Por primera vez desde que asumió Macri Se trata del proyecto de ley del “arrepentido” y la que busca el decomiso de bienes obtenidos en forma ilícita.
Con un público reproche a los diputados, Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada del FpV en el Senado, dejó ayer al desnudo que en la Cámara Alta se proponen hacer retoques en el proyecto de ley que incorpora la figura del “arrepentido” para casos de corrupción y también en el de “extinción de dominio”, que apunta al decomiso de bienes obtenidos de forma ilícita. “No vamos a sacar una ley a las apuradas como hizo Diputados. Ocurrió un hecho en un convento y 48 horas después ya tenían aprobada una ley. Se trata de temas que merecen una discusión más profunda”, se plantó el rionegrino durante un plenario en un glacial Salón Azul del Senado.
Ambas iniciativas tuvieron un tratamiento exprés en la Cámara Baja. Tras la detención del ex funcionario K José López con casi 9 millones de dólares, se le dio dictamen favorable en Diputados a los dos proyectos el miércoles 22 de junio y al día siguiente obtuvieron media sanción sobre tablas. Ya en aquel momento en el Senado hubo cuestionamientos, incluso en el oficialismo, hasta sobre la propia redacción de las dos iniciativas.
Los ministros de Justicia, Germán Garavano, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, y la secretaria de Ética Pública, Laura Alonso, fueron ayer al Senado a defender el objetivo de ambos proyectos. De las propias palabras de los funcionarios se adivinó que esperan que el Senado haga cambios en los proyectos, con lo que deberán volver a Diputados, algo inédito en lo que va del año.
Durante su exposición, Garavano planteó en tono didáctico: “Nadie espera un arrepentimiento en términos morales sino que se de información precisa sobre hechos y la recuperación de bienes vinculados a esos hechos”. Sobre el proyecto de decomiso de bienes, Bullrich sostuvo que en los últimos 5 años se detectaron “maniobras de lavado” proveniente del narcotráfico por al menos $ 4.000 millones en el país.
La audiencia fue en un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y la de Justicia y Asuntos Penales. El presidente de esta última, el entrerriano Pedro Gustavino, estuvo durante las más de cuatro horas que se extendió el encuentro con una bufanda anudada alrededor del cuello, al igual que el senador Ruperto Godoy. En un momento que salió del Salón Azul, el macrista Federico Pinedo exclamó a Clarín: “No puedo más del frío”. La promesa es que hoy habrá estufas encendidas.
De acuerdo con lo que anticipó Pichetto, el FpV se propone debatir a fondo ambas iniciativas las próximas semanas. Dijeron que ambas iniciativas tendrían dictamen favorable recién a fines de este mes, con lo que estarían en condiciones de ser votadas en septiembre.
Aún no hay consenso sobre cómo serán los retoques que se les harán a ambas iniciativas. Sí en qué debe ser cambiado. En la ley del arrepentido la idea es permitir que un imputado se acoja a esa figura sólo hasta determinado momento y no cuando él quiera. Una posibilidad es que sea entre el momento en que se lo imputa y el pedido de elevación a juicio. Clarín/
SE FIRMARÁN CUATRO DECRETOS PARA AVANZAR CON LOS ANUNCIOS
Mauricio Macri firmará cuatro decretos para avanzar con los anuncios, uno de necesidad y urgencia y tres simples.
El DNU será para redistrubuir los casi 30 mil millones de pesos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución, adelantó uno de los ministros que más trabajó en la reforma del sistema de salud.
En un anexo quedarán detallados los nuevos beneficios de la “cobertura universal”.
Uno de los decretos simples será para girar a las obras sociales los 2.704 millones de pesos en efectivo, otro para acelerar los pagos a los hospitales públicos (el objetivo será que el plazo no supere los 30 días ‘ver más ‘Los detalles...') y el tercero para que las prestaciones para las personas con discapacidad se financien en forma directa por la Superintendencia de Salud.
Luego del anuncio trascendió que los decretos podrían ser publicados esta mañana en el Boletín Oficial, aunque anoche un funcionario no lo daba como confirmado.
Integrantes del Gobierno adelantaron que a fin de mes habrá una presentación oficial del nuevo plan con una convocatoria a los beneficiarios, para que inicien los trámites para obtener la ficha médica personal. Clarín/
DATOS PERSONALES, AL AMPARO DEL ESTADO
Eduardo Bertoni
La reciente discusión generada a partir de un convenio para el intercambio electrónico de información, suscripto entre la Anses y la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete, puso sobre la mesa un tema que en nuestro país estaba invisibilizado: la importancia del tratamientoadecuado de los datos personales como una herramienta para la protección de la privacidad. Esta discusión es auspiciosa, dado que puede contribuir al impostergable proceso de reflexión sobre las reformas necesarias en la legislación sobre protección de datos personales.
Este proceso ya había sido iniciado por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (Dnpdp), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se lleva adelante principalmente a partir de la plataforma del programa Justicia 2020, el espacio de participación institucional y ciudadana para la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas en el ámbito de la Justicia. Pero para llegar a buen puerto es importante destacar los enormes desafíos que tenemos para contar prontamente con una mejor legislación sobre datos personales.
El principal motivo del debate alrededor del convenio se centró en la legalidad para que dos órganos del Estado compartan datos personales. Este debate es importante, dado que alerta sobre los problemas que podría generar una cesión de datos si se recolectaran o usaran fuera de la competencia de los organismos. Sin embargo, es un debate insuficiente y no agota los desafíos que tiene la discusión sobre la modernización de la ley.
La Dnpdp expresó claramente que el acuerdo era acorde con la ley de datos personales vigente, sobre todo teniendo en cuenta que la normativa mencionada permite expresamente este tipo de cesión de datos entre organismos públicos, aun sin el consentimiento de su titular, cuando esa cesión se realice para eltratamiento de datos exclusivamente necesarios para el ejercicio de la competencia de esos organismos públicos.
La cuestión que parece haber pasado inadvertida en el debate es que estamos frente a un único recolector y tratante de los datos, el Estado, que lo hace a través de distintas oficinas. En otras palabras, hemos cedido la información al Estado para el cumplimiento de sus funciones y es por ello que la ley no ha previsto la necesidad de requerir nuestro consentimiento cuando ocurra la cesión.
Por supuesto, también son entendibles las dudas que pueden generarse por la utilización de esos datos que, insisto, ya están en manos del Estado. Pero son las mismas dudas que nos genera el posible mal uso de nuestros datos personales por parte de empresas privadas que también tratan una inmensa cantidad de datos personales y que podrían hacer un uso de ellos fuera de los términos y condiciones que en general se aprueban, pero que muy pocas veces se leen. En ambos casos, la violación de la ley sobreviene tanto si lo hace un órgano del Estado excediendo su finalidad y competencia como si lo hace una empresa privada excediendo el consentimiento preestablecido.
Los desafíos para pensar en una mejor y más moderna ley de datos personales no pueden terminar en esta discusión. Un tema clave será cómo legislar sobre la protección de datos personales sin que ello se enfrente o impida el desarrollo de la tecnología. Además deberemos ser cuidadosos para que una nueva ley de datos personales no genere conflictos con otros derechos fundamentales. Específicamente, tendremos que reflexionar sobre la reformulación de conceptos hoy vigentes y la incorporación de nuevas definiciones como por ejemplo “dato biométrico”, “dato genético”, “tratamiento transfronterizo de datos” y “consentimiento del interesado”, entre otros.
