Desde el recambio legislativo, 51 diputados del FPV, Cambiemos y UNA no propusieron leyes en el Congreso ,en
Llegaron a sus bancas de la Cámara de Diputados con una ristra de promesas y el compromiso de ser dignos representantes del pueblo que los votó. Sin embargo, transcurridos ya siete meses de tarea parlamentaria desde la renovación de ambas cámaras del Congreso, 51 diputados nacionales, tanto oficialistas como de la oposición -el 20% de un cuerpo de 257 integrantes-, no presentaron hasta ahora ningún proyecto de ley.
Así surge de un relevamiento de Congresoscopio de LA NACION, elaborado sobre datos oficiales que figuran en la página web de la Cámara baja. Al tope de la lista con cero proyectos de ley presentados aparece el diputado Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner y cabeza de la lista de candidatos por Santa Cruz el año pasado. Kirchner no sólo no propuso ninguna ley hasta ahora; tampoco presentó proyecto de resolución o de declaración alguno, que son iniciativas de tipo declamativo y de redacción más sencilla que una ley.
Los ex ministros de Economía Axel Kicillof y de Planificación, Julio De Vido, hoy devenidos diputados del FPV, tampoco tienen proyectos de ley de su autoría. Sin embargo, a diferencia del hijo de la ex presidenta, presentaron media docena de resoluciones y declaraciones. Además, son activos participantes en los debates en las sesiones y en las comisiones, sobre todo Kicillof. En esto marcan también diferencia con el diputado Kirchner, de perfil más pasivo.
Pero las malas calificaciones no son exclusivas del FPV: 19 diputados del oficialismo, en su mayoría integrantes de Pro que asumieron en diciembre pasado, tampoco presentaron proyectos de ley. Entre ellos el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, quien a diferencia de antecesores suyos en el cargo, no firmó hasta ahora ninguna iniciativa, ni propia ni ajena.
Hay otros legisladores de Pro en similar situación, como la diputada Ana Laura Martínez, quien fue la revelación de Pro para competir por la intendencia de Rosario el año pasado. Perdió en manos del socialismo, por lo que su destino político pasó a ser la Cámara de Diputados. Como legisladora de Cambiemos, Martínez no presentó ningún proyecto propio. Tampoco uno de resolución ni de declaración. Un caso similar es el de Carlos Gastón Roma, quien pese a ser el apoderado de Pro en Tierra del Fuego con cierto perfil político, en la Cámara baja no propuso ninguna iniciativa.
El relevamiento que elaboró Congresoscopio detectó que de los 51 diputados que no elaboraron ningún proyecto de ley en estos últimos siete meses la mayoría -31 legisladores- asumió el 10 de diciembre pasado. Está visto que, pese al afán por acceder a una banca, las promesas de campaña tardan en traducirse en iniciativas propias.
Los restantes 20 son diputados con mandato desde 2013 que, si bien en estos últimos meses no propusieron leyes propias, sí lo hicieron durante sus dos primeros años de gestión. Es el caso de los kirchneristas Carlos Kunkel y Andrés "Cuervo" Larroque y de los oficialistas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, de labor parlamentaria activa y autores de varias iniciativas de ley entre 2014 y 2015.
Pero quien se lleva la peor nota en el ranking es el diputado Sandro Guzmán: no sólo no presentó proyecto alguno en estos últimos siete meses, sino que su "morosidad" se remonta a 2013, cuando asumió por Buenos Aires. En estos tres años acompañó iniciativas ajenas, pero no elaboró ninguna propia. Guzmán es un dirigente por demás peculiar: ex intendente de la localidad bonaerense de Escobar, tiene un récord de pases políticos: sólo en 2015 saltó a tres fuerzas distintas.
El diputado nacional arrancó en el Paufe, de Luis Patti, con el cual llegó al poder de Escobar en 2007. Pero a los pocos días de asumir se pasó al kirchnerismo. Cuando Sergio Massa lanzó su Frente Renovador, en 2013, allí estaba Guzmán. Curiosamente, fue Guzmán el primer jefe comunal en dejar el massismo, en abril de 2015. El dirigente volvió al FPV de la mano de Aníbal Fernández y Wado de Pedro.
