Ante la admisión por parte de representantes del Ministerio de Educación del GCBA y de la Procuración General de la imposibilidad de brindar solución al reclamo de una vacante próxima al domicilio de los amparistas (y frente a la solicitud de la Asesora Tutelar interviniente, de que se garantice el derecho a la educación del niño obligando a la demanda a solventar una escuela privada) el magistrado ordenó a la administración comunal que otorgue el financiamiento para que concurra a la gestión privada.
Puntualmente, dispuso que se “otorgue a la actora, mediante depósito judicial, la suma de 42.600 pesos para que el menor “acceda a una vacante en el establecimiento de gestión privada ‘Había una vez…' y asimismo, sufrague todos aquellos gastos ordinarios y corrientes que la institución demande a esos fines y sean debidamente acreditados en el expediente”.
En la sentencia, firmada el 1 de marzo, se cita el texto del artículo 24 de la Constitución local, el cual dispone que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.
“Esta norma constitucional, en el contexto de la causa, resulta dirimente para definir la situación de la cautelar solicitada”, afirmó Trionfetti.
En los fundamentos de su resolución el titular del juzgado N° 15 afirmó que “el peligro en la demora en atender la situación y la necesidad de garantizar cautelarmente el derecho a la educación del niño son manifiestos”, ya que “el día 6 de marzo comienza la actividad educativa y hay un reconocimiento expreso del GCBA de que no puede dar una solución a los derechos del niño”.
“Entiendo que la afectación de fondos públicos resulta exclusiva para el caso y se pondera que, frente a los derechos amenazados y el interés superior del niño el interés público no se encuentra comprometido, no sólo por el monto del embargo que se dispone, sino también porque no puede haber interés público mayor que el de garantizar los derechos humanos, aun el marco de un proceso cautelar, en donde esos derechos lucen verosímiles”, concluyó Trionfetti.