Es importante pensar en un diseño institucional del organismo de control acorde con los estándares internacionales y la posibilidad de incluir criterios de lo que se conoce como “responsabilidad demostrada”, como una obligación de reportar a la autoridad de aplicación sobre las medidas implementadas por una organización para cumplir con los requisitos de tratamiento de datos personales. La “privacidad desde el diseño” es otro enfoque que podría tenerse en cuenta en una nueva regulación, apuntando a que desde el origen mismo del diseño de un sistema, aplicación o dispositivo se contemple la protección de la privacidad.
La ley 25.326 fue sancionada en octubre de 2000 y reglamentada un año después. Resulta una obviedad destacar los cambios de la tecnología operados en los últimos 15 años, muchos de los cuales tienen impacto en la protección de los datos personales y las posibles vulneraciones al derecho a la privacidad. Asimismo, es importante considerar el nuevo contexto internacional, particularmente las regulaciones europeas recientemente aprobadas (Reglamento UE 2016/679) que entrarán en vigor en 2018. La oportunidad y necesidad de la reforma aparecen como indiscutibles, y las recientes discusiones, aunque enfocadas sólo en un aspecto, prometen un debate vibrante. La Nación/
EL FUTURO DE LA INTELIGENCIA, ANTE UN DEBATE CRUCIAL
Las designaciones del Poder Ejecutivo Nacional en la Agencia Federal de Inteligencia resultan desconcertantes y deberían ser reconsideradas
Las organizaciones de inteligencia y sus actividades tienen muy malos antecedentes y un tan triste como merecido desprestigio en nuestro país, consecuencia de nuestra compleja historia y de muchos funcionarios y dirigentes que no entendieron estas delicadas responsabilidades como una política de Estado, sino como instrumentos para obtener innobles ventajas de facción. De allí que resulte clave la presentación que hoy deben efectuar ante la Comisión de Acuerdos del Senado quienes han sido postulados por el Poder Ejecutivo Nacional para ocupar los cargos de director general y subdirectora general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al igual que las preguntas que los legisladores les formulen en virtud de los severos cuestionamientos que ambos candidatos, designados hasta hoy “en comisión”, han recibido por parte de distintas asociaciones civiles.
La AFI, sucesora de la Secretaría de Inteligencia (SI), ha heredado un larguísimo proceso de degradación institucional, además del particular daño provocado por los arbitrarios y bruscos giros de las administraciones kirchneristas, que trataron de utilizar los organismos de inteligencia como un instrumento extorsivo o corruptor sobre dirigentes opositores, sectores sociales y miembros del Poder Judicial, con no poca eficiencia.
Frente a los nuevos y graves riesgos a los cuales nos expone el auge global del terrorismo fundamentalista y la necesidad de reconsiderar y revalorizar los compromisos de nuestra política doméstica y nuestras alianzas internacionales, resultan desconcertantes ciertas decisiones del presidente Mauricio Macri en la materia.
Es obvio que el titular o la cabeza del sistema de inteligencia debe contar con la total confianza del jefe del Estado. No sólo por el secreto, sino también por la particular relación entre el principal proveedor de información confidencial y quien posee el mandato republicano de decidir sobre ella. Lo contrario -la desconfianza entre ellos sería un absurdo. Pero también debería ser un requisito, en materia tan compleja, la idoneidad profesional.
Resulta por eso difícil entender la designación del escribano Gustavo Arribas como titular de la AFI y cabeza del supuesto sistema nacional de inteligencia. Es un escribano que estuvo radicado en Brasil hasta su designación, que se ha dedicado con prosperidad a la compraventa de jugadores de fútbol y a quien no se le conocen antecedentes en la especialidad.
Mucho más cuestionable resulta la designación de Silvia Majdalani como subdirectora general de la AFI. Habiendo sido diputada nacional en representación de Pro, fue integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que se ha destacado en todos estos años por su llamativa falta de resultados y por no controlar nada de lo que debía controlar. En tal sentido, se le ha cuestionado una estrecha relación con Francisco Larcher, formalmente el segundo y en la práctica el jefe operativo de la inteligencia de Néstor y Cristina Kirchner.
No menos inquietantes resultan las denuncias presentadas por el legislador porteño y presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, contra la propuesta subdirectora de la AFI. Se refieren a sospechas sobre el origen de los fondos de distintas sociedades comerciales integradas por Majdalani y detrás de las cuales podrían esconderse maniobras de lavado de dinero, corrupción y evasión tributaria, según Vera.
Otras designaciones han resultado cuestionables. Con el padrinazgo de Majdalani, fue designado director de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera el fiscal federal Eduardo Miragaya, quien asumió sus funciones antes de ser autorizado por la Procuración. Cabe preguntarse cómo se relaciona esa dirección secreta con la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que descansan las atribuciones y limitaciones legales en la materia.
Otros dos nombramientos objetables, los del director de Asuntos Judiciales, Sebastián De Stefano, y el director de Finanzas, Juan José Galea, son adjudicados a la directa influencia del empresario del juego y presidente de Boca, Daniel Angelici, denunciado por Elisa Carrió como “operador” del oficialismo sobre la justicia federal, aunque no haya expediente que pueda probar tal padrinazgo.
Galea ya ocupó esas funciones durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Reporta desde entonces, política y casi fraternalmente, a Darío Richarte, quien fue segundo de la SIDE en aquellos años y, más tarde, letrado defensor de Amado Boudou, Claudio Uberti y el ahora celebérrimo ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros. Richarte renunció a esas defensas cuando el ex espía Antonio Stiuso fue obligado a jubilarse. Siempre en los números, Galea fue sucesivamente contador de los empresarios periodísticos Daniel Hadad y Sergio Szpolski. Ahora regresó a manejar los dineros de la AFI.
Con alguna coherencia preocupante, en sincronía, el Presidente derogó el 9 de mayo último el decreto que establecía un protocolo de rendición de gastos para los fondos reservados de la AFI. Casi paradójicamente, esa norma había sido dictada por Cristina Fernández de Kirchner, en un intento por controlar a los espías que se le habían insubordinado en la etapa final de su mandato. Ahora el manejo de esos fondos vuelve a ser otra caja negra perdida en el mar.
El Gobierno no parece haber comenzado a recorrer el camino para construir el sistema de inteligencia que requiere el país y nos demanda el mundo. La escala virtuosa de la seguridad, en su acepción más amplia, como objetivo de una comunidad, requiere mucha prevención, mucha disuasión y la capacidad de represión física eficiente, en ese orden.
Pero la llamada inteligencia civil, crecientemente involucrada en la política interna durante nuestros gobiernos surgidos de la voluntad popular, ha sufrido deformaciones equivalentes a las de la inteligencia militar durante los gobiernos de facto. A tal extremo que, despojados de una inteligencia de seguridad entendida como conocimiento previo puesto al servicio de los decisores políticos para anticiparse a los costos de la experiencia, sufrimos dos gravísimos atentados terroristas, como los ataques contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA.
Es imprescindible reconocer esto para saldar la deuda institucional del Estado argentino con sus ciudadanos por no haberse previsto un sistema de inteligencia efectivo y republicano. No habrá soluciones mágicas, pero deben buscarse decisiones adecuadas, pensando en una efectiva renovación de los responsables del área y dejando de insistir en los mismos errores de los últimos años. La Nación/
BULLRICH: “LOS TRAFICANTES DE DROGA LAVARON $ 4000 MILLONES”
La ministra de Seguridad expuso ayer ante tres comisiones del Senado en busca de laaprobación de una ley de extinción de dominio para confiscar y usar los bienes del negocio ilegal
Daniel Gallo
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puso ayer cifras al movimiento de drogas en la Argentina. “En los últimos cinco años, los narcotraficantes lavaron 4000 millones de pesos”. La funcionaria pidió así laaprobación en el Senado del proyecto de ley de extinción de dominio, iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados y que establecerá un mecanismo para la confiscación de los bienes narcos.