Pero ahora el ex intendente volvió a romper con el kirchnerismo, sumándose al espacio que armó el diputado Darío Giustozzi, ex intendente de Almirante Brown, llamado "Compromiso Parlamentario por la Argentina". Se trata de un espacio de peronistas anti-K y filomacristas, con Giustozzi a la cabeza. En el Senado, los legisladores son más productivos en materia de proyectos de ley. Sólo dos senadores no presentaron ninguna iniciativa: Alfredo Martínez (UCR) y el kirchnerista José Mayans. Diputados que no proponen leyes desde hace siete meses 19 DIPUTADOS
Máximo Kirchner no presentó ningún proyecto propio, ni de ley ni de resolución ni de declaración. Axel Kicillof, Julio De Vido y Verónica Mercado (sobrina de Alicia Kirchner) no propusieron leyes 19 DIPUTADOS
En su mayoría son diputados de Pro que asumieron en diciembre pasado. Entre ellos figuran Emilio Monzó, presidente de la Cámara baja, y Ana Laura Martínez, ex candidata a intendenta de Rosario 7 Diputados
Responden al interbloque que lidera Sergio Massa y todos asumieron su banca en diciembre pasado. Otros dos diputados son del Bloque Justicialista La Nación/
“SEÑORES DIPUTADOS: NECESITAMOS QUE APRUEBEN LA LEY DE LECHES MEDICAMENTOSAS”
Imagínense esta situación: un bebé con vómitos, diarreas, cólicos las 24 horas, urticaria, lesiones en piel que llegan a sangrar, dolores, irritabilidad que no le permite dormir, síntomas que se manifiestan en lo físico y en el estado de ánimo de ese niño que no puede siquiera verbalizar lo que le pasa. Los médicos lo revisan y muchos de ellos no pueden entender qué le ocurre. El bebé desespera por el dolor, la madre desespera por la impotencia, la familia desespera por la situación. Después de un tiempo es diagnosticado: tiene APLV. Acá empieza otro drama: ¿qué es eso y cómo lo trato? Esta situación desesperante que usted acaba de imaginar es la que atravesamos con dos de mis tres hijos, y la que miles de familias atraviesan a diario en soledad.
APLV es la Alergia a la Proteína a la Leche de Vaca, y lidera el ranking de los alérgenos en nuestro país. Los niños que la padecen y toman pecho materno reciben la proteína a través de su mamá. Por eso necesitan una alimentación específica, controlada y adecuada, y para esto es imprescindible en la gran mayoría de los casos el aporte de leches “medicamentosas”.
Desde 2014 se está tratando en el Congreso de la Nación un proyecto para que obras sociales y prepagas cubran este tratamiento. Ya está aprobado en ambas Cámaras, y si en las próximas semanas no se trata en Diputados, un artículo que quedó pendiente, el proyecto va a perder vigencia, y ello sería imperdonable.
Señores diputados: ¡necesitamos urgente la ley de leches, sólo ustedes pueden hacer que las familias desesperadas comiencen a disfrutar de la sonrisa de sus hijos! Sandra del Hoyo PRESIDENTA DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ALERGIA A ALIMENTOS, RED INMUNOS www.redinmunos.org Clarín/
EN PRO PIDEN MODERAR LAS CRÍTICAS A LOS MANDATARIOS
La cúpula partidaria exigió a sus dirigentes no atacar a los gobernadores
No es tiempo de críticas despiadadas, ni siquiera a los caudillos provinciales desprestigiados luego de años de gestión y por su reciente cercanía con el kirchnerismo.
Fue ése el mensaje que transmitieron desde la cúpula partidaria de Pro a dirigentes macristas de todo el país, enojados (o sorprendidos) por el buen diálogo que el Gobierno de Cambiemos estableció con muchos gobernadores del PJ, a quienes recibirá hoy en Casa Rosada el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
"La gente nos eligió para que solucionemos los problemas al margen de las pertenencias políticas", dice en sus primeros párrafos la carta enviada a sus referentes locales, firmada por el presidente del Consejo Nacional partidario, Humberto Schiavoni, y su secretario, Francisco Quintana.
