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Resumen de noticias Nacionales

Principales noticias nacionales publicadas en los matutinos del viernes 12 de agosto de 2016.
ARANGUREN ENTRENA PARA LA SESIÓN CON DIPUTADOS
La pelea por las tarifas Revisa argumentos y define estrategias con el titular de la Cámara, Emilio Monzó, y el radical Mario Negro.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se prepara para ir a la cámara de Diputados el próximo martes. Para eso, ya estuvo reunido con algunas espadas parlamentarias de Cambiemos, como Emilio Monzó y Mario Negri. Con ellos estuvo revisando los argumentos que puedan plantearle los legisladores opositores.
El funcionario se presentará ante un plenario de cinco comisiones. Una de ellas es Energía, cuyo titular es el ex ministro de Planificación Julio De Vido . El responsable de la política energética desde 2003 a 2015 no avanzó en ningún proyecto sobre tarifas desde que es diputado. Hasta varios de sus colegas del Frente para la Victoria lo consideran uno de los responsables del descalabro tarifario en luz y gas. " Es ideal para confrontar . Está salpicado por acusaciones de corrupción, no puede defender su gestión", piensan algunos legisladores que dialogaron con Aranguren.
Durante el día de hoy, Aranguren recibirá el apoyo del grupo de ex secretarios de Energía . Esos expertos salieron a respaldar los principales aspectos de la gestión del ministro en un documento, y hoy habrá una conferencia en la que ampliarán esa posición.
En el punteo que hicieron los legisladores con Aranguren, entusiasma la presencia de Luciano Laspina , el economista rosarino que es titular de la comisión de Presupuesto, que participará del plenario. El diputado del PRO lideró el trámite de la ley para saldar las deudas con los "holdouts" y es considerado como "sólido" tanto por sus colegas de bancada como por el Poder Ejecutivo. La exposición de Aranguren se denominará "Política tarifaria nacional y su impacto presupuestario" , por lo que Laspina tendrá intervención asegurada.
La massista Liliana Schwindt encabeza la comisión de Defensa del Consumidor. La dirigente de Olavarria tiene trayectoria en amparos frente a los aumentos de gas, que presentó tanto en 2014 (con un aumento aplicado por el kirchnerismo, que nunca se explicó) como en los últimos meses. Aranguren mantuvo conversaciones con Schwindt sobre los incrementos tarifarios. Aunque el ministro no lo dirá, supuso que la diputada había entendido las razones para subir las tarifas y mejorar el servicio. Pero la diputada persiste en su oposición.
En el Congreso todavía tienen presente el paso de Aranguren por el Senado. Fue hace menos de dos meses. Las críticas de los representantes de las provincias fueron más sobre el rol anterior del ministro -como CEO de Shell en el país- que sobre los incrementos en las facturas de los servicios aplicados por esta administración. Juan Manuel Abal Medina le pidió una ampliación de la tarifa social, que después se hizo efectiva con ciertas modificaciones. La respuestas de Aranguren en ese encuentro dejaron a la bancada oficialista más que satisfecha. "Salió muy bien", comentaban entre ellos.
Pablo Tonelli (PRO) preside Asuntos Constitucionales y el pampeano Sergio Ziliotto (del Bloque Justicialista) encabeza Obras Públicas, las otras dos comisiones que estarán con Aranguren. Esta última vino elaborando proyectos sobre extender el alcance de la tarifa social.

TARIFAS: AL FINAL, EL GOBIERNO FRENÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA
Era una iniciativa para enviar un guiño a la Corte. Pero fue abortada porque en la Rosada piensan que el Tribunal se pronunciará pronto. Ahora, van por el apoyo de los gobernadores.
A la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno redobla sus esfuerzos para rodear de apoyo político su decisión de aumentar las tarifas. Y ayer, tal como adelantó Clarín en su edición impresa, consiguió el respaldo público de diez gobernadores, de distintos partidos, y confía que en las próximas horas se sumarán las voces de otros mandatarios. Pero, al mismo tiempo, decidió congelar el adelantamiento de la audiencia pública, una idea trazada para enviar una señal política al alto Tribunal. ¿La razón? En la Casa Rosada prevén que el fallo es inminente, por lo que entienden que no llegarán a tiempo con los plazos para hacerla de manera “oficial”; y, además, consideran que ese gesto ya se dio al conceder que el ministro de Energía Juan José Aranguren exponga ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Casi con la misma intensidad que trabajó para sellar el proyecto de ley para acordar con los buitres, el ministro del Interior Rogelio Frigerio buscó apoyo en los gobernadores para adosar de volumen político al tarifazo, a sabiendas de que por estas horas la Corte se observa todos los movimientos del Gobierno. En ese sentido, pasado el mediodía de ayer, en Balcarce 50 resaltaban las declaraciones de los mandatarios. “Es muy importante el respaldo para que quede bien claro que la preocupación por la escasez de energía y su costo no es sólo del Presidente, sino de un grupo mayoritario de dirigentes con responsabilidad política”, razonó ante este diario un importante miembro del Gabinete, mientras repasaba los dichos de los gobernadores que, con algunos matices, respaldaron al Gobierno. ¿Qué dijeron?
“Hay que decirle la verdad a la gente: las tarifas han estado muy retrasadas todo este tiempo y no podíamos seguir de esta manera”, opinó el mendocino Alfredo Cornejo, de la UCR. El peronista entrerriano Gustavo Bordet admitió ser “consciente de que había que actualizar las tarifas” y que “era una situación que debía sincerarse”. La fueguina Rosana Bertone, también del PJ, se expresó en similar sentido y apuntó: “Quizá podemos discutir el mecanismo, pero no el sinceramiento de las tarifas”. Y el chaqueño Domingo Peppo dijo coincidir con el Gobierno en que “había que actualizarlas”.
Por su parte, el neuquino Omar Gutiérrez, del MPN, señaló que la medida del Presidente obedece a que “al país le falta energía”. “Esta situación se debe normalizar”, consideró.
Mientras, el peronista cordobés Juan Schiaretti recordó que “siempre” dijo “que la tarifa del gas estaba ridículamente atrasada”.
Aunque hubo apoyos esperados, como el de la bonaerense María Eugenia Vidal, el radical jujeño Gerardo Morales o el peronista salteño Juan Manuel Urtubey, a la lista se sumó uno imprevisto, el del santafesino Miguel Lifschitz, quien mantiene un duro enfrentamiento con Macri. En un claro mensaje a la Corte, el socialista estimó que “mantener el clima de incertidumbre es muy negativo” y advirtió que “no es conveniente retrotraer el cuadro tarifario establecido por el Gobierno porque sería muy complejo para las distribuidoras provinciales”.
Con todo, en el Gobierno Nacional admitían ayer que quedó desestimada la intención de adelantar la audiencia pública. “Ya no llegamos con los plazos para hacer la ‘oficial' antes de que falle la Corte. Y la informal no tiene sentido. Además, para eso va a ir Aranguren a Diputados”, argumentaban.
Por lo pronto, el ministro brindará hoy una conferencia de prensa junto a ex secretarios de Energía, aunque en el Gobierno descartaron que implicara la posibilidad de revisar el esquema tarifario. “La idea es mostrar que escuchamos a todos”, explicaron desde el oficialismo. Clarín/