Bullrich expuso antes las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. Tendrá entre los senadores una resistencia mayor a la encontrada en la Cámara baja, donde el kirchnerismo votó en contra de esa propuesta. En ese primer debate el Frente para la Victoria fue derrotado, pero el reparto de bancas en muy diferente en el Senado. Y el presidente del bloque mayoritario, Miguel Angel Pichetto, adelantó públicamente que se buscará imponer modificaciones al texto recibido.
“Nosotros buscamos una herramienta para quitar inmediatamente los bienes, para que los narcos no puedan seguir utilizando ese dinero para hacer crecer el negocio”, indicó Bullrich,
El proyecto aprobado en junio pasado por la Cámara de Diputados establece una instancia a cargo de la justicia en lo civil y comercial que definirá la posible confiscación de bienes de sospechosos de narcotráfico, incluso antes de que el acusado reciba la sentencia de la justicia penal. La norma no contempla sólo los casos de narcotráfico, sino otros delitos como trata de personas, terrorismo o lavado de dinero proveniente de actos de corrupción.
Una vez que un fiscal federal determine que esos bienes tienen un posible origen ilícito, se abrirá en paralelo con la causa penal un expediente en la justicia en lo civil y comercial en el cual el acusado deberá acreditar que esas posesiones fueron conseguidas con actividades comerciales lícitas.
Esos bienes serían utilizados por el Estado para equipar a las fuerzas de seguridad y para volcar mayores recursos a temas sociales. La ministra Bullrich hizo comparaciones ayer en el Senado sobre la cantidad de viviendas, ambulancias y material para hospitales y escuelas que se podría haber incorporado al recuperarse el dinero detectado en las principales operaciones antidrogas de los últimos años. Más allá de esa presentación, LA NACION publicó la semana pasada que desde 1989 el Estado sólo recuperó judicialmente 25 millones de pesos. Una cifra mínima si se toma en cuenta que desde 2012 la Justicia dictó embargos sobre bienes valuados en 17.300 millones de pesos.
El kirchnerismo en el Senado planteó la posible inconstitucionalidad de una ley que extinga el domino de bienes de un acusado sin sentencia firme. De todas maneras, la posición no sería imponer su mayoría para rechazar el proyecto, sino generar modificaciones en el texto. Si eso ocurre, la iniciativa deberá volver a ser tratada en Diputados.
Una variante fue utilizada este año por el gobierno de Santa Fe en el juicio contra el clan narco conocido como Los Monos. Con sólo la sentencia de un juicio abreviado en la justicia provincial, se decomisaron 46 vehículos de alta gama, cuatro motocicletas y nueve inmuebles.
Para ratificar su posición sobre la urgencia de cortar la financiación narco, la ministra Bullrich presentó un informe realizado en 2009 por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que en el análisis del mercado global de drogas estimó que los grupos narcos que operan en la Argentina tienen una ganancia anual de más de 17.000 millones de pesos, incluyéndose la rentabilidad al colocar el producto ilegal en los mercados del exterior.
El movimiento de drogas en la Argentina también puede advertirse en las cifras de secuestros. Y en ese caso, Bullrich comentó que en los últimos 15 años los decomisos cocaína y marihuana logrados por las fuerzas de seguridad provocaron a los narcos perdidas por 20.000 millones de pesos.
En la presentación de la ministra de Seguridad se incoporó, además, la estimación del gasto que demanda al Estado la actividad narco. Se apoyó en un informe de la Sedronar para señalar que el problema de las drogas demandó 788.000 millones de pesos en los últimos 15 años. En ese estudio -a las drogas ilegales se agregó el efecto causado por el consumo de alcohol y tabaco- se tomaron en cuenta las inversiones directas e indirectas del Estado nacional y de los gobiernos provinciales vinculadas a la lucha directa contra el narcotráfico, causas por infracciones a la ley de drogas, sostén de los presos, recuperación de adictos, tratamientos hospitalarios y el impacto económico en la producción por ausentismo laboral.
Se informó también en el Senado sobre la presencia en la Argentina de carteles internacionales de drogas, pero en sus aspectos más financieros y logísticos que operativos. La Nación/
SE INICIÓ DEBATE EN PLENARIO DE COMISIONES DEL SENADO ARREPENTIDO Y DECOMISO: GARAVANO DEFENDIÓ LEGALIDAD Y BULLRICH ALERTÓ POR LAVADO
Plenario. El ministro de Justicia, Germán Garavano, expuso después de Patricia Bullrich. El FpV cuestiona en el Senado la constitucionalidad del decomiso de bienes y extinción de dominio que se aprobó en Diputados.
Senado activó ayer el tratamiento del proyecto que plantea ampliar la figura penal del arrepentido a los delitos de corrupción, con la presencia de los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, respectivamente. Además de ese proyecto, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad y Narcotráfico abordaron también la iniciativa sobre extinción de dominio, referida a la recuperación por parte del Estado de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.
El plenario de comisiones se desarrolló en el Salón Azul del Senado y fue la primera jornada de debate sobre estas iniciativas. Bullrich declaró que “en los últimos cinco años se han detectado maniobras de lavado narco por al menos 4.000 millones de pesos de dinero que entra de las transacciones hechas por los narcotraficantes en la Argentina”. Al fundamentar el proyecto de ley sobre la regulación de la extinción de dominio y repartición de bienes en favor del Estado en causas provenientes de actividades ilícitas, la ministra admitió que en cuanto al combate del narcotráfico Argentina “está mal” y debe “mejorar”, y aceptó que con las políticas llevadas a cabo hasta el momento “no se está golpeando” a los narcotraficantes “de manera importante”.
La Ministra de Seguridad explicó que “la extinción de dominio implica una decisión judicial que declara la titularidad en favor del Estado de todos los bienes de procedencia ilícita” y resaltó que “lo importante acá es que se separa la causa penal de la extinción de dominio en sede civil”. “Lo hacemos en sede civil para no contaminar la causa penal y para que no haya prejuzgamiento”, sostuvo, y añadió que “no se está juzgando a la persona sino viendo el bien independientemente de la causa penal”.
La ministra mencionó la aplicación de la ley para casos en que “el fiscal acredite que esos bienes fueron utilizados para cometer el delito”.
Bullrich pidió a los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico el apoyo para aprobar la iniciativa al considerar que “los narcotraficantes no venden droga porque les gusta vender droga venden droga porque les gusta la plata”. Remarcó además que el solo decomiso de cargamentos “no les afecta” a este tipo de delincuentes, por lo que insistió con el acompañamiento de todos los sectores políticos, y advirtió que el problema del narcotráfico “hay que arreglarlo entre todos”. Mencionó como medidas adoptadas por el gobierno nacional en la lucha contra el tráfico de drogas el hecho de haber conectado Migraciones con Interpol, que ya funciona en todos los aeropuertos del país y en Buquebus, entre otros puntos.
En el bloque de senadores del PJ-FPV, el más numeroso de la Cámara alta, sostienen que la Cámara bajaapuró la aprobación de ambas iniciativas y que eso hizo que quedaran zonas grises, particularmente en la iniciativa que se refiere a la recuperación de bienes obtenidos con dinero proveniente del delito, también llamado “extinción de dominio”. Por esa razón, el bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto quiere dedicarle “un tiempo razonable” al debate en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, y prevé hacerle cambios a los proyectos, con lo cual deberán ser devueltos a la Cámara de Diputados.