La carta, enviada el miércoles pasado y a la que pudo acceder LA NACION, intenta calmar las aguas en muchas provincias, adonde llegaron en los últimos meses funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el propio presidente Mauricio Macri, Frigerio o el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para mantener reuniones con mandatarios provinciales. En varias de ellas, no hubo espacio en la agenda para los referentes locales de Cambiemos, se quejan en Pro.
"La relación con los gobiernos locales no significa, en todos los casos, un aval político a los mismos", reza la carta. "Nuestro gobierno va a mantener relaciones maduras con todos los gobiernos provinciales en el marco institucional, a diferencia de lo que ocurrió durante los últimos doce años", agregan en el texto Schiavoni y Quintana. Razonamiento en el que se adivina la mano del jefe de Gabinete y su estrategia de comunicación.
Para los firmantes, "la gente tiende a identificar los ataques como peleas de políticos y nos mete a todos en la misma bolsa. Nunca nos caracterizamos por ese tipo de acciones. Ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia ni en la Nación ganamos las elecciones apelando al ataque". En varias provincias, el acercamiento "institucional" del Gobierno con las autoridades provinciales complica las ambiciones de miembros de Cambiemos.
La buena sintonía con Juan Manzur (Tucumán) y Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero) hace "ruido" en sus eventuales rivales, como el radical tucumano José Cano o la oposición a los Zamora, que se preparan para enfrentarlos. Más sencilla es la situación en Santa Fe y San Luis, donde la pelea entre la Nación y los gobernadores Miguel Lifschitz y Alberto Rodríguez Saá alienta a la oposición de Pro y la UCR. La Nación/
UN MANIFIESTO POR LA JUSTICIA
La reapertura de causas que eran cosa juzgada y la violación del derecho a la prisión domiciliaria han sido denunciadas por un grupo de destacados juristas.
Un conjunto de muy destacados juristas, cuya independencia de opinión no requiere demostración, ha emitido un documento titulado "Manifiesto: la Justicia y los juicios de lesa humanidad", donde cuestionan que se hayan dejado de lado los principios fundamentales de la justicia en el tratamiento de los delitos cometidos durante la represión del terrorismo de los años setenta. El documento objeta también la asimetría en el juzgamiento de estos delitos mientras se han mantenido impunes los cometidos por los grupos armados que desataron la violencia en pos de la implantación en la Argentina de un régimen totalitario marxista al ejemplo de Cuba.
El manifiesto tiene un carácter jurídico. Reclama justamente por la falta de juridicidad en casos en los que prevalecieron la ideología y la exacerbación de sentimientos de venganza. Durante la gestión kirchnerista, las condenas y encarcelaciones de militares y miembros de las fuerzas de seguridad se utilizaron como una pantalla para recoger apoyos políticos y para inhibir críticas, como si con ese proceder se adquiriera un fuero virtual que les permitiera quedar impunes del latrocinio y la corrupción.
Según destaca el manifiesto, se reabrieron procesos que ya habían adquirido categoría de cosa juzgada, se privó a los acusados del derecho a un debido proceso y se les negó la aplicación de la ley penal más benigna. Desapareció la necesaria seriedad procesal en ciertos juicios orales, envueltos en espectáculos cercanos al linchamiento por muchedumbres convocadas al efecto. Testigos y testimonios resultaron en muchos casos fraguados. En varias ocasiones los acusados fueron llevados al tribunal en camilla, sin que siquiera pudieran expresarse. Son 1435 las personas privadas de la libertad, de las cuales 248 llevan más de tres años de prisión preventiva sin sentencia. Han sido 360 los que han muerto en cautiverio y a muchos de ellos se les negó un tratamiento médico razonable. Aun a pesar de la elevada edad de la mayor parte de estos reclusos, superior a los 70 años que establece la ley, se les ha negado la prisión domiciliaria. Sólo en estos últimos meses se advierte una mejor disposición a concederla, aunque en algún caso, como el del general Eduardo Cabanillas, la prisión domiciliaria le llegó cuando ya había iniciado una huelga de hambre.