ESTARÁN CARA A CARA EL MARTES EN EL CONGRESO
ARANGUREN FRENTE A DE VIDO: EL CRUCE QUE YA PALPITAN EN EL OFICIALISMO

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se prepara para ir a la cámara de Diputados el próximo martes. Para eso, ya estuvo reunido con algunas espadas parlamentarias de Cambiemos, como Emilio Monzó y el resto de la mesa chica del Gobierno. Con ellos, estuvo revisando los argumentos que puedan plantearle los legisladores opositores.
El funcionario se presentará ante un plenario de 4 comisiones: Energía, Presupuesto, Defensa del Consumidor y Obras Públicas.
En el caso de la de Energía, su titular es el ex ministro de Planificación Julio De Vido. El responsable de la política energética desde 2003 a 2015 no avanzó en ningún proyecto sobre tarifas desde que es diputado. Hasta varios de sus colegas del Frente para la Victoria lo consideran uno de los responsables del descalabro tarifario en luz y gas. “Es ideal para confrontar. Está salpicado por acusaciones de corrupción, no puede defender su gestión”, piensan algunos legisladores que dialogaron con Aranguren. En el Gobierno aspiran a exponer los contrapuntos con De Vido en un debate que será caliente.
Hoy, el ministro recibirá el apoyo del grupo de ex secretarios de Energía.
Esos expertos lo respaldaron con un documento de gestión.
En el punteo que hicieron los legisladores con Aranguren, entusiasma la presencia de Luciano Laspina, el economista rosarino que es titular de la comisión de Presupuesto.
La exposición de Aranguren se denominará “Política tarifaria nacional y su impacto presupuestario”, por lo que Laspina tendrá intervención asegurada.
La massista Liliana Schwindt encabeza la comisión de Defensa del Consumidor. Tiene trayectoria en amparos frente a los aumentos de gas, que presentó tanto en 2014 (con un aumento aplicado por el kirchnerismo, que nunca se explicó) como en los últimos meses.
Aranguren dialogó con Schwindt.
Aunque el ministro no lo dirá, supuso que la diputada había entendido las razones para subir las tarifas y mejorar el servicio. Pero la diputada persiste en su oposición.
En el Congreso aún tienen presente el paso de Aranguren por el Senado. Fue hace menos de dos meses. Las críticas de los representantes de las provincias fueron más sobre el rol anterior del mi- nistro -como CEO de Shell en el país- que sobre los incrementos en las facturas de los servicios. La respuestas de Aranguren en ese encuentro dejaron a la bancada oficialista más que satisfecha. “Salió muy bien”, comentaban.
El pampeano Sergio Ziliotto (PJ) encabeza Obras Públicas, la otra comisión que estará con Aranguren.
Provincias en alerta por el valor del petróleo
En las provincias patagónicas observan con preocupación el proyecto del Gobierno Nacional de bajar el valor de referencia del barril de petróleo que se produce en el país. que hasta hoy se ha mantenido notablemente por encima de lo que marca el mercado internacional. Las provincias petroleras, que a través de las regalías se benefician con estos incentivos, podrían perder cientos de millones de dólares anuales si se concreta la reducción.
En Neuquén, por ejemplo, calculan que cada dólar que baje el petróleo local les resta US$ 80 millones por año. En Río Negro aún sacan cuentas. Clarín/

EL OFICIALISMO CARGARÁ CONTRA DE VIDO PARA DEFENDER A ARANGUREN
El ex funcionario confirmó que irá al plenario de comisiones en el que el ministro debe dar explicaciones por las tarifas
El diputado, un encumbrado referente del oficialismo, exhibió su más amplia sonrisa. "¡Sería espectacular! -enfatizó-. (Julio) De Vido sentado al lado de (Juan José) Aranguren... ¡qué show se va a armar! No hay dudas, Dios nos protege a nosotros."
La mejor noticia que pudo recibir ayer la cúpula del bloque oficialista de la Cámara baja es que el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, el actual diputado Julio De Vido, haya confirmado su asistencia, el martes próximo, al plenario de comisiones al que asistirá el ministro de Energía, Juan José Aranguren. De Vido es presidente de la Comisión de Energía, una de las comisiones convocantes. El oficialismo aprovechará para cargar contra él y achacarle no sólo la crisis energética que padece el país -que obligó al Gobierno a un drástico incremento de tarifas-, sino también las numerosas denuncias por corrupción que afronta en la Justicia.
Con esta estrategia de confrontar en vivo y en directo con De Vido, el oficialismo buscará diluir la embestida que los bloques opositores preparan contra el ministro Aranguren, artífice del polémico tarifazo en los servicios de luz y gas, duramente cuestionado por la oposición y la Justicia.
"Va a ser un show", se lamentaba ayer un diputado del peronismo no kirchnerista, abocado por estas horas a elaborar el cuestionario que su bloque llevará el martes al plenario de comisiones. "Va a quedar tapado por el circo mediático que se va a armar", se resignaba.
El ministro Aranguren fue citado a las comisiones de Presupuesto, Obras Públicas, Energía y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados para que justifique las últimas subas tarifarias. La medida se acordó anteayer tras una agitada sesión del cuerpo, en la que la oposición reunió quórum para discutir la suspensión de los incrementos y la interpelación del ministro en el recinto.
Ninguna de las iniciativas prosperó (la oposición no reunía los dos tercios de los votos), pero, para evitar mayores costos políticos, el oficialismo accedió a llevar a Aranguren a las comisiones.
"Aranguren siempre estuvo dispuesto a venir al Congreso. Él se muestra sólido en sus argumentaciones y es consciente de que, frente a los legisladores, debe dar certezas en este clima de incertidumbre que generaron las marchas y contramarchas en materia tarifaria. Incertidumbre que no sólo viven los usuarios, sino también las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras del servicio de gas y de luz", confió un importante diputado oficialista.
Desde la oposición celebraron la decisión de convocar a Aranguren al Congreso. El jefe del bloque de diputados del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró una "reacción inteligente" del oficialismo aceptar la presencia de Aranguren, aunque insistió en la necesidad de que el Gobierno convoque "ya" a audiencias públicas para debatir el aumento de las tarifas.
Massa reconoció que "el Gobierno heredó en materia energética una situación desastrosa", al tiempo que advirtió la necesidad de acordar "un precio razonable, que el usuario pueda pagar".
Por su parte, el diputado del bloque justicialista Diego Bossio afirmó que "hay que encontrarle una salida política", con "un criterio federal, porque hay provincias que ya venían actualizando las tarifas", además de aplicar una lógica "gradualista" a los incrementos.
Tanto Massa como Bossio sostienen que el Gobierno debería apurar una "salida política" al problema de las tarifas y no delegar una solución definitiva en la Corte Suprema, donde recayó el asunto. Para alivio del Gobierno, ambos dirigentes coinciden en que el Congreso no debe sancionar una ley que anule los incrementos -como propone el kirchnerismo- porque no tiene facultades para hacerlo, ya que es el Poder Ejecutivo el que debe fijar las tarifas de los servicios.
"Pero (Mauricio) Macri no va a adoptar ninguna salida política. Esperará a la Corte", se resignaba ayer un importante diputado de Cambiemos tras haber compartido una reunión, ayer a última hora, con el Presidente. Es que en el bloque oficialista son varios los legisladores que reprochan por lo bajo el manejo que hizo el Gobierno en materia de tarifas. "Pero no nos escuchan", se lamentan. Sergio Massa
Diputado - Jefe del Bloque UNA
"Ofrecer plenarios de comisiones para interpelar al ministro Aranguren fue un cambio de opinión inteligente del oficialismo" Nicolás Massot
Diputado - Jefe del bloque PRO
"Logramos contentar a gran parte de la oposición y de nuestro interbloque. Veníamos insistiendo en la necesidad de que Aranguren viniera" Juan Casañas Diputado-Bloque Bicentenario
"Aranguren tiene que dar explicaciones. No hice ninguna operación, hago política [sobre su aporte al quórum]. La Nación/