Justicia 2020
El Senado avanzó ayer con la firma de los dictámenes para los proyectos de penalización del desvío de precursores químicos, unificación de fueros y juicio unipersonal, que forman parte del paquete de reforma impulsado por el Gobierno bajo el título “Justicia 2020”. Ambito Financiero/
ENARGAS NO EXPLICÓ CÁLCULO DEL TARIFAZO
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos González, dejó ayer pocas precisiones sobre el tarifazo ante la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia a la Cámara de Diputados. El funcionario nacional, que viene de trabajar en MetroGas, no detalló cuáles fueron los criterios para definir el tope del 400 por ciento de aumento en las boletas y tampoco defendió la celebración de audiencias públicas con la participación de los usuarios antes de disponer las subas de gas.
“Usted mismo dijo 'hemos fijado una tarifa', pero ¿sobre qué base han fijado esa tarifa?”, le recriminó la massista Graciela Camaño, Tezanos sólo atinó a decir que las audiencias públicas son “una herramienta” para el ente regulador, sin tener en cuenta a los usuarios. “La audiencia pública es una herramienta que tiene el regulador para tomar la mejor decisión”, aseguró Tezanos. Además agregó que si la Corte Suprema demora el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, deberá apelar al Ministerio de Energía de Juan José Aranguren para definir los pasos a seguir en cuanto a la facturación pendiente de las empresas.
En la Cámara baja, el peronismo encabeza una convocatoria a una sesión especial para debatir una ley de tarifas y rechazar los aumentos tarifarios, que tras el malestar social que produjeron al llegar boletas con importes altos obligaron al gobierno de Mauricio Macri a recurrir a la Justicia. Ambito Financiero/
AYER CON GOBERNADORES, MAÑANA PRIMER ROUND EN CONGRESO TECNO-VOTO: FRIGERIO PIDIÓ APOYO A CACIQUES PERO BROTA RESISTENCIA
El Gobierno solicitó a los caciques que respalden la reforma electoral pero en el Congreso empiezan a aparecer resistencias. Una modificación, se presume que por error, prohíbe el corte de boleta.
Rogelio Frigerio.
Fue el ítem menos urticante. Quizá el único que dejó conforme a Rogelio Frigerio que pidió el apoyo de los gobernadores para aprobar la reforma electoral que instaure el tecno-voto y no escuchó objeciones ni recelos. “Necesitamos de ustedes para dar un salto de calidad en el sistema electoral” dijo, con un dejo ceremonioso, el ministro PRO.
El scrum de gobernadores, que pataleó ante el diagnóstico y los planteos de Alfonso Pray Gay, no ensayó quejas. La reforma electoral, que tendrá el primer round mañana en el Congreso, es un proyecto al que resulta antipático oponerse al menos respecto a la boleta electrónica: la tesis de la transparencia que liquida un formato que habilita engaños y picardías, estrecha el margen para que cualquier se resista.
Hasta acá, al menos con el tecno-voto, las únicas observaciones llegaron desde las ONG, los politólogos y, todavía incipiente, desde sectores de la Justicia. Alguna reserva técnica sobre la seguridad del sistema pero, sobre todo, que no se hayan evaluado otros formatos que se juzgan más seguros, menos engorrosos y, sobre todo, menos costosos como la boleta única al estilo cordobés (una gran boleta con todas las opciones) o el modelo santafesino que tiene boleta única por cada segmento electoral.
En la Justicia aparece el malestar de siempre: la falta de recursos. El proyecto del PRO, que ayer explicó Frigerio y luego detalló, con más profundidad, Adrián Pérez cede la auditoría sobre el sistema informático y de control, a la Cámara Nacional electoral y los jueces electorales, lo que en tribunales se toma con cautela porque no saben si tendrán el tiempo suficiente como para hacer las pruebas necesarias para garantizar que la total seguridad.
Pero en términos políticos, el Gobierno ayer salió victorioso porque, a 48 horas del primer debate en el Congreso, no se topó con negativas por parte de los caciques territoriales. Mañana, Frigerio y Pérez, escoltados por Paula Bertol, expondrán al mediodía ante la Comisión de Asuntos Constitucionales para dar el primer empujón al proyecto.
El panorama en el Congreso es más espeso. El FpV aprovechó ayer una reunión de bloque para escuchar un punteo de alertas del apoderado del PJ, Jorge Landau, un experto en asuntos y alquimias electorales. No hay, todavía, postura formal pero el clima en el bloque es de resistencia a la reforma que consideran “cara, insegura y una invitación a un negocio” y sintetizan en un dato: si el 1% de las más de 100 mil máquinas de votación no funcionasen el día de la elección, más de 250 mil personas se quedarían sin votar.
Hay, incluso, errores o retoques de la ley de Primarias que asoman riesgosas: al introducir la modificación para prohibir que en las primarias no se pueda votar a partidos o agrupaciones distintas, la redacción da lugar a un equívoco que lleva a creer que tampoco se podría cortar boleta en la general.
El Bloque Justicialista se reunirá hoy a analizar el proyecto y el Frente Renovador de Sergio Massa lo viene explorando, ya elevan objeciones, pero todavía no harán una posición pública.
Frigerio y Pérez se mueven contra reloj: la reforma debía estar presentada en mayo para tener tiempo. La demora dará lugar a que se pida un régimen de aplicación progresivo. Algo así como un gradualismo electoral. Ambito Financiero/
IMPULSAN UN PROYECTO DE LEY PARA INSTAURAR LA OPCIÓN VEGANA EN ENTES DEL ESTADO
El menú alternativo cuenta con la aprobación del Senado y se espera que se expida Diputados
Organizaciones animalistas impulsan un proyecto de ley, que cuenta con la aprobación del Senado, para incluir una opción de menú vegano en todos los sitios donde el Estado nacional sea proveedor de alimentos como hospitales, escuelas o comedores, para atender la demanda de quienes han optado por no comer carnes, lácteos, huevos y todo otro producto de origen animal.
El 8 de junio la Cámara alta aprobó el proyecto de ley ”Mi menú vegano”, presentado por la senadora por la minoría por la provincia de Río Negro Magdalena Odarda, para quien sería un paso adelante “en políticas públicas concretas para respetar” a la gente que prefiere una alimentación vegetariana al 100%, por la que actualmente han optado “importantes grupos de la población”.
“Soy consciente de lo difícil que es muchas veces para la población vegetariana y vegana encontrar alimentos adecuados para su dieta. Por eso nos parece importante que el Congreso discuta esta propuesta para que sea obligatorio que los organismos de todas las áreas del Estado Nacional ofrezcan un menú de ese tipo para sus trabajadores, explicó la legisladora. Una norma de esa naturaleza impulsada en Chile por la organización Animal Libre ya fue probada por ambas Cámaras legislativas del país y sólo falta sureglamentación. El año pasado, activistas locales conformaron Animal Libre Argentina y se propusieron convertir en ley la “opción” de un menú “que no contenga alimentos ni productos de origen animal”, explicó Luciano Tribulo, miembro de esa organización.
Esta normativa, que espera sanción de la Cámara de Diputados, propone que “en los organismos donde el Estado nacional es proveedor de alimentos, como hospitales, escuelas o cárceles, ofrezca una alternativa de un menú vegano”.
Economía y equilibrio “No queremos que se reemplace un menú por otro, sino que se incorpore una opción más”, dijo y señaló que este tipo de platos no representa un mayor costo, pues los productos con los que se elaboran suelen ser más económicos que la carne, aclaró Tribulo.
El activista apuntó que muchos organismos nacionales e internacionales realizaron informes que explican que este tipo de dietas realizadas de manera equilibrada son aptas y saludables para personas de todas edades y hasta para atletas.
