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El Colegio de Magistrados bonaerenses repudió el ataque al fiscal de la plata Fernando Cartasegna

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires expresó su solidaridad con el fiscal Fernando Cartasegna y su familia, quien fue atacado a golpes en la calle y amenazado en su domicilio de La Plata.
“No puede minimizarse el creciente número de agresiones que sufren funcionarios y magistrados, originados en el cumplimiento de las responsabilidades que les fueran confiadas por los ciudadanos”, manifestaron los magistrados, en un comunicado emitido hoy.

Además, advirtieron que “quienes pretenden obtener impunidad por la vía de la violencia deben recibir una respuesta contundente por parte de los tres Poderes del Estado”.

El fiscal Fernando Cartasegna sufrió amenazas de muerte en su domicilio, donde le dejaron panfletos que decían “Conozca al próximo Nisman”, y luego fue golpeado en la calle, cuando llegaba a su lugar de trabajo, en la Fiscalía número 4 de la capital de la provincia.

Cartasegna sospecha que los ataques tienen que ver con una causa que investiga vinculada con los llamados “caranchos”, abogados que se dedican a intervenir en accidentes de tránsito para cobrar los seguros, y que a su vez tiene vinculación con policías acusados de repartir coimas.

“Para construir una sociedad más pacífica es imprescindible que, junto con la persecución de los violentos, se ejerza la responsabilidad al momento de evaluar públicamente las decisiones funcionales y jurisdiccionales”, dijeron los jueces bonaerenses.

En ese sentido, opinaron que “la liviandad con la que muchas veces se echa sombra sobre esas actuaciones, sin cabal conocimiento de los fundamentos que las motivan, contribuyen a crear un clima de descrédito institucional y de desasosiego social”.

En ese sentido, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense exhortó a los representantes de los poderes del Estado “a coordinar esfuerzos para revertir el deterioro de la percepción pública del desempeño de las instituciones que integran el sistema de administración de justicia y para jerarquizar a sus operadores, que han sido seleccionados y son controlados por los ciudadanos a través de sus representantes”.

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