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Macri dispuso por decreto que quienes quieran ser designados jueces deberán pasar un examen de la AFIP

El presidente Mauricio Macri dispuso por decreto que quienes quieran ser designados como integrantes de la Corte Suprema y jueces federales deberán pasar un examen de la AFIP, que realizará un exhaustivo análisis patrimonial y de consistencia de sus declaraciones juradas, cuentas e inversiones.
El decreto que también lleva la firma del ministro de Justicia, Germán Garavano, fue publicado hoy en el Boletín Oficial.

De acuerdo al Boletín Oficial se decidió modificar los decretos 222/03 y 558/03 y los nuevos requisitos alcanzarán a las 14 ternas que hoy están en el ámbito del Poder Ejecutivo y todavía no llegaron al Senado de la Nación.

La norma determinó que, de ahora en adelante, quienes se anoten en los concursos para aspirar a ser juez deberán haber pasado una prueba de la AFIP que analizará sus bienes, sus declaraciones de impuestos y su patrimonio.

Ahora esa tarea, al análisis sobre si registran o no deudas fiscales, se sumará un informe más exhaustivo sobre el patrimonio y de consistencia de sus declaraciones juradas.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, al explicar la iniciativa, resaltó: "proponemos un análisis más profundo, para saber si hay inconsistencias".

"Si el día de mañana hay sospechas, vamos a tener una radiografía de los jueces, con sus bienes, sus propiedades y sus consumos y el presidente tendrá un panorama exhaustivo y claro a la hora de elegir qué candidato de la terna nomina", señaló.

Según se prevé, el candidato deberá prestar conformidad para que la AFIP elabore el informe, que será reservado y sólo podrá ser utilizado para la consideración de los antecedentes por parte del Poder Ejecutivo.

Asimismo, el Ministerio de Justicia podrá realizar consultas a organismos especializados sobre las declaraciones juradas y la información brindada por la AFIP.

Los candidatos ternados a su vez, presentarán otra declaración que indique la nómina de asociaciones civiles y sociedades comerciales que hayan integrado en los últimos 8 años, los estudios de abogados a los que hubieren pertenecido, y la nómina de sus clientes o contratistas durante al menos ese mismo lapso.

En la misma línea, deberán indicar cualquier tipo de compromiso o actividad propia o de sus familiares que pudiera afectar su imparcialidad de criterio.

La información permanecerá protegida por el secreto fiscal, aclara el texto del decreto.

La intención del Gobierno es además detectar si hay irregularidades patrimoniales, sobre todo en casos de jueces que investigan delitos de narcotráfico o corrupción.

A partir de este informe quedará asentada una suerte de declaración jurada inicial del magistrado, pero con mayor detalle que la actual, que los jueces presentan ante la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, esta información económica estará en manos en el Ministerio de Justicia, en el Poder Ejecutivo.

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