La declaración hace referencia a la negación de justicia a las víctimas de atentados realizados por los grupos terroristas. Para estos casos todas las instancias judiciales han rechazado sistemáticamente las demandas, al aducir la prescripción por entender que no están alcanzados por la calificación de lesa humanidad debido a que no hubo intervención del Estado. Los juristas interpretan, por el contrario, que "el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, y al que la Argentina ha adherido, considera expresamente tanto los delitos cometidos por el terrorismo de Estado como los perpetrados por bandas armadas dentro de la misma categoría de lesa humanidad y, por ende, sujetos a idéntico régimen de imprescriptibilidad". Para más abundamiento, tanto los Montoneros como el ERP recibieron adiestramiento y apoyo material del Estado cubano. Debe recordarse además que luego del cruento ataque al cuartel de Azul, el entonces presidente Juan Domingo Perón pidió la renuncia a los gobernadores Oscar Bidegain, de Buenos Aires, y Ricardo Obregón Cano, de Córdoba, por considerar que desde sus gobiernos habían prestado apoyo a los grupos terroristas.
Desde esta columna editorial nos hemos ocupado recientemente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la viuda del capitán Humberto Viola, asesinado en 1974 por el ERP junto a su hijita María Cristina. Esta presentación expone justamente estos antecedentes. No sólo no están sometidos a juicio los responsables de los grupos terroristas, sino que muchos de sus integrantes que en su momento fueron amnistiados o indultados fueron más tarde premiados con cargos públicos y loas en el relato oficial de la era kirchnerista.
Resultan claros los argumentos jurídicos expuestos con profesionalidad en el manifiesto. Pero se podrían agregar otros relacionados con la clara discriminación y el tratamiento asimétrico aplicado a ambas partes de la guerra interna sufrida por nuestro país en los setenta. La interpretación parcial de los hechos ha alcanzado gran parte de los medios y también los textos escolares y las universidades estatales. Sometidos a estos relatos, presiones e inhibiciones, en algunos casos por la propia adhesión a la denominada "justicia legítima", se han desempeñado los jueces a quienes ahora se les reclama nada menos que hacer justicia. La Nación/
LAS OBRAS PÚBLICAS, EN CÁMARA LENTA
Hay planillas de la Secretaría de Hacienda que son lo más parecido a una radiografía sobre cómo y en qué se gasta la plata del Estado, donde el uso de los fondos públicos está discriminado por ministerios y por programas. Transcurridos ya siete meses de gobierno macrista, las del 24 de julio pasado revelan todo eso y más que eso: notorias diferencias de manejo de los recursos entre algunos organismos.
Pero valen unas cuantas aclaraciones antes de entrar al ciclo macrista.
Una regla general dice que no siempre gastar menos es igual a ahorrar, pues detrás puede haber fallas de gestión. También, que gastar más no equivale a despilfarro y, finalmente, un par de requisitos que pocas veces se cumplen: eficacia y transparencia con el empleo de los recursos disponibles.
Varias de las precisiones que siguen empiezan a rozar al tiempo del macrismo. Después de la era K, del Estado convertido en apéndice del poder político y en fuente de corrupción, el nuevo gobierno decidió dedicarse a limpiar un terreno lleno de malezas.
Encaró una revisión completa y no sin obstáculos de la herencia. Que incluyó, entre otras cosas, descubrir sobreprecios y contrataciones infladas, licitaciones oscuras y adjudicaciones también oscuras y, finalizada la tarea, pagar el muerto que le habían dejado. En el medio, los funcionarios preferían no arriesgar sus firmas en cuestiones que podrían comprometerlos a ellos mismos.