“Si por algún motivo una persona vegana tiene que permanecer internada en un hospital, no tiene opciones a la hora de comer, lo mismo en las escuelas: si una familia toma este tipo de conductas alimentarias y sus hijos asisten a una escuela con comedor deben llevar sus viandas”, ejemplificó Tribulo. Y para refutar los “muchos mitos” en torno del tema, afirmó que la vegana no es más cara que otras dietas, que es “igual o más saludable y que a veces cambiando sólo un ingrediente una comida se convierte en vegana”. Bae/
FRIGERIO PRESENTARÁ EN LA CÁMARA BAJA PLAN DE OBRA PÚBLICA EN LAS PROVINCIAS
El ministro del Interior, Rodolfo Frigerio, concurrirá mañana a la Cámara de Diputados para exponer en sendas comisiones sobre el programa de reactivación de la obra pública y el proyecto de reforma política para establecer la boleta electrónica, que el Gobierno quiere implementar en las elecciones parlamentarias del 2017.
Frigerio tiene previsto llegar a las 10.30 para dar un informe en la comisión de Obras Publicas, que conduce el justicialista pampeano Sergio Ziliotto, sobre el plan de reactivar la industria de la construcción, que es una gran generadora de empleo.
La reactivación del plan de obra pública es central para los gobernadores -con quienes Frigerio se reunió ayer- debido al alto impacto que tiene para bajar el desempleo y es una preocupación permanente de las provincias, que necesitan dar un fuerte impulso a sus economías.
Los mandatarios provinciales fueron los principales aliados en la estrategia legislativa de la gestión de Cambiemos.
Posteriormente, Frigerio se trasladará a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia, donde expondrá desde las 12.30 sobre la reforma política, que genera fuertes controversias entre el oficialismo y la oposición por la boleta única.
Acompañado por el subsecretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrian Pérez, Frigerio defenderá la boleta electrónica y la obligatoriedad de votar solo a una sola agrupación en todas las categorías, lo que es rechazado por parte de la oposición.
El proyecto establece la implementación del voto electrónico en todo el país, tal como se utiliza en la provincia de Salta desde 2009 y en la ciudad de Buenos Aires desde 2015, y busca eliminar las listas colectoras y prohibir que un mismo candidato se presente en elecciones nacionales y provinciales de forma simultánea. Bae/
EL OFICIALISMO ACEPTA CAMBIOS A LEY DE ARREPENTIDO Y FIN DE DOMINIO
“Esto no es como Diputados”, advirtió Pichetto Mariana Rovira mrovira@diariobae.com
El Senado comenzó ayer el debate del los proyectos contra la corrupción y el narcotráfi co. Se trata de los proyectos que instauran la fi gura del arrepentido y el de extinción de dominio que apunta a recuperar bienes provenientes del delito para el Estado, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados.
A diferencia del debate que se dio en la Cámara baja, en donde se aprobaron ambos proyectos con celeridad, el Senado arrancó el debate en el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfi co a donde se presentaron los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, junto con la secretaria de Ética Pública, Laura Alonso, para defender la iniciativa.
Desde la oposición adelantaron sus intenciones de introducir modifi caciones a los proyectos, por lo que la discusión volverá a la Cámara baja después los debates previstos hasta el jueves. En el inicio del debate, el presidente de bloque de FpV- PJ, Miguel Ángel Pichetto, advirtió que en “el Senado no se aprobarán leyes en 24 horas como ocurrió en la Cámara de Diputados”.
El rionegrino lanzó una serie de críticas hacia ambos proyectos sobre los que remarcó: “son dos fi guras extrañas al derecho continental y al derecho argentino, son tomadas del derecho anglosajón”.
“Se debe garantizar la confi rmación objetiva de los dichos del arrepentido, para evitar que el arrepentido no venda humo ni que sus dichos sean parte de operaciones mediáticas. Es decir que los dichos del arrepentido pueden ser corroborados por pruebas que se produzcan en el proceso”, agregó.
Además, criticó que “la media sanción de la Cámara de Diputados permite la extinción de dominio sin que haya condena”.
“No se entiende por qué esa fi - gura se coloca en el ámbito de la justicia Civil y Comercial, sin que tenga nada ver con el proceso penal”, arremetió el hombre fuerte del Senado.
En Cambiemos, también admitieron que el proyecto de extinción de dominio podría ser declarado inconstitucional ya que permite la incautación de bienes aun sin que haya sentencia fi rme sobre el acusado.
Desde el ofi cialismo admitieron por lo bajo los errores los proyectos y lejos estuvieron de interpretarlo como un revés parlamentario.
“Acá tenemos tiempo de hacer dos buenas leyes.
Vamos a debatir y modifi car todo lo que sea necesario y después volverán a Diputados donde no habrá inconvenientes para aprobar una propuesta separadora”, comentó una alta fuente de PRO.
Antes, la ministra Bullrich, que desplegó una serie de fi lminas con fotos de autos y propiedades de narcotrafi cantes, señaló que en los últimos cinco años “se han detectado maniobras de lavado narco por al menos 4.000 millones de pesos de dinero que entra de las transacciones hechas por los narcotrafi cantes en la Argentina”.
Ese monto, indicó Bullrich, son el equivalente a a 2.666 casas del plan Procrear.
Con fuerte foco en la corrupción, Laura Alonso también defendió las iniciativas. La titular de la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción pidió una respuesta del Congreso a la sociedad. “Plantearse la pobreza cero también es plantearse la corrupción cero. Los más pobres son los que más sufren con la corrupción”, sostuvo Alonso que hizo referencia a la tragedia de Once. Bae/
DOS JUGADAS APUNTAN A LA REAPERTURA DE LA DENUNCIA DE NISMAN CONTRA CRISTINA
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) le pidió ayer al juez federal Daniel Rafecas investigar la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en enero de 2015 y desestimada por ese magistrado pocos meses después pese al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita.
En simultáneo, también ayer, el juez federal Claudio Bonadio aceptó como querellantes a dos familiares de víctimas del atentado contra el edificio sede de la DAIA y de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en una causa colateral en la que se investiga al ex canciller Héctor Timerman por presunta traición a la patria.
Todo apunta a lograr que se abra a investigación el supuesto delito denunciado en enero de 2015 por Nisman sobre un presunto encubrimiento desde el kirchnerismo a los iraníes señalados como responsables del atentado a través del pacto firmado con ese país en 2012 pese a la oposición de Nisman y de las autoridades de la comunidad judía.
“Entiende esta parte que han aparecido nuevos elementos no valorados anteriormente, por lo que la presente causa debe reabrirse”, dice el escrito de la DAIA presentado en el juzgado a cargo de Rafecas y firmado por el presidente de la entidad, Ariel Cohen Sabban, junto con el abogado Santiago Kaplun, secretario general de la institución.
Para la DAIA, la prueba nueva son las afirmaciones que habría hecho Timerman en dos diálogos telefónicos mantenidos con el ex titular de la AMIA Guillermo Borger y el ex vicepresidente segundo de esa entidad Guillermo Scaliter. Esos diálogos difundidos por la prensa son los que fueron denunciados ante Bonadio por el abogado José Luis Magioncalda y Santiago Dupuy de Lome.
La prueba, objetada por la defensa del ex canciller, fue validada en mayo pasado por la sala II de la Cámara Federal penal porteña, que hizo expresa mención a la posibilidad de que pudiera servir para abrir a investigación la denuncia de NIsman, jamás investigada pese a las 50 medidas de prueba solicitadas por el fiscal Pollicita.