EL GOBIERNO LOGRÓ APOYO DE GOBERNADORES Y TÉCNICOS POR LA SUBA DE TARIFAS
Una decena de mandatarios provinciales se pronunciaron a favor de un sinceramiento de los valores; Aranguren se reunió con ex secretarios de Energía
Frigerio, ayer, en una audiencia en el Senado; fue el principal operador para lograr apoyo de los gobernadores. Foto: LA NACION / Ministerio del Interior
Luego de días de crisis por los aumentos en las tarifas de gas y de luz, el presidente Mauricio Macri asumió que está ante un gran conflicto político. Por eso hizo un giro en su estrategia: ordenó construir una red de apoyos y consensos con los gobernadores, con los partidos de la oposición y con un grupo de siete ex secretarios de Energía, con quienes había firmado durante la campaña electoral un compromiso para una política de Estado.
Procuró así enviar señales fuertes a la Corte Suprema, que el jueves próximo resolvería sobre diversos fallos judiciales que frenaron los aumentos. El Presidente aspira a que el máximo tribunal reconozca la competencia del Poder Ejecutivo para disponer el cuadro tarifario, según confiaron a LA NACION altas fuentes del gabinete.
"Necesitamos que nos dejen facturar con los topes del 400%, que hasta ahora no lo pudimos hacer por los fallos judiciales en contra", señaló un ministro.
Los mensajes a la Corte se dirigieron ayer en varios sentidos. Tal como anticipó ayer LA NACION, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con el aval de Macri, recibió al grupo de ex secretarios del área y tras una reunión "franca y entre pares", de una hora y 45 minutos, en la que se habló de tarifas, acordaron que hoy, a las 12, anunciarán el propósito de diseñar una
¿Hay que pagar las tarifas de gas y luz?
política de Estado energética, y podrían convocar a otros sectores.
El Gobierno podría tomar algunas ideas de los expertos. La pregunta es hasta dónde cedería. "No hay espacio para cambios o modificaciones de fondo. Ya retrocedimos dos veces. Lo que queremos es que avalen lo que estamos haciendo", señaló un funcionario, en medio de un fuerte hermetismo sobre esa reunión de expertos.
Podría incluirse en el anuncio la convocatoria a audiencias públicas "participativas" para fines de agosto: así podrán opinar usuarios, asociaciones de consumidores y partidos políticos. La falta de audiencias fue el principal argumento del freno judicial a las subas de tarifas en gas y luz. Con esa convocatoria, la Corte Suprema podría interpretar que se cumple ese requisito.
Por otra parte, Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, convencieron a diez gobernadores de que "salgan a respaldar las subas tarifarias". Además, el bloque oficialista de Cambiemos acordó anteayer con la oposición, en una sesión especial en la Cámara baja, que Aranguren irá a exponer ante un plenario de comisiones.
"Eso también va a servir para llevar más claridad y facilitar un fallo favorable en la Corte", dijo a la nacion otro de los ministros.
LA NACION pm: Convocarán audiencias publicas por el aumento en la luz y el gas
Los gobernadores que admitieron la necesidad de la suba fueron de diversos partidos políticos: Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), Gerardo Morales (UCR-Jujuy) y María Eugenia Vidal (Pro-Buenos Aires), del oficialismo; Gustavo Bordet (FPV-Entre Ríos), Domingo Peppo (FPV-Chaco), Rosana Bertone (FPV-Tierra del Fuego), Juan Schiaretti (PJ-Córdoba), Juan Urtubey (FPV-Salta), del peronismo, y Omar Gutiérrez (MPN-Neuquén) y Miguel Lifschitz (PS-Santa Fe), de partidos provinciales.
"Somos conscientes de que había que actualizar las tarifas; discutimos el mecanismo y el impacto desmedido del sinceramiento", opinó Urtubey. Bordet lo respaldó: "Podemos discutir el mecanismo, pero no el sinceramiento".
Gutiérrez agregó que "todos debemos colaborar para normalizar esta situación de falta de energía". Bertone también consignó que "había que actualizar las tarifas y se puede discutir el mecanismo". Schiaretti enfatizó que "las tarifas del gas estaban ridículamente atrasadas, pero es necesario un tope de aumentos".
En medio de un fuerte tabique informativo, Aranguren recibió a los ex secretarios de Energía Daniel Montamat, Jorge Lapeña, Raúl Olocco, Alieto Guadagni, Emilio Apud y Enrique Devoto. Sólo faltó Julio César Aráoz, con un cuadro gripal. Habían difundido un documento el lunes último en el que reclamaban, en forma diplomática, mecanismos de consenso, como las audiencias públicas participativas, para acordar incrementos en tarifas de gas y de luz y los precios mayoristas de la energía.
Habían señalado, además, que se trata de un "problema político", que debe tener una "solución política", con acuerdos entre los bloques en el Parlamento. "No se va a informar nada. Mañana, a las 12 (por hoy), habrá un anuncio", señalaron a la nacion voceros oficiales.
Sin embargo, pudo saberse que los ex secretarios se retiraron "satisfechos". "Fue un intercambio franco, donde se habló con equilibrio, y se acordó trabajar en una política de Estado para la energía, con el resto de los partidos, tal como lo marcó la carta de compromiso con todos los candidatos -incluido Macri- en la campaña", dijo un allegado a un participante del encuentro.
Los ex secretarios habían planteado en su documento del lunes último que se deben revisar los precios mayoristas del gas, del petróleo y de la luz y las tarifas al público. Muchos de esos valores están desfasados con el mercado internacional. Macri busca evitar que la Corte frene las subas, lo que implicaría elevar el déficit fiscal en 80.000 millones de pesos, inflación y un freno en varias inversiones productivas. SANTA FE.- La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) anunció que "la facturación correspondiente al mes de julio "no sufrirá variación respecto de la anterior, debido a que la compañía mayorista (Cammesa) no modificó las tarifas".
El gobernador, el socialista Miguel Lifschitz, explicó que el fallo federal no modifica las tarifas de la EPE y que "por ahora no vamos a producir ninguna modificación hasta que no recibamos una instrucción clara de quienes nos proveen la energía de qué va a pasar con sus tarifas". La Nación/

