Los vínculos entre el Concejo Deliberante, el Centro de Martilleros y Corredores Públicos local y el Colegio de Martilleros de Dolores parecieran ser la respuesta a una nueva norma aprobada por este cuerpo, que frena el desarrollo del sector inmobiliario en la localidad. La medida, según expertos y el propio intendente Martín Yeza, es inconstitucionalidad.