En declaraciones radiales, Recalde advirtió que el uso de un decreto de necesidad y urgencia “es un método que no es el indicado ni por la Constitución ni por la ley”.
“Eso con respecto al origen espurio de la norma. El contenido es regresivo y fue declarado por la Corte como inconstitucional en otras ocasiones”, enfatizó.
A su criterio, “si alguien está promoviendo la industria del juicio es quien firma este decreto de necesidad y urgencia”.
Para Recalde, la decisión que tomó el Poder Ejecutivo “obstaculiza el acceso a la Justicia y altera todo el sistema de competencia, porque lo que hace es soslayar la Justicia Nacional de Trabajo”.
También explicó que la norma publicada este lunes en el Boletín Oficial “da facultades a las comisiones médicas como si fueran tribunales. La experiencia indica que los trabajadores sometidos a estas comisiones pasan un vía crucis”.
“Ir a la Justicia es un derecho. Si los trabajadores tuvieran la intención de ir a juicio, tendríamos un piso de 4.300.000 juicios, porque cada trabajador no registrado, en negro, tiene derecho (a reclamar). Y sin hablar de accidentes de trabajo o un derecho a un salario mejor”, enfatizó.