LA LEY DEL ARREPENTIDO DUERME EN UN CAJÓN
Pese a las promesas electorales y a las campañas ciudadanas, la iniciativa que propone reducir penas a cambio de ayuda para esclarecer casos de corrupción no logra alcanzar estatus firme y corre el riesgo de quedar en la nada
El proyecto de ley del arrepentido que contempla reducciones de penas para aquellos imputados que ayuden a esclarecer casos de corrupción duerme la siesta en el Senado de la Nación. Luego de que más de 110.000 personas firmaron para pedir su promulgación a través de distintas iniciativas ciudadanas; luego de que políticos de distintos espacios, como Sergio Massa y Margarita Stolbizer, se pronunciaron públicamente en favor de la ley; luego de que el propio Mauricio Macri la incluyó en sus promesas de campaña y en el discurso de inauguración anual de las sesiones del Congreso; luego del grotesco escándalo de las valijas de López, y, sin duda, como consecuencia de una profunda indignación extendida en casi toda la población, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto con una celeridad propia de los países escandinavos. Sin embargo, la ley del arrepentido descansa encarpetada, desde hace exactamente un mes, en algún cajón del Senado que nadie parece estar dispuesto a abrir. Son demasiados los personajes con poder -político y económico, tantas veces asociados- que alientan la esperanza de que el tema se vaya diluyendo en la agenda política y mediática argentina. Algo nada difícil, por cierto, en un país que nos tiene ya acostumbrados a que cada nuevo escándalo empuje con injusta celeridad al olvido a los que nos sorprendieron e indignaron días o semanas atrás. Hablar de meses en la Argentina es referirse al largo plazo.
Para complicar aún más la situación, se anticipa en los medios que cuando finalmente llegue -si llega- el momento de tratar la ley del arrepentido el Senado no la aprobaría tal como la sancionó la Cámara de Diputados, sino que le haría varios cambios. Esto obligaría a que el proyecto tuviera que volver a Diputados, obligando a un nuevo tratamiento en esa Cámara, que, a su turno, deberá decidir si acepta las modificaciones del Senado o si insiste en su media sanción original. Si todo este trámite no se concreta antes de que finalice el año, el proyecto quedará sin sancionar y el procedimiento debería volver a comenzar en 2017 como si nada hubiera sucedido. De ser así, no sería posible por un largo tiempo utilizar la figura del arrepentido en los casos que la sociedad quiere ver resueltos lo antes posible y la norma quedaría postergada de manera indefinida.
¿A quiénes les conviene que no se sancione esta ley? ¿Cómo es posible que habiendo sido aprobada por la Cámara de Diputados con 194 votos a favor (incluyendo los bloques de Pro, del Frente Renovador, del Frente para la Victoria y del PJ) y apenas cinco en contra, ahora en el Senado el trámite se dilate y amenace eternizarse? ¿Qué presiones están recibiendo los senadores para mirar hacia otro lado? ¿Por qué ni la mayoría justicialista ni el oficialismo presionan para apurar su tratamiento?
En las redes sociales se perciben el escepticismo y la incertidumbre del común de la gente: "No es que los senadores estén siendo presionados para no sancionar la ley, lo que pasa es que si la ley se sancionara todos tendrían que salir corriendo a acogerse a la figura del arrepentido", dicen algunos, reflejando el descrédito general hacia los políticos. "Si se sanciona esa ley, nadie se salva de ir preso", dice otro. "Los senadores son cómplices: en su mayoría son del PJ, representan a las provincias y ahí la corrupción fue aún mayor que en la Nación." Son expresiones vertidas, por ejemplo, en las redes sociales de una sociedad que no entiende de tiempos políticos o que, en realidad, se ha cansado de tratar de entenderlos.
La ley no preocupa sólo a senadores, funcionarios, ex funcionarios y políticos. Recordemos que en países como Italia o Brasil, entre muchos otros, la figura del arrepentido contribuyó con fuerza a romper con los pactos de silencio. Dirigentes políticos y empresarios que ocupaban desde antigua data destacadas posiciones, que por largas décadas parecían intocables, fueron juzgados y condenados. En Brasil, esa leyresultó fundamental en casos de corrupción que involucraron a empresarios hasta entonces intocables: en marzo, el magnate Marcelo Odebrecht, CEO de la empresa constructora más grande de América del Sur, fue sentenciado a 19 años de prisión por el escándalo de Petrobras. La posibilidad de una ruptura del sistema corrupto alerta -y con razón- a cada uno de los involucrados, directa o indirectamente, tanto en los diferentes estratos de poder político, empresarial y sindical como en instituciones fuertemente sospechadas, como la AFA.
La combinación de la financiación de la política con grandes intereses económicos sólo puede enfrentarse con una total transparencia en la gestión pública y desarticulando las complicidades mafiosas que ocultan a los principales responsables de las maniobras. Por eso es preciso que exista la herramienta legal del arrepentido, para estimular a los que puedan aportar pruebas serias y contundentes, aptas para identificar a los mayores artífices de crímenes tan repudiables y para desnudar quiénes son los que -tanto desde el Estado como desde el sector privado- organizan y hacen funcionar el sistema en su beneficio.
La tardanza del Senado viene acompañada por una enorme dosis de desencanto y desconfianza de la sociedad civil hacia la política. ¿Por qué la gente que tanto se ha indignado al ver los impúdicos fajos de millones de dólares contados en cuevas, arrojados al interior de un convento o descubiertos en cajas de seguridad no se escandaliza también con la tardanza del Senado y reclama a sus representantes que cumplan con las promesas de la campaña electoral y sancionen una ley que, precisamente, ayudaría a aclarar esos casos y también otros de los que aún no tenemos noticia? Es mucho más fácil quedarse en la pura indignación que tomarse la molestia de hacer algo para combatirla, pero además, en este caso, pedirle a la sociedad que reclame una ley como ésta implicaría pedirle que se movilice por un tema que parece lejano, casi abstracto. Todos hablan mal de la corrupción, pero no todos se dan cuenta de que no hacer nada por evitarla equivale a permitir que nos priven, cada día, de un trocito de vida.
La sociedad necesita recuperar algo de confianza en las instituciones y en la política. Para preservar su credibilidad, el Gobierno debe reforzar la presión para que se sancione la norma, a pesar de los poderosos intereses que buscan impedirlo. Pero no se trata sólo del Gobierno: es hora de que los ciudadanos comunes también comprendamos que podemos ser protagonistas en la lucha contra la corrupción. No basta con indignarnos por las obscenas exhibiciones de millones de dólares o las grotescas evidencias de actos corruptos. Debemos escandalizarnos también ante la demora en sancionar leyes vitales como la del arrepentido y reclamar a nuestros representantes que la sancionen de inmediato. Mencionamos antes que varias peticiones efectuadas a través de la plataforma Change.org reunieron más de 110.000 firmas en reclamo de la sanción urgente de esta norma indispensable. Con la sanción de esta ley, podrían acogerse a la figura del arrepentido personajes como Ricardo Jaime, Lázaro Báez, López y quién sabe cuántos otros. Aún pueden agregarse adhesiones a esas iniciativas (https://www.change.org/todosloscandidatoscontralacorrupcion).
Para la dirigencia política, y en particular para el Senado de la Nación, sancionar la ley del arrepentido representa una gran oportunidad de demostrar que realmente existe la voluntad de terminar con un sistema de corrupción de alcances inimaginables, de devolver credibilidad a la política y de demostrar que los corruptos pueden ser aislados y combatidos. La Nación/

LA SESIÓN EN EL SENADO DEJÓ EXPUESTA LA CONDUCCIÓN DE MICHETTI
Los cruces con Pichetto expusieron las reservas que despierta en sectores de la oposición y el oficialismo
El estilo de conducción del Senado de Gabriela Michetti y el desorden en el manejo del plan de labor de la Secretaría Parlamentaria en la última sesión han puesto a la vicepresidenta en el ojo de la tormenta: es el blanco de un malestar que excede al FPV y que cada vez es más notorio en el seno del propio oficialismo.
La situación quedó al descubierto en la sesión de anteayer, cuando el jefe de la mayoría opositora de la Cámara alta, Miguel Pichetto (FPV-Río Negro), debió salir al cruce de Michetti para recordarle que no es senadora, que no tiene facultad de opinar en el recinto sobre los proyectos y que su función es conducir el debate.
Para rematar una jornada difícil, Michetti protagonizó fuera del recinto otro episodio polémico cuando le recriminó a una senadora que no la hubieran defendido de la intervención de Pichetto.
"Por una cuestión de género tendrían que haber dicho algo", acusó la vicepresidenta ante Marina Riofrío (FPV-San Juan), con otros senadores y personal del Senado como mudos espectadores.
Según pudo saber LA NACION de fuentes de Cambiemos, la crisis fue motivo de una reunión de miembros del interbloque que integran la UCR y Pro con la vicepresidenta después de la sesión. Esos voceros insinuaron que las réplicas pudieron haber llegado hasta la Casa Rosada.
Tampoco salió bien parado el secretario parlamentario del Senado, el radical Juan Tunessi, a quien sus propios correligionarios cuestionan por la falta de control de los temas que llegan al recinto y el desorden sobre los proyectos a debatir que se ha registrado en varias reuniones.
Al menos dos senadores radicales comentaron a LA NACION que la continuidad de Tunessi al frente de la Secretaría Parlamentaria será motivo de debate cuando el bloque vuelva a reunirse, en diez días.
La falta de control del temario quedó al desnudo por el hecho de que la polémica se produjo por un tema menor: el tratamiento de un proyecto de ley para reactivar un ramal ferroviario en Río Negro cuyo debate Federico Pinedo (Pro-Capital) intentó detener por el gasto que implicaría.
Sin embargo, la iniciativa había sido introducida en el plan de labor parlamentaria la tarde del martes sin que nadie de Cambiemos planteara objeción alguna.
En medio de la polémica sobre si procedía tratar el proyecto se escuchó la voz de Michetti avalar la postura del presidente provisional.
"Creo que es absolutamente razonable lo que plantea el senador Pinedo, en el sentido de que realmente el proyecto tiene una implicancia presupuestaria enorme", dijo.
"No puede hablar", le retrucó desde su banca Liliana Fellner (FPV-Jujuy). "Sí puedo hablar, sí puedo hablar", contraatacó la vicepresidenta.
Fue en ese momento que Pichetto volvió al recinto y pidió la palabra. "Ya le hemos dicho a [Amado] Boudou que el presidente no habla; el reglamento es estricto en ese sentido, usted no es senadora, es la vicepresidenta de la Nación y conduce el debate", la reconvino, visiblemente molesto por el empecinamiento de Michetti en intervenir en el debate, algo que la Constitución prohíbe. La Nación/

