La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) solicitaron hoy la modificación del Acta 2764/22 emitida el año pasado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), bajo el argumento de que "encarece los juicios laborales" y "genera mayor desempleo".
La presentación fue realizada hoy ante la CNAT de la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Puntualmente, las entidades patronales pidieron que la tasa de interés establecida por el Acta 2764/22 se reemplace por una nueva que incorpore "parámetros de mayor razonabilidad".
El escrito puesto en discusión fue oficializado el pasado 7 de septiembre de 2022 por la CNAT.
En sus considerandos, resolvió mantener las tasas establecidas en las Actas 2601/14, 2630/16 y 2658/17, y además incorporó una capitalización anual de intereses desde la notificación de la demanda judicial en litigios de índole laboral.
En un comunicado, las representaciones empresariales aseguraron que "la aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo".
Las cámaras sostuvieron que el Acta colisiona con parámetros indemnizatorios fijados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y "viola" tres artículos de la Constitución Nacional.
A modo de respuesta, desde la Asociación de Abogados Laboralistas expresaron que "quienes atacan el Acta 2764 esgrimen falacias de todo tipo pero omiten explicar qué decisiones adoptan respecto de todos aquellos créditos laborales que retienen indebidamente y que recién abonan cuando quien reclama obtiene una sentencia favorable".
Y agregaron que "con sólo tomar el valor del dólar y su evolución a lo largo del tiempo en que se extiende un pleito en la Justicia Nacional del Trabajo, puede advertirse claramente que los únicos beneficiados con los juicios laborales son los empleadores incumplidores".
En un comunicado, los laboralistas afirmaron que "resulta inevitable ligar esta embestida con los proyectos de reformas laborales regresivas que desde hace años viene intentando imponer el sector del poder concentrado" y concluyeron que "la intención no es otra que la de aumentar la rentabilidad empresaria a costa de la quita de derechos laborales".
El reclamo patronal de SRA, CAME y Coninagro se sumó a otros acontecidos en los últimos días.
La semana pasada, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires pidieron suspender la vigencia de esa resolución judicial.
En una sintonía similar, desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), advirtieron días atrás sobre "los perjuicios que la actualización de los juicios laborales genera sobre el patrimonio de las pymes y su capacidad de producir y seguir generando empleo".