Todo justifica demoras, pero si la medida de la performance de cada organismo es el uso de la plata disponible, Vialidad Nacional se lleva las palmas. Según las planillas de Hacienda, ha gastado el 60% de un presupuesto anual de $ 26.000 millones; sobre todo en contrucción y mantenimiento de rutas y caminos. Vialidad depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Sobre lo mismo, pero en sentido inverso, hablan gastos del ministerio que conduce Rogelio Frigerio. Aquí las cuentas cantan que en el plan de viviendas Techo Digno sólo se usó el 26% de una partida anual fijada en $ 11.900 millones. El 25% en el programa Más Escuelas y Mejor Educación y un 6,6% –sobre $ 4.725 millones– en otro destinado a Mejorar el Hábitat Social Las denominaciones de esos emprendimientos vienen de cuando Julio De Vido controlaba o descontrolaba el Ministerio de Planificación.
Un dato común a Vialidad y a Obras Públicas es que se trata de inversiones en actividades socialmente esenciales, o vitales para el despliegue de las fuerzas productivas. Justamente allí donde el país enfrenta déficits enormes.
De una especie similar son otros números de Hacienda. Cuentan que durante el primer semestre la inversión pública total creció apenas 11% respecto del mismo período del año pasado, un registro bajísimo contrastado con una inflación del orden 40%.
Más de lo mismo, entre enero y junio las transferencias del Gobierno a la provincias para gastos de capital aumentaron 18%: nuevamente inversión en cámara lenta.
Queda claro en cualquier caso que aquello que se haga o deje de hacerse se traslada bajo la forma de actividad y empleo al interior. Así, existen gobernadores e intendentes tocando las puertas de Frigerio porque a la rastra corren proyectos políticos personales y partidarios, incluidos los que miran a las elecciones de octubre de 2017.
Explican consultores acostumbrados a leer estos datos en perspectiva: “Licitaciones hay, a veces dos o tres por día sumando Nación y provincias. El problema es que como no hay precios y los contratistas tienen dificultades para cotizar, las adjudicaciones se demoran”.
Ya consumidos los meses que llevó revisar la maraña de la era kirchnerista, los especialistas advierten ahora problemas de gestión.
Pero el tiempo apura al Gobierno y apura a Mauricio Macri, que cada vez más pone la lupa en la demora en ejecutar gastos de efectos tangibles al ojo de la gente.
Ocurre, sencillamente, que una de sus grandes apuestas a la recuperación de la actividad económica, si no la mayor, ancla en la obra pública. Y tratándose de eso, no va a faltar plata aunque las cuentas fiscales y los gastos imposibles de recortar aprieten. Mandan las necesidades de la política, manda entrar al año próximo con los motores bien calientes.
Nada nuevo dice afirmar que a corto plazo el eje del operativo pasa por levantar la construcción, que reacciona tan rápido a los estímulos como su propia reacción hace mover el empleo.
Hasta ahora, el sector viene circulando a contra mano. Acumula caída tras caída –19,6% en junio y 12,4% durante el primer semestre–, arrastra a las producciones vinculadas, como cemento, hierro y sanitarios, y finalmente le pega a la ocupación: en los últimos doce meses acumula arriba de 62.000 despidos.
En el mientras tanto hay lo que hay. Y entre lo que hay, las planillas de Hacienda muestran partidas de gastos subejecutadas junto a otras que lucen muy avanzadas o al borde de agotarse.
Una, que reúne el grueso de los subsidios energéticos, cuenta que se ha usado el 92% de un presupuesto anual de $ 67.400 millones. La destinada a financiar gastos corrientes de Aerolíneas Argentinas dice 77% y la que subvenciona el transporte automotor, o sea, los colectivos, un 65%.
Claramente, en las tres será necesario ampliar los recursos a través de los superpoderes o de un decreto de necesidad y urgencia. Aunque en verdad el macrismo opera sobre un presupuesto dibujado, tal cual fue costumbre durante la era K.
El Gobierno ya ha comenzado a trabajar en su propio presupuesto, que es como imaginar que, si aún no arrancaron, los tironeos por la plata que tocará a cada ministerio ya están en zona de largada. Ahí quedarán definidas las prioridades de Macri pensando en las parlamentarias.