UNA DECISIÓN PARA QUE NADA CAMBIE EN LA EX SIDE
No se esperaba que justamente Cambiemos eligiera a dos personajes tan cuestionados para manejar el principal órgano de inteligencia
Pese a las graves y fundadas impugnaciones, la enorme mayoría del espectro político aprobó o consintió anteayer en el Senado la ratificación en sus cargos de los oficialistas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani como números uno y dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la oprobiosa y nefasta ex SIDE.
De esta manera, la política ha decidido que nada cambie en el principal organismo de inteligencia de tan negro historial, caracterizado por actividades delictivas, espionaje político y presiones a la Justicia, mientras fracasaba ostentosamente en su labor específica, como lo prueban, entre otros casos, los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, además de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Tan inusitado como revelador fue el hecho de que el oficialismo coincidió con el kirchnerismo, pues este último sector, que suele oponerse a todas las iniciativas del macrismo, no participó del debate y al abstenerse en la votación garantizó los nombramientos. Como informó LA NACION, fuentes peronistas confiaron que existe un acuerdo entre la nueva cúpula de la ex SIDE con sus predecesores en el organismo. En el Senado sólo hubo tres votos en contra: de Fernando Solanas (Proyecto Sur-Capital), Jaime Linares (GEN-Buenos Aires) y Magdalena Odarda (CC-Río Negro).
Como tantas otras veces desde el retorno de la democracia, han accedido a la cúpula del organismo dos personajes poco calificados y vulnerables como Arribas y Majdalani -sin formación en inteligencia y elegidos solamente por gozar de la confianza de Mauricio Macri-, lo cual permite plantearse si lograrán el manejo efectivo de la agencia. Hasta hace pocos años, buena parte del plantel estable obedecía a los designios de Antonio Stiuso, quien luego de prestar servicios al kirchnerismo perdió la confianza de Cristina Kirchner, quien resolvió echarlo y denunciarlo por la posible comisión de varios delitos.
Con las nuevas autoridades de la agencia, quienes revistaron a las órdenes de Stiuso se verían beneficiados. Pura continuidad en un organismo que requería cambios drásticos para encuadrarlo de una vez por todas en la vida democrática.
De nada valieron los serios cuestionamientos aportados por importantes organismos de la sociedad civil. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) resumió las barbaridades en las que incurrieron Arribas y Majdalani la semana pasada al responder ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Por ejemplo, defendieron que se mantenga bajo estricto secreto todo tipo de gastos, incluidos los que nada tienen que ver con operaciones de inteligencia, con lo cual podrán continuar sin inconvenientes la manipulación y el desvío de los cuantiosos fondos reservados que recibe la agencia. Sus nuevos jefes también manifestaron como un logro la detención de personas, facultad que no le está permitida al organismo, y se negaron a ofrecer documentación que esclareciera sus vinculaciones en causas penales.
En otras palabras, ambos se colocaron por encima de las instituciones, en lo que tal vez sea un adelanto de la forma en que conducirán a los espías.
El nuevo titular, escribano con participación en sociedades anónimas dedicadas a la compra y venta de jugadores de fútbol, está acusado de evasión tributaria. En cuanto a Majdalani, no aclaró su responsabilidad en el manejo de fondos cuando se desempeñó como interventora en Oscpec. Además, ella tuvo una más que pobre actuación como integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Como sostuvo otro informe de la ADC, en los tres años en los que Majdalani ocupó la vicepresidencia de la comisión, no hizo nada para controlar a la ex SIDE y no respondió los pedidos de informes sobre la real actividad del grupo, ni siquiera los referidos a la cantidad de reuniones de esa comisión durante el año parlamentario. Es conocida la estrecha relación de Majdalani con Francisco Larcher, el cuestionado segundo de la ex SIDE durante el kirchnerismo.
Como toda nación, la Argentina necesita un sólido y confiable aparato de inteligencia, más aún en tiempos en que recrudece el terrorismo fundamentalista y en que el Gobierno aspira a recibir a refugiados provenientes de los países árabes. "El mundo está en guerra", sostuvo el Papa.
Existe una deuda institucional del Estado argentino con sus ciudadanos por no haberse dotado de un sistema de inteligencia efectivo y republicano. Al contrario: la desidia y el aprovechamiento político han degradado y envilecido el sistema de espionaje. La votación que anteayer tuvo lugar en el Senado demuestra que, salvo escasas excepciones, el oficialismo y la oposición coinciden en conservar la ex SIDE de las peores prácticas. La verdad es que no se esperaba esta actitud de Cambiemos.
El Presidente dio una primera muestra de aquella nefasta continuidad al derogar, hace tres meses, el decreto que establecía el protocolo de rendición de gastos reservados de la ex SIDE. Volvía la enorme caja negra que tanto y tan mal ha servido a más de un gobierno para hacer lo que la ley prohíbe.
La obstinación del Presidente en dos nombramientos tan cuestionados y la aquiescencia del estamento político para convalidarlos indica que la ex SIDE no es la raíz del problema, sino sólo el emergente de una concepción reñida con los principios republicanos. La Nación/

