Ercolini dispuso, además, los procesamientos por asociación ilícita de Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; del exsecretario de Obras Públicas José López; del exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; de Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner; y de los exfuncionarios Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
Para el juez, Cristina Kirchner es “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.
“La exmandataria habría realizado diversos aportes funcionales necesarios para la materialización de la maniobra que se le achaca”, enfatizó Ercolini.
Por esa razón, el magistrado ordenó un embargo sobre los bienes de la exmandataria “hasta cubrir la suma de 10.000 millones de pesos”.
Sobre De Vido, López, Periotti y Carlos Kirchner también dispuso un embargo por la misma cifra, en tanto que para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibáñez ordenó otro por 2.500 millones de pesos.
Ercolini, en tanto, dictó la falta de mérito sobre el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, Ernesto Morilla, Graciela Oporto y Raúl Rodríguez.
“En definitiva, se permite demostrar que durante los años 2003 a 2015, a través de todos los mecanismos legales establecidos en la Constitución Nacional y por las autorizaciones expresas de las propias normativas sancionadas para ello, los funcionarios mencionados intervinieron en el constante y regular aumento del presupuesto asignado a la DNV (Dirección Nacional de Vialidad), con el fin de beneficiar a las empresas del grupo de Báez por las obras contratadas en la provincia de Santa Cruz”, señaló el juez.
En un extenso fallo de 794 páginas, Ercolini consideró que Cristina Kirchner, De Vido, López, Periotti, Carlos Kirchner y Báez llevaron adelante un “plan sistemático y permanente, dado que la maniobra desarrollada se extendió a lo largo de 12 años”.
Los procesados, según el juez, “tuvieron por fin beneficiar a Báez con la asignación direccionada de la obra pública vial para concentrar en él los recursos económicos del Estado”.
“Para ello, necesitaron valerse de personas que también cumplieran con los planes de esta sociedad y diseñaron una estructura funcional en materia de obra pública vial para licuar las responsabilidades de todos”, subrayó Ercolini.
A la vez, destacó la “estrecha relación” entra la expresidenta y Báez, detenido desde abril pasado por lavado de dinero.
El magistrado indicó que, según la investigación, se concluyó que en los “procesos licitatorios, las contratistas que participaban incrementaban el presupuesto oficial”, permitiendo “guiar la contratación hacia las empresas de Báez”.
“Otra de las anomalías advertidas fue la celeridad con la que se dio el otorgamiento de las obras”, advirtió el magistrado y puso como ejemplo una obra en la ruta 9 de Santa Cruz, que se aprobó en un mes.
El 31 de octubre último, la expresidenta se presentó en los Tribunales de Comodoro Py y pidió la nulidad de la causa, al denunciar que se trataba de una “maniobra formidable de persecución política”, y remarcó que la ejecución presupuestaria de la Nación estaba en manos de los jefes de Gabinete.
“No soy amiga ni socia comercial de Báez”, señaló la expresidenta al declarar por primera vez sobre sus vínculos con el dueño de Austral Construcciones, luego de ser acusada de montar una “matriz de corrupción” durante su Gobierno y favorecer al empresario con miles de millones de pesos a través de la licitación de obra pública, quien logró una concentración del 80 por ciento en Santa Cruz.
En su descargo, Cristina Kirchner negó tener vínculos comerciales con Báez, en respuesta a la acusación fiscal que le atribuye fideicomisos en común y la compra venta de terrenos en Río Gallegos, e insistió en la nulidad de la acusación en su contra al sostener que no se realizó una auditoría completa sobre la licitación en la obra pública durante toda la gestión kirchnerista.