De todos modos habrá un lado ciego o una tarea de aproximación importante, porque el Presupuesto de 2017 debe estar en Diputados a mediados de septiembre cuando los recursos que puede aportar el blanqueo aún serán una incógnita. Por más amplio que sea el menú de ofertas.
El primer vencimiento del régimen cae a fin de año y la experiencia cuenta que la mayoría tiende a esperar hasta último momento. Ese es un lado ciego que se mide en miles de millones. Clarín/
ENTRE ESPECULACIONES, MÁXIMO Y MASSA NO FIRMARON NI UN ACUERDO
Si hubo reuniones, no se registraron los resultados
Hayan o no existido las reuniones secretas de Máximo Kirchner y Sergio Massa, no hay hasta aquí un solo antecedente de coordinación legislativa, y mucho menos política, entre La Cámpora y el Frente Renovador. Sólo ese dato debería alcanzar para aplacar las especulaciones en torno a un hipotético encuentro entre los dos diputados en abril, anterior a los frustrados intentos de articular una posición conjunta en leyes como la antidespidos o de incentivos para pymes, o a los aún fríos intentos de frenar el tarifazo desde el Congreso.
Más allá de la reunión en Mercedes que publicó Noticias, Máximo y a Massa se sentaron en la misma mesa este año. Fue el día que Massa logró reunir en la Cámara de Diputados a las cinco centrales obreras. Horas más tarde, el jefe de La Cámpora, acompañado por Eduardo “Wado” De Pedro, compartió una charla con el líder de los renovadores y Graciela Camaño en el despacho de la diputada. Hablaron del pedido de los gremios: frenar la ola de despidos. El resultado se registró un par de semanas después.
Tras días de tironeos, el massismo vació la sesión especial que había convocado el FpV para votar el proyecto de freno a los despidos que llegaba del Senado.
Antes de esa sesión hubo otro encuentro en el ámbito parlamentario.
Fue en las ofi cinas que el FpV tiene en el tercer piso de la Cámara baja. Massa y Camaño se vieron con el presidente de ese bloque, Héctor Recalde, el vice, Luis Basterra, la secretaria parlamentaria, Teresa García, y el ahora presidente del PJ, José Luis Gioja. Otro intento vano de conjugar intereses, que terminó en una sesión especial sin quórum.
Fue la misma sesión a la que sí se sentó el entonces diputado renovador y titular del sindicato de Sanidad, Héctor Daer, para horas después abandonar las fi las massistas, enojado por el boicot que ordenó el ex jefe de Gabinete. A esa reunión de diputados sí tuvo intenciones de asistir otro legislador y gremialista alineado con Massa, Facundo Moyano, pero fi nalmente se quedó en el hemiciclo y no ocupó su banca.
Son tan malos los antecedentes de intentos de coordinación entre el kirchnerismo y el massismo que, pese a las tensiones que dejó su salida del FpV, las fi las de Máximo y Recalde han conseguido mejores resultados acercándose al bloque Justicialista de Diego Bossio que a Massa. La ley antidespidos, luego volteada por veto presidencial, es la mejor expresión.
Entre el FpV y Massa no lograron aliarse siquiera, detrás de una bandera común, como fue la ley para pymes. En el kirchnerismo cuentan que se había alcanzado un compromiso para acompañar el proyecto de incentivos a empresas de Massa si el Frente Renovador acompañaba la ley antidespidos.
Y hasta eso, que parecía cerrado, nunca se pudo ejecutar. Bae/
DIJO NO TENER PACTOS ELECTORALES CON EL FR
Stolbizer mostró preocupación por encuentro secreto
haranda@diariobae.com La diputada Margarita Stolbizer mostró ayer “preocupación” ante la la presunta reunión secreta entre Sergio Massa y Máximo Kirchnerm en abril. En los últimos dos meses la dirigente bonaerense se mostró en reiteradas ocasiones compartiendo actividades con Massa, lo que dio pie a especulaciones sobre una posible alianza electoral de cara a los comicios legislativos de 2017.