LÓPEZ DIJO QUE LA PLATA PROVENÍA DE LA POLÍTICA Y SUGIRIÓ COMPLICIDADES
En su primera declaración no dio precisiones, pero mencionó llamadas de un allegado a Cristina Kirchner; hizo un extraño relato de la noche del convento
López, ayer, en los tribunales de Comodoro Py. Foto: Télam / A. Santa Cruz 0
"Ese dinero no me pertenecía, ese dinero pertenecía a la política." Ésa fue la primera explicación que ensayó ayer José López ante la Justicia sobre los US$ 9 millones encontrados el día de su cinematográfica captura del 14 de junio en un monasterio de General Rodríguez. El ex secretario de Obras Públicas, más recuperado física y psicológicamente, admitió que el dinero estaba en su casa de Tigre, que lo guardaba en bolsos en un falso entrepiso de su habitación y que fue él mismo quien lo trasladó hasta el convento. Le dijo al juez federal Daniel Rafecas que está dispuesto a "colaborar" con el proceso y hasta respondió preguntas, excepto sobre un tema: el origen del dinero.
"Cuando tenga la fortaleza física, psicológica y espiritual necesaria, voy a dar todos los detalles con relación a ese dinero", sostuvo. Sin embargo, no se privó de enviar señales, como cuando mencionó que recibió llamadas de Jorge "Topo" Devoto, un allegado a la ex presidenta Cristina Kirchner.
El ex funcionario, procesado en la causa que investiga su enriquecimiento ilícito, hilvanó durante tres horas un relato cronológico que comenzó con un diálogo en un auto en Montevideo con un diputado del Parlasur y culminó con su detención. En los pasajes más destacados de su declaración, López dijo que aquella noche tuvo "la intención" de suicidarse, pero que su esposa había escondido el arma con la que pretendía quitarse la vida.
López negó ser el dueño de su casa de Tigre y dijo que a los empresarios Andrés Galera y Ernesto Gutiérrez sólo los frecuentó esporádicamente por temas vinculados al rubro de la construcción. Desligó de responsabilidades a su esposa y pidió disculpas reiteradamente a las monjas del convento. Dijo que se sintió observado en las semanas previas a su ataque de paranoia y acusó a los "servicios de inteligencia" por la intervención de su teléfono y de su computadora.
El relato de López ante la Justicia comenzó un mes antes de su detención. Subió a un auto en Montevideo, tras una sesión del Parlasur, junto a su par Alejandro Karlen, un parlamentario argentino. "Karlen me dijo: «A vos, a mí, a Rossi, y a otros Parlamentarios más nos están investigando», eso me dijeron fuentes allegadas al Gobierno, del servicio de inteligencia. Yo tomé nota de lo que me había dicho", comentó el ex funcionario kirchnerista apenas arrancó su declaración. Karlen será llamado a declarar la semana próxima por el juez Rafecas.
López volvió a involucrar a los "servicios de inteligencia" cuando relató varios episodios que habría sufrido con su computadora cuando realizaba una maestría a distancia con la Universidad de Salamanca (España) y con su iPhone, donde dijo que se escribían solas "frases incoherentes" mientras él chateaba. Por eso, el ex funcionario ofreció la clave de cuatro dígitos de su teléfono, que hasta ahora era inaccesible para la Justicia, para que puedan analizar sus mensajes y determinar si el celular había sido intervenido.
Morales Solá en LA NACION pm: "Lázaro Báez y José López han empezado a hablar"
Rafecas ordenó ayer que el teléfono, que está en manos de la Policía Metropolitana, sea llevado bajo custodia hasta Comodoro Py. El iPhone puede convertirse en una prueba clave, ya que también podría contener otra información valiosa, como registros de llamadas, ubicación GPS o fotos. Desde el entorno del ex funcionario remarcaron su actitud colaborativa con la Justicia, aunque se apuraron a aclarar que esto no significa que vaya a "prender el ventilador".
Pero el ex secretario de Obras Públicas no sólo acusó intimidaciones virtuales. Recordó que los días previos vio unos 50 obreros trabajando en la cuadra de su casa, situación que describió como "poco habitual". Y relató una escena que vivió en la calle antes de ingresar a una oficina en la calle Lavalle: "Al llegar al estacionamiento estaba muy angustiado; cuando me bajé llevaba en el maletín la computadora? y recuerdo muy clarito a una pareja, vestidos con ropa más que informal, remera, jean y campera, que venían atrás mío y dijeron: «¿Qué llevará en ese maletín? ¿Droga? ¿Dólares? Nosotros queremos ese maletín»".
Su relato continuó en su casa de Tigre, horas antes de su detención. "Escuchaba voces burlonas desde el televisor", dijo, cuando reconoció su estado paranoico. Su mujer llamó -siempre según sus dichos- a la madre Alba, que le pedía que se tranquilizara y le avisó que López iría al monasterio. Buscó la pistola Glock, pero no la encontró. Bajó las escaleras con la carabina y discutió con su mujer, que se fue de la casa. "Recuerdo en ese instante, que estaba con la carabina en la mano, escuché una voz que decía «te va a pasar lo mismo que al Lauchón». Yo solté la carabina, y le dije «no soy Nisman, no me voy a suicidar»." Tomó el dinero, lo subió a la camioneta y salió "sin rumbo fijo". ¿Dónde escondía el dinero? En un falso entrepiso donde estaba el tanque de agua. Sólo podía accederse con una escalera desmontable desde su propia habitación.
La cronología de López empieza a confundirse con alucinaciones -como manchas de sangre que aparecen en su camino- en el viaje entre su casa y el convento.
López declaró que el dinero de los bolsos provenía de la política
López también detalló la relación que mantenía con la hermana Alba y con el fallecido obispo Rubén Di Monte. "Visité el convento siete u ocho veces en los doce años que estuve en Buenos Aires. Con monseñor Di Monte y madre Alba teníamos comunicación telefónica, pero íbamos con mi señora menos de una vez por año", dijo. Insistió en que las monjas no sabían qué había dentro de los bolsos.
Rafecas había citado a López a ampliar su declaración indagatoria por la titularidad de la casa de Tigre, que el funcionario alquilaba, pero que tanto el magistrado como el fiscal Federico Delgado sospechan que puede ser propiedad de López.
Por último, López dejó una frase que ilustra su mejoría. Apuntó contra Fernanda Herrera, más conocida como la "Doctora Hot", quien fue su abogada hasta hace pocas semanas. "Ninguna persona en su sano juicio elegiría como defensora a la que dicen que yo elegí, porque en realidad en ese momento no estaba en condiciones de valerme por mis propios actos."
Los personajes de su relato
Qué declaró López sobre cada una de las personas que integraron el escándalo
Fernanda Herrera
Abogada
Al señalar que cuando fue detenido estaba "fuera de sí", criticó a la abogada Herrera. "Ninguna persona en su sano juicio elegiría como defensora a la que dicen que yo elegí. No estaba en condiciones de valerme por mí mismo", dijo
"Topo" Devoto
Publicista
Lo mencionó en su relato persecutorio. Aseguró que el día antes de ser detenido recibió un mensaje incoherente de Devoto a través de Whatsapp y agregó: "Es un amigo que siempre me manda mensajes acerca de la campaña"
Inés Aparicio
Religiosa
Aseguró que no la conocía, a pesar de que fue quien lo ayudó a ingresar los bolsos con dinero. Dijo que se dirigió directamente a la habitación de la madre Alba y que al resto de las presentes les pidió que le trajeran scones
Alejandro Karlén

PARIDAD DE GÉNERO EN LA REFORMA ELECTORAL
En la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se debate el proyecto de reforma electoral presentado por el Poder Ejecutivo, que es cuestionado por su falta de perspectiva de género. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) objeta: “La propuesta carece de toda referencia a la participación política de las mujeres, a los mecanismos para ampliar o garantizar su representación.
La participación efectiva de las mujeres en los procesos electorales fue dispuesta por la ley 24.012 al establecer un cupo del 30 por ciento para la integración de las listas a cargos electivos nacionales. A veinticinco años de su sanción la ley todavía es violada por diferentes partidos políticos, alianzas y frentes electorales. En las elecciones nacionales de 2015 el diez por ciento de las listas oficializadas por la justicia electoral, incumplía el cupo femenino”. La verdadera incorporación de un principio de equidad en este proyecto “debería establecer mejores mecanismos para garantizar la efectiva participación de las mujeres”, subraya Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA.
“El proyecto presentado no contempla ninguna mejora que aumente la participación política femenina. Estamos ante una oportunidad para avanzar hacia una medida definitiva como la paridad electoral. Es decir, que las listas sean conformadas un 50 por ciento por mujeres y otro 50 por ciento por hombres de manera alternada y secuencial”, sube la apuesta Marcela Durrieu, concejal (Frente Renovador) y una de las impulsoras del cupo femenino. Mientras que Alicia Ciciliani, diputada de Santa Fe (Partido Socialista) propone aumentar el piso del cupo.
“Vamos a proponer la paridad de género en esta reforma electoral para favorecer el desarrollo de nuestra democracia y la composición del electorado en la Argentina, donde las mujeres representamos el 51 por ciento del electorado.” Página 12/

POSTERGAN EL DEBATE POR LA REFORMA ELECTORAL
El debate sobre el proyecto de reforma electoral se reanudará el próximo jueves en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, con el propósito de buscar un consenso entre el oficialismo y la oposición aunque se estima que el dictamen podría emitirse en un plazo de quince días.
En realidad, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto estaban citadas para el martes a las 14, pero fue postergado porque a esa misma hora fue convocado el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para que exponga sobre el aumento de tarifas.
De este modo, el debate sobre la reforma electoral que propone el Gobierno se reanudará el jueves venidero, a las 15, y allí se empezará a analizar cada artículo del proyecto y se buscará los consensos necesarios dado que que hasta ahora persisten diferencias entre el oficialismo y la oposición.
El principal cuestionamiento es el impedimento de votar por diferentes agrupaciones en cada categoría electoral, y en ese punto no sólo hay opositores objetando esta propuesta sino muchos radicales que fueron electos gobernadores o intendentes gracias al corte de boleta.
En cambio, a la implementación de la boleta única solo se oponen el kirchnerismo y la izquierda, mientras que los massistas y el Bloque Justicialista quieren modificaciones pero respaldan la aplicación de la boleta única. La Prensa/