”Si fuera otro, no hubiera puesto la bomba. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Tenés otro para negociar?”, le dijo Timerman a Borger según el diálogo telefónico reproducido en un libro del periodista Daniel Santoro (“Nisman debe morir”) y difundido por Radio Mitre en diciembre pasado. El diálogo fue en el marco de la discusión parlamentaria del Memorándum. Clarín/
ENOJADOS CON CRISTINA, EN EL PJ ACELERAN LA RUPTURA CON EL FRENTE PARA LA VICTORIA
Cristina Kirchner volvió el viernes pasado desde Santa Cruz a Buenos Aires y sus últimas declaraciones volvieron a irritar a varios dirigentes peronistas. Los gobernadores se pusieron al frente de la lista de “enojados”, y el propio PJ se convocó a un encuentro para la semana próxima, donde se decidirá la salida del “peronismo institucional” del bloque del Frente Para la Victoria en Diputados.
Los primeros en reaccionar fueron Miguel Ángel Pichetto y José Luis Gioja. El jefe de los senadores buscó mantener la elegancia y dijo por TN que “sería bueno que los ex presidentes no hablaran de temas de coyuntura”. Por su parte, el titular del PJ Nacional se desperezó políticamente y sacudió: “Es fácil estar lejos, venir por ratos y decir un montón de cosas”, aseguró por una FM de su provincia, San Juan (Ver aparte).
Esas molestias fueron parecidas a las que surgieron entre los gobernadores peronistas, quienes se dieron tiempo para hablar del “Caso Cristina Kirchner”, tras la reunión de ayer en la Casa Rosada con los ministros del Interior Rogelio Frigerio, y de Hacienda y Financias, Alfonso Prat-Gay, por la devolución del 15% de Coparticipación (Ver página 8).
Los mandatarios se juntaron y conversaron tras la cita con el Gobierno y compartieron su malestar con la ex Presidenta. El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, tuvo un rol clave con los llamados a sus colegas para sentarse a analizar el asunto; esa iniciativa contó con el OK de Pichetto, quien es secretario político del PJ y opera como un nexo entre los mandatarios provinciales.
Un dirigente peronista que fogoneó el encuentro de los gobernadores repitió ante varios su furia con Cristina: “Es el Herminio de esta época”, definió al parangonarla con el ex intendente de Avellaneda, quien quemó un cajón en el cierre electoral del año 1983 y terminó siendo fatal para las aspiraciones de la fórmula presidencial del PJ en ese año.
“Dejémosla sola con (Luis) D'Elía y (Martín) Sabbatella”, reiteró ante los jefes provinciales que lo escuchaban. Entre los gobernadores circuló este fin de semana una encuesta nacional de Hugo Haime, donde los números son malos para la ex mandataria peronista. A la consulta sobre si Cristina es culpable o no de las acusaciones de corrupción, el 71% la considera la máxima responsable y solo el 17% la considera inocente. Ese número contrastaría con el 33% de adhesión irrestricta con el que aseguran contar en el kirchnerismo.
Las definiciones de los gobernadores también alcanzan al ex gobernador Gioja, quien sigue sentado en el bloque del FPV en la Cámara de Diputados. Gioja viajó de San Juan a la Capital y se apuró para juntarse con Gildo Insfrán, jefe del Consejo Nacional del PJ. Más allá de que el gobernador de Formosa frecuenta al kirchnerismo, ya no puede frenar una definición del partido: por eso, la semana que viene habrá una reunión del Consejo y se definirá la ruptura con el bloque del Frente para la Victoria. El nuevo espacio iniciará conversaciones con el “Bloque Justicialista”, el nombre que los diputados peronistas comandados por Diego Bossio y Oscar Romero eligieron para declamar su independencia de los K. Así, el PJ institucional definirá su ruptura final con la dirigencia fiel a Cristina Kirchner, quien hoy solo se muestra preocupada por quiénes se suman a una defensa irrestricta de su gestión. Clarín/
ECONOMIA
EL GOBIERNO FIRMÓ UN ACUERDO PARA DEVOLVERLES FONDOS A LAS PROVINCIAS
El Gobierno selló ayer definitivamente el convenio con las provincias para devolver de forma gradual el 15% de coparticipación retenido para financiar a la ANSeS. Fue el punto final a una larga discusión que se inició tras la estatización de las AFJP y motivó incluso que varios distritos llevaran su planteo a la Justicia. La cumbre, en la que participaron representantes de 23 distritos, incluyó también la firma del “Acuerdo para el fortalecimiento del federalismo”, una iniciativa por la que tanto la Nación como los mandatarios provinciales arreglaron empezar a impulsar una nueva ley de coparticipación federal -aún sin plazos concretos- y se comprometieron a alcanzar un equilibrio fiscal en 2019.
El convenio firmado ayer es complementario del trazado en mayo en Córdoba, ya que permitirá instrumentar la devolución escalonada de los fondos con las provincias que ya consiguieron el aval de sus legislaturas. Según precisó el Gobierno, este año girará más de 37 mil millones de pesos como parte de este acuerdo: $12.386 millones, en cumplimiento del 3% previsto para el primer año y otros $24.771 millones en concepto de un adelanto del 6%, aportado por el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, préstamo que se descontará de la suma correspondiente para 2020, año en el que las provincias deberían comenzar a recibir la totalidad de los fondos.
“Construir un país más federal es un camino que ha decidido emprender el Presidente junto a las provincias”, indicó el ministro del Interior Rogelio Frigerio en la conferencia de prensa que brindó, al cabo de la reunión, junto a los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Sergio Uñac (San Juan) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Este último, quien padeció el embate del kirchnerismo, destacó la “jerarquía del vínculo que propone” el Gobierno al ofrecer “igualdad de condiciones” para todos, “sin reproches, castigos ni discriminación”, más allá de las “posiciones políticas diferentes”.
A cambio de conseguir más fondos de la Nación, las provincias accedieron a converger en un equilibrio fiscal en 2019. Según explicó Frigerio, se trata que “de acá a 4 años, haya equilibrio en las cuentas públicas y no exista diferencia (negativa) entre lo que ingresa y lo que se gasta”.
También, las provincias prometieron destinar parte de los fondos a inversión en infraestructura y fomentar el desarrollo de las economías regionales. “Vamos a achicar el gasto y aumentar la inversión”, dijo el peronista Uñac, en sintonía con el discurso que había dado Macri a la mañana.
Pero el acuerdo incluyó no sólo temas vinculados al destino final de los fondos, sino que fue más amplio y contempló, por ejemplo, la implementación de políticas de transparencia, especialmente en la obra pública, y la “optimización” de los recursos humanos de cada provincia. Esto es, a secas, la revisión de la planta de empleados públicos.
En tan buenos términos fue la cumbre que ninguno de los mandatarios se quejó por el reclamo de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, pese a que en caso de prosperar implicará una quita para el resto de los distritos. Ese tema, coincidieron desde ambos lados, quedará para una “próxima reunión”, donde se empezará a debatir una nueva ley de coparticipación federal. “El Presidente no entiende como la concentración de poder y recursos para someter a las provincias”, remarcó Frigerio, que buscó dejar en claro que la Casa Rosada considera prioritario plantear un nuevo esquema de distribución de los recursos pero que requiere el apoyo de todos los distritos. Ayer, la única provincia ausente fue La Pampa, cuyo gobernador no asistió debido a un problema de salud y decidió no enviar emisario, como sí hicieron sus pares de Chubut, Santa Fe y la Ciudad. Clarín/
MACRI ANUNCIÓ PAGOS EXTRAORDINARIOS A LAS OBRAS SOCIALES SINDICALES CONCRETAN PACTO FINANCIERO CON LA CGT
El Presidente cumplió con el anuncio de un mecanismo para devolver $30 mil millones. Por: Mariano Martín ”Reparación histórica”. Así definió Macri el mecanismo en el acto.
