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Diputados no logró avanzar con proyecto de acoso sexual, pero sí lo hizo en otro que penaliza pornografía infantil

La Cámara de Diputados dictaminó hoy a favor del proyecto que penaliza la tenencia de pornografía infantil, en tanto que se postergó por una semana la firma del despacho a la iniciativa que tipifica y establece multas por el delito de acoso sexual callejero.
Ambos proyectos fueron tratados en la comisión de Legislación Penal, que preside Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos), y la idea es que puedan ser incluidos en el temario de la sesión prevista para el 21 del presente mes.

La iniciativa que busca erradicar la pornografía infantil, que modifica el artículo 128 del Código Penal, ya cuenta con media sanción del Senado (aprobada por unanimidad el 30 de noviembre pasado) y estipula sanciones por la simple posesión de material pornográfico infantil, con penas de entre tres y seis años de prisión.

“Es impresionante la cantidad de bajadas a a través de la web en minutos de pornografía infantil”, advirtió Burgos.

“Estamos hablando de la vulneración de derechos de niños y niñas que han sido colocado en esa situación para producir material pornográfico”, agregó.

A diferencia de esta iniciativa que obtuvo dictamen favorable, no corrió la misma suerte el proyecto de acoso sexual callejero, que unifica las propuestas de Olga Rista (UCR), Victoria Donda (Libres del Sur) y Gabriela Troiano (Socialista).

El texto ya estaba listo para ser despachado al recinto tal como anhelaba Burgos, pero el fuego amigo de su correligionario Luis Petri, quien interpuso objeciones respecto de la redacción, frenó este objetivo.

Según Petri, la indemnización a la víctima contemplada en la normativa propuesta es competencia de la Justicia Civil, y por lo tanto no puede estar fijada por el Código Penal.

En el dictamen consensuado, que será enmendado en asesores, se preveían multas de entre 3.000 y 25.000 pesos para quien realizara acciones con connotación sexual “a través de gestos y/o en forma verbal”: lo recaudado será destinado al Instituto Nacional de las Mujeres para el fortalecimiento de políticas de prevención.

Las acciones penalizadas son aquellas que generen “intimidación, hostilidad, degradación, humillación y/o un ambiente ofensivo” en quienes las reciban.

Si las víctimas afectadas fueran menores de 18 años, ls sanciones tendrían un piso de 5.000 pesos.

Al respecto, Burgos lamentó que “hayan conductas que están generalizadas” y que implican una agresión hacia mujeres, y enfatizó que “no se puede hablar de piropos, porque esas acciones no son piropos”.

“Muchas veces tenemos que cambiar nuestras propias conductas para no sufrir ese tipo de conductas. A veces nos tenemos que cambiar de vereda”, concluyó.

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