre los representantes de las industrias de la Provincia, y técnicos de la Secretaría de Política Ambiental en base a la experiencia recabada bajo la vigencia de la Ley 11.459.

Las modificaciones a la Ley actualmente en vigencia apuntan a contemplar y acompañar el auge del proceso productivo que se registra en la Provincia de Buenos Aires, incorporando la diferenciación entre los conceptos de Evaluación de Impacto Ambiental (para aquellas industrias por instalarse) y de Auditoría Ambiental (para las ya instaladas).

Esta novedad permitirá distinguir con claridad los requisitos técnicos especiales que deberán cumplir en cada caso permitiendo de este modo evaluar con precisión la complejidad ambiental de las empresas en relación con el medio que las rodea.

De lograr la sanción definitiva, la nueva normativa también introducirá cambios en el período de vigencia de las certificaciones proponiendo que las industrias de Primera Categoría renueven sus auditorias de impacto cada cinco años, cuando se trate de establecimientos considerados “inocuos porque su funcionamiento no constituya riesgo ni molestia”, según establece en su artículo 15 la Ley 11.459.

Aquellos establecimientos que por su nivel de Complejidad se encuadren en la Segunda Categoría deberán renovar cada tres años, manteniéndose el lapso de renovación de dos años para aquellas industrias de alta complejidad ambiental (petroquímicas, químicas, etc)

Las autoridades ambientales de la Provincia destacaron que la iniciativa que será tratada por Diputados a la brevedad, sólo establece modificaciones de metodología y operatividad sin desviarse del espíritu de la norma promulgada en 1993. El nuevo proyecto de ley pretende acelerar y perfeccionar la metodología de la norma vigente en la actualidad. De esta forma se busca acompañar la reactivación productiva del país con normas que garanticen la protección del ambiente y el desarrollo sustentable para el beneficio de la ciudadanía.

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