El posible encuentro secreto entre Máximo y el ex intendente de Tigre podría minar esa posibilidad debido a que la legisladora es una de las principales denunciantes ante la justicia de la ex mandataria Cristina Fernández.
“Por supuesto que un encuentro de ese tipo -más aún si se ha pretendido mantener en secreto- me genera preocupación” dijo al ser consultada por este diario, la titular del GEN.
La dirigente sostuvo que con el tigrense solo tiene “un acuerdo sobre la agenda de trabajo parlamentario y no hemos avanzado nunca en ningún otro tipo de acuerdo electoral” por lo tanto “tiene todo su derecho a conversar con quien quiera sin rendirme cuentas”. Bae/
REGLAMENTACIÓN: ENVIARÁN PROYECTO SOBRE OBRAS PÚBLICAS
El presidente Mauricio Macri destacó ayer que su administración introdujo cambios en el sistema de obras públicas que ahora buscará que sean permanentes a través del envío de un proyecto de ley al Congreso.
En su sitio web, el jefe de Estado indicó que durante la administración de Cambiemos “ya se implementaron cambios que transparentan el sistema y lo hacen más eficaz”, por lo que la iniciativa que enviará al Parlamento hará que esas modificaciones incorporadas “sean permanentes”.
“Los pliegos (para las obras) ya no se venden sino que se bajan gratis de la web”, remarcó el mandatario y detalló que “todo el proceso (de adjudicación) contará con auditoría de la Sigen, la AGN y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”.
En su publicación, que fue difundida a través de las redes sociales, Macri resaltó que “ahora 100 empresas descargaron los pliegos y las nuevas ofertas significan una reducción de más de 1.000 millones de pesos en los costos”. Subrayó además que tras los cambios introducidos “más empresas presentan más ofertas” y donde antes peleaban 5 compañías “ahora lo hacen hasta 20”. Bae/
AMIA: PIDEN HOY REABRIR LA DENUNCIA DE NISMAN CONTRA CRISTINA
Cuatro presentaciones judiciales simultáneas intentarán hoy que se reabra la denuncia del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman por encubrimiento a favor de Irán contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Se trata de la denuncia que Nisman firmó antes de su misteriosa y violenta muerte del 18 de enero del 2015 que Cristina buscó, con obsesión bloquear para que quede archivada tras la finalización de su mandato.
Por un lado, el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, pedirá esta mañana a Daniel Rafecas que acepte a su entidad como querellante en la denuncia de Nisman que este juez archivó y luego -en un operativo en sintonía con la estrategia de Cristina- confirmó la sala I de la Cámara Federal -integrada por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero- y no pudo llegar a la Cámara Nacional de Casación Penal. La DAIA si Rafecas acepta darle ese rol -que le permite pedir medidas de prueba- llegar a Casación para que decida. Fuentes comunitarias consideran que la posición de Rafecas y la sala I es imposible de cambiar con argumentos.
Por otro, el fiscal de la cámara federal Germán Moldes solicitará que se declare nula la reunión en que Freiler y Ballestero confirmaron el archivo de la causa. Mientras tanto, el abogado Ricardo Monner Sans denunció ayer penalmente a todos los que dispusieron el archivo de la denuncia y la nulidad de la decisión de Rafecas.
Al mismo tiempo, dos familiares de víctimas del atentado contra la AMIA de 1994 pidieron ser querellantes en la causa contra el ex canciller Héctor Timermam por presunta traición a la Patria por haber firmado el pacto con Irán en el 2013 (Ver recuadro).