El Gobierno anunció ayer la mayor cesión financiera a las obras sociales de los sindicatos, de los que espera una tregua al menos hasta después de la unificación de la CGT en un contexto de crecientes amenazas de medidas de fuerza y de reapertura de paritarias. El plan, que como adelantó este diario contempla un pago inmediato de $2.700 millones y que les garantiza a los gremios más recursos frescos, prevé a cambio destinar $8.000 millones que los dirigentes reclamaban como propios a un fideicomiso para crear un “Plan Universal de Salud”.
La ingeniería, que arrancó en la campaña de Mauricio Macri e involucró a la mitad de su gabinete, fue dada a conocer por el mandatario ante buena parte de la cúpula de la CGT y gobernadores en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Sobre la base de una deuda reclamada por los gremialistas por más de 30 mil millones de pesos, el plan incluirá un decreto de necesidad y urgencia que creará tres instrumentos financieros por 27.500 millones de pesos; una decisión administrativa que habilitará el pago más inmediato a las obras sociales, y un cambio en la cobertura médica para discapacitados que les permitirá a las entidades de los sindicatos un alivio por 2.500 millones de pesos.
La base de todos los anuncios es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que durante una década fue motivo de permanentes tironeos entre funcionarios y la CGT. El fondo fue creado para financiar las prestaciones médicas más costosas y se compone de aportes impositivos de las propias obras sociales. La lógica aplicada en la década pasada era destinar un presupuesto estimativo para la cobertura de esos tratamientos y resguardar el excedente del FSR hasta que llegó a su valor actual cercano a los 30 mil millones de pesos.
La promesa asumida por Macri de reintegrar ese monto se cumplió ayer con condiciones. Ante la imposibilidad alegada por el Gobierno de agilizar el pago, la mitad del FSR se reconvertirá en una colocación de bonos Bonar 2020 por $15 mil millones depositados en el Banco Nación a la orden de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo clave que tiene a su cargo el pago de los reintegros a las obras sociales. Esos bonos devengarán un interés que volverá, por primera vez en una década, a las entidades de los gremios.
Otro mecanismo anunciado ayer será la creación de un fondo anticíclico de emergencia y asistencia para obras sociales por $4.500 millones que, bajo la órbita de la SSS, deberá atender contingencias o planes de prevención específicos proyectados por los gremios. Mientras que en paralelo habrá una transferencia directa de $2.700 millones a las obras sociales correspondientes, como había adelantado este diario, a los excedentes no distribuidos del FSR de 2015 y que deberá cubrir expedientes por reintegros no efectivizados por el sector público previo a 2012. En este caso será la partida con llegada más inmediata a las prestadoras sindicales.
El punto más novedoso del plan es la creación de un fideicomiso por $8.000 millones bajo el control de la SSS, el Ministerio de Salud y la CGT que tendrá por objetivo identificar sectores vulnerables de la población, no cubiertos por el sistema de las obras sociales ni de las prepagas -y por lo tanto, con la única chance de acudir al hospital público- y orientarlos hacia el mejor mecanismo para obtener una respuesta sanitaria satisfactoria.
Dicho de otra forma, se trata de una suerte de concesión que hicieron los gremios hacia la salud pública de fondos que reclamaban los dirigentes como propios. Uno de los responsables de la negociación explicó, sin embargo, que aguardan recuperar ese monto total con dos años de intereses del Bonar 2020, del que esperan un rendimiento estimado en 33 por ciento anual.
“Es el primer paso para la integración de la seguridad social en el sector público con un sentido progresista”, le comentó a este diario Luis Scervino, actor central de las medidas junto al ministro de Salud, Jorge Lemus, y al sindicalista José Luis Lingeri, el experto en la materia de la CGT. Junto a Lingeri estuvieron presentes en el Salón Blanco Armando Cavalieri, Carlos West Ocampo, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Jorge Sola y Gerónimo Venegas, el gremialista más identificado con el Gobierno. Las ausencias notables corrieron por cuenta de Hugo Moyano, que envió a Sola, y de Luis Barrionuevo, en Estados Unidos para atenderse de una dolencia.
Otro ítem del plan, con impacto financiero valioso para los gremialistas, es el financiamiento anticipado de los tratamientos por discapacidad. En la actualidad, ese tipo de prestaciones crónicas deben ser absorbidas por la organización del sindicato y luego esperar el reembolso por parte de la SSS. Con el cambio, será la Superintendencia la que empadronará a los discapacitados y la que depositará a los prestadores el valor de los tratamientos de manera directa, a través del FSR. Con esta medida los gremios calculan que dejarán de desembolsar de manera directa 2.500 millones de pesos.
También fueron incluidos en el esquema la implementación de la firma digital para los trámites en el sistema y una agilización de los pagos al hospital público por las internaciones y coberturas brindadas a los afiliados de los gremios. Así, las entidades públicas percibirán los valores en un plazo no mayor a 30 días cuando en el último tiempo lo recibían hasta con tres meses de demora.
La expectativa oficial está cifrada en atenuar los reclamos de los sindicalistas con vistas a un plenario este viernes en el que se prevé difundir un documento crítico al Gobierno por los tarifazos, la inflación y la pérdida de puestos de trabajo. En la CGT aclararon que ese documento mantendrá su tono de advertencia, así como la amenaza de iniciar un plan de lucha a partir del congreso de unidad del 22 de este mes. Ambito Financiero/
EMPRESARIOS RECLAMAN MEDIDAS PARA GANAR COMPETITIVIDAD
El IX Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) comenzó ayer marcado por los reclamos de los empresarios al Gobierno. Piden una mayor celeridad en la puesta en marcha de medidas para mejorar la competitividad. Aunque en las declaraciones públicas los referentes empresarios se mostraron cautos, todos coincidieron en que la administración “debe poner primera y arrancar”.
La expectativa es que hoy el ministro de Producción, Francisco Cabrera, aporte precisiones del camino a seguir en su discurso de cierre de la reunión, que será posterior al de Adrián Kaufmann, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Cristiano Rattazzi, presidente del grupo FCA (Fiat Chrysler Argentina), afirmó que la industria automotriz es “bastante poco competitiva hasta con Brasil; no podemos ni pensar en exportar a otros mercados. Hace diez años mandamos 140.000 autos a México, hoy eso es inimaginable”.
Volvió a cargar sobre los niveles de inflación: “Con más del 30% anual no se puede ser parte de los grandes países, eso es lo que crea la pobreza”. Descartó que este año la planta de Fiat en Ferreyra pueda reducir las suspensiones (está trabajando unos diez días al mes) porque Brasil “está muerto. Que acá se vendan autos no les sirve a mis obreros, porque el 80% de lo que hacemos es para el mercado brasileño”.
El presidente del grupo Arcor, Luis Pagani, se sumó a los reclamos de mejoras en la competitividad. Aunque no estuvo en el coloquio, lo hizo horas antes, durante la inauguración de una planta de industrialización de maíz en la localidad de Arroyito. “Los problemas de competitividad son por desventajas estructurales; necesitamos inversión en infraestructura, necesitamos gasoductos, necesitamos el tren Belgrano Cargas, que es una herramienta fundamental para movilizar producción. Hace falta un modelo inclusivo en el interior del país”, planteó en su discurso ante empresarios de primera línea de todo el país.
Esta vez -a diferencia de un año atrás- el eje del debate no está puesto en el tipo de cambio, aunque hay consenso en que debería estar “algo más alto” para ganar competitividad. Los industriales insisten en que hay un complejo listado de temas a abordar que se están demorando.
Salir de la jaula
“En algunos sectores, como el de la carne, queremos ver un cambio de tendencia. No estamos pidiendo resultados, pero sí medidas claras que nos muestren que hay una transformación. Ésta es una industria destruida y no hay ninguna señal”, dijo a LA NACION un referente del sector.
Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza (AGD), se mostró optimista acerca de que la cultura de consumo y competencia irá cambiando. “Ahora estamos con la jaula abierta, pero todavía estamos adentro, tenemos que salir. A medida que eso vaya pasando, los precios los irá marcando la gente.”
Los fabricantes de artículos del hogar y autopartistas insistieron en que la atención a sus planteos viene demorada. “Nos escuchan, salen leyes, pero no pasa nada”, describieron. Una de sus preocupaciones centrales es el precio de los insumos, que, indicaron, están 30% por encima de los promedios internacionales.
“No pueden abrir la competencia en productos si no lo hacen también al inicio de la cadena productiva. Hace falta sincronía para que esa medida tenga éxito”, graficó ante LA NACION un industrial.
También el ministro de Industria de Córdoba, Roberto Avalle, planteó que no habría que descartar abrir los sectores productores de insumos a la competencia importada para favorecer a las pymes. Lo escuchaba Luis Betnaza, director de Relaciones Industriales de Techint, grupo empresario con el que la provincia se enfrentó hace unos meses por los precios de los caños de gasoductos y la chapa.
Un productor de electrodomésticos señaló que los precios de los fletes dejan fuera de mercado a las empresas argentinas. Explicó que 1000 kilómetros en camión a Uruguay desde la Argentina se pagan 3000 dólares, mientras que un contenedor desde China se trae por 600. “No hay nada más que decir -sintetizó-. Si no se avanza en infraestructura, hablar es perder el tiempo.”
Obras demoradas
Los asistentes a la reunión no terminaban de entender por qué se demora la puesta en marcha de las obras públicas, que tendrían un efecto dinamizador sobre toda la economía. “Anuncian, dan cifras, pero no avanzan. Pierden meses preciosos, van a cumplir un año y siguen ensayando. Una vez está bien, pero dos no se comprende”, sostuvo un empresario del interior cordobés al calificar la gestión nacional.
Pagani se mostró convencido de que a fines de año y comienzos de 2017 la actividad empezará a despegar. Coincidió con Rattazzi en que el campo está jugando un rol fundamental. “Hay 150 millones de toneladas de granos para agregarles valor, tenemos que salir a darle de comer al mundo”, manifestó.
Varios de los asistentes lamentaron que el presidente Mauricio Macri no haya convocado a una concertación apenas asumió, para establecer “con claridad” los pasos que seguirían y fijar precios de salarios y costos de producción. Como ejemplo de desprolijidad, todos apuntaron a los aumentos de tarifas: “Lo que tenía que resolver la política terminó en la Justicia”, concluyeron. La Nación/
INDUSTRIALES, A LA EXPECTATIVA POR EL PLAN DE RECONVERSIÓN
El secretario de Industria de la Nación, Martín Etchegoyen, confirmó los adelantos periodísticos sobre el plan de reconversión productiva en el que trabaja el Gobierno, que despierta expecativa entre los hombres de negocios. En diálogo con LA NACION, afirmó que es un programa “de transformación” con participación interministerial que apuesta a que el Estado acompañe “el proceso que debe transitar la economía”.
Entre los deberes a cumplir por el Gobierno remarcó la baja del costo de capital -”de hecho las tasas están cediendo”, dijo- y la promoción de la inversión. Etchegoyen rechazó que vaya a existir una apertura de importaciones: “No va a ocurrir; como en todo el mundo hay sectores concentrados en la provisión de insumos pero lo que haremos es un fuerte seguimiento para que no haya abusos”.
Enfatizó que la comisión de Defensa de la Competencia debe funcionar a pleno “controlando y sancionando efectivamente” en todos los puntos de la cadena. Empresarios de distintos sectores consultados por LA NACION señalaron que están esperando detalles del plan. Marcos Alladio, dueño de la empresa José Alladio e Hijos, productora de los lavarropas Drean, calificó de “deseables” los anuncios aunque admitió que todavía son una incógnita.
Hoy, después del cierre del Coloquio Industrial, el ministro Francisco Cabrera recorrerá la planta de Luque. “Hay distintas realidades dentro de un mismo sector, como el nuestro -puntualizó Alladio-. Hay empresas que invirtieron y están actualizadas pero así y todo no pueden competir por los sobrecostos de la economía argentina”.
Daniel Funes de Rioja, titular de la Cámara de Productores de Alimentos (Copal), planteó a este medio que el Gobierno debe apuntar también a promover la inversión interna y la de las pymes, y que espera que el plan contemple las reformas necesarias.
Entre los aspectos que, a su entender, deben incluirse mencionó un panorama de cómo será la presión fiscal el año próximo: “No pretendemos que la reforma sea ya, pero sí que nos expliquen qué harán y cómo estaremos en 2017”.
También incluyó los factores vinculados a infraestructura y logística; consideró que hasta tanto se pongan en marcha y se terminen las obras anunciadas debe “haber paliativos o compensaciones”. Una reducción de los costos laborales no salariales fue otro de los puntos, sobretodo tomando en cuenta las diferentes realidades regionales.
Los representantes del sector autopartista están entre los más interesados en conocer si habrá alguna contemplación en particular para ellos, que están afectados por la crisis de las automotrices. Etchegoyen indicó que ya hay líneas de financiamiento especiales para incentivar la compra de vehículos “de manera de dinamizar el mercado local; pero no podemos hacer nada para reactivar Brasil”.
Teddy Karagozian, presidente de la textil TN&Planet, se quejó de la presión impositiva que sufre el sector, que estaría entre los primeros a reconvertir en el plan oficial.
“La mayoría de los impuestos están montados sobre el empleo y, al ser federal y depender de muchas empresas que hacen muchas cosas, pagamos impuestos ilógicos como Ingresos Brutos y emisión de cheques que no existen en ninguna parte del mundo”. La Nación/
AFIP NEGOCIA CON BANCOS QUE EL IMPUESTO DEL BLANQUEO SE PAGUE EN SUS SEDES AFUERA
Para que el ingreso de divisas por esa vía no deprima el valor del dólar en la plaza local, el Gobierno apunta a establecer que el pago del impuesto especial por el blanqueo de cuentas bancarias del exterior se haga en sucursales del Banco Nación afuera del país. Sin embargo, la AFIP ahora estaría negociando con los bancos privados que ellos también puedan cobrar esa multa por haber ocultado fondos.
La exteriorización de las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior se hará mediante la declaración jurada de su depósito en entidades del exterior. Como respaldo, quienes blanqueen deberán solicitar a esas entidades la extensión de un resumen o estado electrónico de la cuenta a la fecha de preexistencia. De dichos comprobantes deberá surgir: identificación de la entidad del exterior; apellido y nombres o denominación y domicilio del titular del depósito, y número de cuenta.
Asimismo, las entidades financieras receptoras de esas tenencias deberán emitir un certificado que contenga: nombres y apellido o denominación y domicilio del titular; identificación de la entidad del exterior; importe de la transferencia expresado en moneda extranjera, y lugar y fecha de la transferencia, indicó un informe de BDO.
Pero quienes declaren valores o tenencias en el exterior no están obligados a ingresarlos al país, sin embargo, quienes opten por hacerlo, deberán realizar la transferencia al país mediante entidades financieras habilitadas.
Conforme la R.G. (AFIP) 3919/2016, se encuentran dentro del citado supuesto los depósitos efectuados en entidades bancarias, financieras, agentes de corretaje, agentes de custodia, Cajas de Valores u otros entes depositarios de valores del exterior, que se encuentren localizados en jurisdicciones o países no identificados como de alto riesgo o no cooperantes según la lista publicada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) vigente al 22 de julio de 2016.
