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La Corte bonaerense se pronunció a favor de la implementación de “un régimen de autarquía” del poder judicial provincial

La Suprema Corte bonaerense ratificó el objetivo de dotar al Poder Judicial de la provincia de un régimen legal de autonomía presupuestaria y autarquía económica-financiera, como herramienta esencial para afianzar la Justicia.
Lo hizo a través de la Resolución 546/18 firmada por todos sus integrantes y por el Procurador General, la cual se comunicó al Poder Ejecutivo y ambas Cámaras de la Legislatura, donde se está debatiendo la reforma integral del sistema Judicial presentado recientemente por la propia gobernadora María Eugenia Vidal.

En los fundamentos de su declaración, la Corte estimó “plausible todo programa de modernización del sistema jurisdiccional que promueva y facilite un acceso a la justicia cada vez más amplio y eficaz, para tutelar los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos”.

Añadió que es inherente al principio republicano de gobierno el respeto por la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, pilares de cuya observancia depende la efectividad del servicio de justicia y el adecuado control de juridicidad de las normas y actos estatales.

Con todo, según se expresa en el pronunciamiento, el normal desarrollo de la Justicia exige que los órganos que la componen cuenten con recursos económicos adecuados, normativamente asegurados, y con un cuadro de competencias útiles para cumplir con su relevante cometido constitucional y convencional.

En tal sentido, junto con el tratamiento de las importantes reformas procesales y organizativas planteadas recientemente, consideró necesario generar un espacio institucional que permita debatir e implementar el régimen de autarquía judicial, teniendo en cuenta los lineamientos contenidos en el proyecto de ley oportunamente diseñado por la Suprema Corte.

El referido proyecto (A3/2014-2015, Mensaje Nº 3.050) fue originariamente comunicado por el Tribunal al Poder Ejecutivo.

Con fecha 4 de diciembre de 2014, fue expuesto en una reunión celebrada en el Senado Provincial con la Corte en pleno. Sin embargo, perdió estado parlamentario con fecha 18 de marzo de 2016.

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