LA CÁMARA FEDERAL DECIDE SI REABRE LA DENUNCIA DE NISMAN CONTRA CRISTINA
La sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si reabre la causa principal con la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra el gobierno de Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA. Se trata de la misma sala, integrada por los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros, que el año pasado bajo las presiones del kirchnerismo confirmó el archivo de la causa que había decidido el juez Daniel Rafecas sin investigar nada.
Ayer, Rafecas concedió las dos apelaciones que presentaron en tal sentido el fiscal Gerardo Pollicita y la DAIA ante la aparición de nuevos hechos como el audio -revelado en un libro- del ex canciller Héctor Timerman admitiendo que la bomba a la AMIA la pusieron los iraníes. No obstante, estos nuevos hechos están ya siendo investigados por el juez federal Claudio Bonadio en la causa contra Timerman por supuesta traición a la Patria.
Si esa sala -que votó en sintonía con los K- ratifica su decisión de mantener el archivo, Pollicita y la DAIA irán a la Cámara Nacional de Casación. Si en este tercer nivel el fiscal de Casación, Javier de Luca, también mantiene su negativa, Pollicita y el fiscal de cámara German Moles no podría seguir apelando pero la DAIA sola podría llegar hasta la Corte Suprema reclamando ser querellante en la causa.
Mientras tanto, ayer Pollicita opinó que “el agravio que motiva esta presentación se construye sobre la base de considerar que la resolución (de Rafecas) no valoró adecuadamente la nueva prueba aportada a la causa vinculada a una conversación atribuida al ex canciller Héctor Timerman”, indicó Pollicita.“Esta situación constituye un caso típico de selección arbitraria del material probatorio que afecta el principio lógico de razón suficiente que debe imperar en toda resolución y del cual se deriva una afectación al derecho a la tutela judicial efectiva de los pretensos querellantes”.
Pollicita peticionó que “se proceda a la reapertura y prosecución del presente trámite con intervención de este Ministerio Público”, es decir que se vuelva a investigar la denuncia de Nisman contra la ex presidenta, Timerman y otros allegados a su gobierno. Desde aquel archivo del 2015, además del audio entre Timerman y el ex presidente de la AMIA Guillermo Borger, Clarín reveló que el ex canciller no consultó, como correspondía, a su secretaria de Asuntos Legales, la experta en derecho internacional Susana Ruiz Cerutti.
Rafecas había cerrado rápidamente en el 2015 la causa por la denuncia de Nisman argumentando que las dos hipótesis delictivas que esbozó el difunto fiscal no existieron como tales.
“Ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por la Fiscalía en su requerimiento, se sostenían mínimamente, la primera (“Comisión de la verdad”), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las “notificaciones rojas”), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmentía de un modo rotundo y lapidario”, resolvió Rafecas en marzo de 2015.
Nisman denunció a Cristina, a Timerman y a un grupo de otras personas, entre ellas funcionarios y legisladores, acusándolos de encubrir a los iraníes imputados de pergeñar el atentado a la AMIA.
Cuatro días después, en enero de 2015, Nisman fue hallado muerto con un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.
El miércoles la jueza del caso de la muerte de Nisman, Fabiana Palmaghini, pidió que se identifiquen los teléfonos celulares y fijos que usó la ex presidenta los días previos y posteriores a la muerte del fiscal. Lo hizo luego de que este diario difundió que el registro de entradas a la Quinta de Olivos de esas fechan había sido borrados. Clarín/

ECONOMIA
EL EMPLEO SE MANTIENE PERO ES MÁS PRECARIO: EL 57% TIENE PROBLEMAS
En los últimos años el mercado de trabajo, de por sí precario, se precarizó aún más y afectó a un amplio sector de trabajadores, en mayor medida a los jóvenes y a las mujeres y con fuerza a los de menor nivel educativo y a los que viven en el conurbano bonaerense y en villas y asentamientos. Un dato ilustra este proceso: apenas el 43% de la población activa (7,3 millones sobre 17 millones de trabajadores) tiene un empleo pleno. El resto , el 57% de la población en condiciones de trabajar, está afectado por distintos niveles de precariedad laboral o directamente por el desempleo. Es lo que dice el Informe del Barómetro de la Deuda Social que ayer expuso Agustin Salvia. El Estudio dice que “en términos generales, el balance 2010-2015 resulta positivo solo en la disminución del desempleo abierto” porque “solo 4 de cada 10 trabajadores activos mantuvieron un trabajo con características de calidad, 3 de cada 10 se resignaron a un empleo precario y como consecuencia de la baja en la calidad del empleo y del incremento de las políticas implementadas por el Gobierno aumentó el subempleo inestable”.
Este segmento abarca a ocupados en actividades de escasa remuneración y/o alta inestabilidad, así como beneficiarios de políticas de empleo que realizan alguna contraprestación laboral, quienes pasaron de representar el 9,2% en 2010 al 15,6% en 2015.
En lo que va del año, la situación laboral se deterioró aún más porque descendió el empleo privado registrado o en blanco. Según el Ministerio de Trabajo, a mayo de este año había 6.135.254 trabajadores registrados frente a 6.242.198 en diciembre de 2015, una pérdida de 106.944 empleos.
A la hora de analizar las “desigualdades sociales en la calidad del empleo”, la UCA señala:
- Los trabajadores residentes en hogares cuyo jefe pertenece al estrato trabajador marginal y que residen en villas y asentamientos precarios presentan posibilidades bajas de acceder a un empleo pleno de derechos.
- En el otro extremo, entre los trabajadores residentes en hogares con jefe perteneciente al estrato medio profesional, que residen en hogares de nivel socioeconómico medio alto , el subempleo inestable es casi inexistente.
- El escenario laboral de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra relativamente menos precarizado que el del resto de las áreas urbanas relevadas. Entre 2010 y 2015, en los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires se incrementó la proporción de empleo pleno de derechos y disminuyó el subempleo inestable. En sentido contrario, el comportamiento del resto de las regiones urbanas fue el opuesto.
- El conurbano bonaerense registra cerca de la mitad de trabajadores con empleo pleno de derechos, un tercio más con empleo precario y veinte veces más con subempleo inestable.
- Las mujeres, los jóvenes y adultos mayores, así como los trabajadores con secundario incompleto presentan una situación laboral más precaria.
- La posibilidad de que los jóvenes se inserten en un empleo pleno de derechos es 20% menor a la de los adultos, brecha que se reduce a 10% si se considera el empleo precario, a diferencia de lo que ocurre con el subempleo inestable.

