La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha publicado la reglamentación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), con el objetivo de avanzar en la regulación de criptoactivos, según un comunicado oficial. La CNV trabaja en la adecuación e implementación de la ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Las acciones emprendidas están enmarcadas en la Ley N° 27.739, aprobada recientemente en el Senado, que reforma la Ley N° 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, sancionada en el año 2000. La reforma otorga nuevas facultades a la CNV, incluyendo la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), el cual centralizará la información sobre todas las personas humanas y jurídicas que sean proveedores de registros virtuales.
El PSVA ejercerá funciones de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción de dichos proveedores. Esta medida se toma en el contexto de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina de GAFI/GAFILAT. En palabras de Roberto E. Silva, presidente de la CNV: "Venimos trabajando desde que la posibilidad de que se sancione la Ley se volvió una probabilidad cierta, ahora que es una realidad avanzaremos en la creación del registro de proveedores de activos virtuales en cumplimiento con las recomendaciones de GAFI".
Sonia F. Salvatierra, directora y vocal del directorio de CNV, que recientemente acompañó el inicio de la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), declaró que "para la CNV es muy importante acompañar y cumplir con la evaluación de GAFI/GAFILAT. Por ello, nuestro equipo está abocado en cumplir metas y recomendaciones con el objetivo de lograr el fortalecimiento e impulsar el desarrollo del mercado de capitales de Argentina".
Por último, el directorio de la CNV, integrado también por Patricia Boedo, afirmó que "se va a hacer una tarea coordinada con UIF, organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas para que el resultado de la implementación de la nueva normativa sea eficaz y transparente, genere nuevas oportunidades en el combate contra el crimen organizado, propicie la efectividad del sistema preventivo y represivo, promueva el cumplimiento de las obligaciones ALA/CFT por parte del sector privado e impulse la adaptación a nuevas tecnologías".
