El fallo había ratificado la actuación del juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias, quien determinó que en la trágica inundación murieron 89 personas y no 67 como oficialmente había divulgado el gobierno.
La medida judicial había hecho lugar también a la acción de hábeas data colectiva promovida para lograr “el acceso a la información pública referida a las víctimas fatales de la inundación ocurrida en la región”.
Así, ordenó al Poder Ejecutivo provincial que deberá “divulgar públicamente el resultado de este proceso a través de los medios de comunicación por los que dio a conocer la información inexacta”, en referencia a los 67 muertos informados por el gobierno bonaerense.
Los jueces también confirmaron la orden al Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires para que “rectifiqe determinados asientos registrales por contener datos inexactos”.
Los magistrados determinaron que la sentencia del Tribunal “deja a salvo y expeditas las acciones judiciales civiles, penales o contencioso administrativas que las víctimas o sus causa-habientes decidan promover singularmente para obtener las reparaciones civiles, patrimoniales o condenas penales que pudiesen derivarse de los hechos”.
La Fiscalía de Estado bonaerense había apelado el fallo del juez Arias el pasado 7 de abril, objetando aspectos técnicos y considerándolo “no válido por violar reglas procedimentales y no ajustarse a derecho”.
