En declaraciones a un matutino porteño, el funcionario provincial señaló que la iniciativa buscará “complementar la ley nacional que aprobó el Congreso en noviembre pasado, regulando cuestiones que sirven para volver operativa la figura del arrepentido” en territorio provincial.
La norma que analiza enviar el Ejecutivo provincial a la Legislatura apunta a reducir penas a quienes brinden información que permita avanzar en la investigación de ilícitos complejos en territorio bonaerense.
La propuesta apunta a reformar el Código de Procedimiento Penal bonaerense e ingresaría a la Legislatura provincial en marzo próximo.