En abril, según la UCA: la pobreza afectó al 32,6% de la población
Entre fines de 2015 y abril de este año, la tasa de pobreza creció del 29 al 32,6%. Son 13 millones de pobres, con un incremento de 1,4 millones de “nuevos pobres” que pertenecen a sectores medio bajos y de la clase obrera integrada. En tanto, la tasa de indigencia subió de 5,3% a fines de 2015 a 6,9% en marzo de 2016, y afectaría a no menos del 6,2% de la población a mediados de abril de 2016, “lo cual revelaría un aumento de alrededor de 350.000 personas a la situación de indigencia, alcanzando un total aproximado de 2,3 millones de personas una vez finalizado el primer trimestre del año”, dice el Informe del Barómetro de la Deuda Social.
”Si al menos en el corto plazo no se logran atenuar los aumentos de precios en productos y servicios básicos y/o no logra reactivarse la demanda de empleo, se estará cada vez más lejos de una mejora genuina en la distribución del ingreso, y difícilmente podrá revertirse la tendencia ascendente que están registrando las tasas de indigencia y de pobreza urbana”, dice el Barómetro de la Deuda Social. Y agrega que “ la tasa de indigencia resulta sensible a las alteraciones de la cobertura y nivel de ingresos de los planes sociales, con lo cual lo que suceda en materia de política de seguridad social será también central en las futuras condiciones de indigencia de los hogares”. Con relación a la distribución del ingreso, el Informe señala que “durante la última década, luego de las mejoras ocurridas entre 2003 y 2007 y entre 2009-2010 y 2011-2012, el proceso parece haber encontrado un cauce histórico menos alentador: la desigualdad presentaría un piso estructural con tendencia a crecer”. Clarín/

CALCULAN QUE EN JULIO LA SUBA DE LA INFLACIÓN FUE LA MENOR DEL AÑO
Sin el impacto de una cercana devaluación, de la eliminación de las retenciones o de los aumentos de tarifas en los servicios públicos, el Gobierno puede disfrutar, por lo menos a medias, de una buena noticia: el nivel general de inflación se desacelera y mostró en julio la variación más baja en el año.
Sin embargo, la satisfacción no es completa. En siete meses, la suba de precios acumula alrededor de 30% (un alza por encima de lo estimado por Mauricio Macri para todo el año) y las proyecciones anuales llegan hasta un 46 por ciento. Por otro lado, pese a que varios rubros mostraron una ralentización de los aumentos, los precios de los alimentos se mantuvieron subiendo a la misma velocidad que el mes pasado.
Ésas son algunas de las conclusiones que dejaron los índices de inflación publicados ayer por la ciudad de Buenos Aires y por el Congreso (que desde hace años difunde un indicador promedio de varias consultoras privadas). El dato del organismo porteño reflejó un alza de los precios de 2,2% en julio, casi un punto menos que un mes atrás (3,2% fue el número de junio).
Pero además esa dirección estadística calculó que también se desaceleró el alza de la llamada inflación núcleo (que elimina los sesgos de los precios regulados y estacionales). Esa medida descendió del 3,6% al 2,3% en un mes.
No obstante, en lo que va del año el alza de precios ya llegó, para esta dependencia estadística, a un 32 por ciento. La trayectoria interanual de la inflación, en tanto, alcanzó un 47,2%, 0,1 punto porcentual más que durante el mes previo. Los alimentos, el rubro que más peso tiene en el índice, tuvo un alza mensual de un 3% en julio, igual a la registrada un mes atrás. Conclusión: la suba de precios de la comida no afloja.
Los mayores incrementos se registraron en los rubros de restaurantes y hoteles (4,7%), salud (3,6%) y recreación y cultura (3,4%). De acuerdo con el Frente Renovador, el bloque del GEN, Libres del Sur y el Partido Socialista, encolumnados detrás de la publicación del índice Congreso, la inflación del mes pasado fue del 2,4 por ciento.
"En los primeros siete meses del año, la inflación acumuló 30,2%, registrando un promedio mensual de 3,8%", afirmó el informe, que agregó que la proyección anual ya llega al 46 por ciento. "En términos mensuales se evidenció una desaceleración (de -0,5 puntos porcentuales), pero en términos anuales volvió a acelerarse (+0,7 puntos) por noveno mes consecutivo", completó el documento presentado por la oposición en el Parlamento.
"El rubro alimentos y bebidas creció en torno a 3%, mostrando una importante aceleración con relación al mes anterior. En términos interanuales, el alza en alimentos y bebidas supera 38%", añadieron.
En tanto, especificaron que el IPC Core volvió a crecer por encima del nivel general -en torno de 2,8%-, "mostrando que aún no se observan signos claros de desaceleración en la inflación".
"Impresionante caída de la inflación. Temprano para cantar victoria, pero en las últimas 4 semanas está abajo de 1%", escribió ayer el economista de Elypsis Luciano Cohan en la red social Twitter. "Dos éxitos conceptuales de Macri. Levantó el cepo sin crisis y demostró que la inflación es un fenómeno monetario", afirmó, en tanto, el economista José Luis Espert. "Tercer mes consecutivo de menor inflación mensual en la ciudad. Tarifas y dólar generan un impacto de una vez, luego opera la política monetaria", indicó el economista de Inversor Global Iván Carrino. La Nación/

FRIGERIO EXPUSO EN SENADO PROYECTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICO-PRIVADA GOBIERNO “EXORCIZA” OBRA PÚBLICA CON INVERSIÓN MIXTA
Busca acelerar construcciones y atraer fondos privados con incentivos y más control del Estado.
Plenario. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentó ante un plenario de comisiones un proyecto deley que apuesta a elevar la demanda laboral en el sector de la construcción y bajar los costos.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó ayer que la generación de empleos se está reactivando en la Argentina y aseguró que "de aquí a fin de año" los índices de trabajo "se van a ir acelerando a un nivel aceptable".
Frigerio presentó en el Senado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que prevé crear un régimen de contratación público-privada para obras de infraestructura, como rutas, hospitales y escuelas. El ministro aseguró que es necesario llevar "la inversión en infraestructura de los actuales dos puntos del PBI a seis puntos", y ratificó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca alentar las inversiones, por lo que su sanción se torna "muy importante en la consecución de los objetivos de pobreza cero y en la generación de trabajo de calidad".
En su exposición ante los integrantes de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y Asuntos Municipales, Frigerio sostuvo que la iniciativa permitirá dar impulso principalmente al sector de la construcción, golpeado en los últimos meses por la caída del empleo y de la obra pública. El ministro señaló la necesidad de reactivar el sector, pues "hubo muchos despedidos" en esa actividad, según datos de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), en "los peores meses de 2015, que fueron -dijo- noviembre y diciembre".
"La mitad de la obra pública no había recibido un solo peso en la segunda mitad de 2015", por lo que "hubo que empezar a pagar certificados" de la obra pública, recordó. "Había una deuda enorme sólo en mi ministerio de 10.000 millones de pesos que hubo que empezar a saldar, previa auditoría porque los certificados a veces no se correspondían con los avances de las obras", puntualizó.
"Ahora queremos tomar esa iniciativa política y que se traduzca en más obras", porque consideramos que "una ley es mucho más fuerte y poderosa que un decreto", declaró, y advirtió que el Gobierno de Mauricio Macri no busca "ninguna garantía de rentabilidad al privado" sino que "están las mismas garantías que existen en la ley de inversión pública y ley de obra pública".
El funcionario subrayó que si bien "la obra tiene que cubrir costos", lo que la administración de Cambiemos pretende es que "el resto sea riesgo empresario". "Uno de los objetivos centrales del proyecto es socializar con el sector privado los riesgos o una parte significativa de los que enfrenta el Estado cada vez que emprende obra de infraestructura", añadió.
El ministro precisó que otro de los propósitos de la normativa es "acelerar los plazos de las obras y de los proyectos de inversión".
"Los privados -dijo- van a recibir una retribución del Estado si cumplen en tiempo y forma con lo que se plantea frente a cada proyecto que podamos generar bajo esta nueva figura y van a tener enormes incentivos para empezar y terminar la obra".
Por otro lado, adelantó, en caso de aprobarse la iniciativa, que según alentó "está sujeta a recibir mejoras" si la oposición lo sugiere, el Estado "se va a quedar con todas las atribuciones en términos de control y regulación y va a ser el principal socio en estos emprendimientos". También resaltó que los grandes beneficiarios de esta norma serán las pymes y afirmó que lo que indican las experiencias de los países vecinos que están "más avanzados que Argentina en la implementación de esta normativa" es que los proyectos "no son la megaobra sino los muy vinculados con lo que pueden hacer las pymes".La Nacion

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