En los fundamentos de su declaración, la Corte estimó “plausible todo programa de modernización del sistema jurisdiccional que promueva y facilite un acceso a la justicia cada vez más amplio y eficaz, para tutelar los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos”.
Añadió que es inherente al principio republicano de gobierno el respeto por la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, pilares de cuya observancia depende la efectividad del servicio de justicia y el adecuado control de juridicidad de las normas y actos estatales.
Con todo, según se expresa en el pronunciamiento, el normal desarrollo de la Justicia exige que los órganos que la componen cuenten con recursos económicos adecuados, normativamente asegurados, y con un cuadro de competencias útiles para cumplir con su relevante cometido constitucional y convencional.
En tal sentido, junto con el tratamiento de las importantes reformas procesales y organizativas planteadas recientemente, consideró necesario generar un espacio institucional que permita debatir e implementar el régimen de autarquía judicial, teniendo en cuenta los lineamientos contenidos en el proyecto de ley oportunamente diseñado por la Suprema Corte.
El referido proyecto (A3/2014-2015, Mensaje Nº 3.050) fue originariamente comunicado por el Tribunal al Poder Ejecutivo.
Con fecha 4 de diciembre de 2014, fue expuesto en una reunión celebrada en el Senado Provincial con la Corte en pleno. Sin embargo, perdió estado parlamentario con fecha 18 de marzo de 2016.