Conocedora de esta situación, la ex presidenta Kirchner se despachó la semana pasada desde su cuenta oficial de Twitter contra el presidente Mauricio Macri y se refirió, además, sobre un hipotético plan del Gobierno para reabrir la denuncia de Nisman. A través una serie de tuits y con ironía, Cristina criticó la gestión de Macri. “Tienen un plan ¿Un plan para detener la ola de despidos, suspensiones, precarización y destrucción de puestos de trabajo?”.Y luego fue al grano: “Pero si, parece que tiene un plan. ¿Qué plan y para qué? Para reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina”, escribió. Lo que la ex presidenta no dijo es que la mayoría de las causas que se abren en Comodoro Py son a base de la fotocopia de una nota periodística. Basta que la denuncia sea una hipótesis verosímil para que se investigue. Nisman acompañó su denuncia con cientos de horas de audios y documentos. Clarín/
INDAGARON A LOS TUITEROS QUE AMENAZARON A MACRI
Los dos jóvenes de 21 años detenidos el sábado pasado acusados de haber amenazado por la red social Twitter al presidente Mauricio Macri fueron indagados ayer por la jueza María Servini y seguirán presos hasta que el tribunal a su cargo conozca el contenido de las computadoras secuestradas en la causa.
Así lo dijeron a Clarín fuentes judiciales, las que señalaron que uno de los dos jóvenes echó la culpa al otro, quien estaría más comprometido a raíz de un allanamiento que se hizo ayer por la tarde en su vivienda, mientras él estaba en Tribunales.
Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el allanamiento realizado en la localidad de Villa Bosch, al noroeste de Gran Buenos Aires, se secuestraron una escopeta, dos rifles de aire comprimido, tres teléfonos celulares, cuatro procesadores (CPU), dos cámaras de fotos, tres cédulas de identificación de vehículos, dos computadoras y otros documentosi no identificados pero "de interés" para la causa, de acuerdo con un comunicado de la cartera a cargo de Patricia Bullrich.
El procedimiento fue ordenado por la jueza Servini y llevado a cabo por efectivos de los Departamentos Unidad de Investigación Antiterrorista y Seguridad de Estado de la Policía Federal junto con las Brigadas Explosivos y Canes Detectores de la Superintendencia Federal de Bomberos, además agentes del Grupo Especial (BRI) de la Policía Metropolitana.
Bajo el hasthag #PrayForArgentina y desde la cuenta HassanAbuJaaf, los jóvenes habían mostrado fotos de posibles objetivos terroristas en Buenos Aires, entre los que se encontraban el Shoping del Abasto, el interior de un vagón de subte y la Casa Rosada. Además, "Nos vemos pronto @mauriciomacri", decía uno de los mensajes, que además incluían expresiones en árabe.
Los tuits fueron detectados por el departamento Cíbercrimen de la Policía Metropolitana y la misma división de la Federal. Y lograron identificar el IP de la computadora desde la que estaban publicando los posteos, un domicilio del barrio de Villa Ortúzar,
Fuentes judiciales dijeron los detenidos son familiares, tío y sobrino, respectivamente, y que éste último culpó al primero ya habría realizado los mensajes desde una computadora que utilizó la red wi fi de su casa una noche que se quedó a dormir allí.
"No ha escrrito los tuits él... No ha abierto la cuenta, no ha sido desde la computadora de mi asistido", señaló el abogado Roberto Damboriana, defensor de Walter Ovejero, quien resposabilizó por lo ocurrido a su tío, Miguel De Paola, el otro detenido. Este último es defendido por el abogado Miguel Angel Pierri.
Las detenciones se produjeron en la mañana del último sábado, día que Macri acudiría al acto inaugural de la exposición rural de Palermo, y en medio de los operativos internacionales relacionados con el inicio de los Juegos Olímpicos en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Clarín/
DETECTAN EMPRESAS FANTASMA DEL "JARDINERO" DE LA FAMILIA KIRCHNER
La justicia federal allanó en Rosario nueve sedes de empresas que estarían vinculadas a Héctor Barreiro -conocido como el ex jardinero de la familia Kirchner- y a su hijo Pablo. Ambos están sospechados de haber creado un conglomerado de sociedades para lavar dinero a través de exportaciones de frutas que no existieron. Las nueve sedes resultaron ser inexistentes.
Durante los allanamientos, la Gendarmería confirmó que en esos domicilios no funcionan las firmas exportadoras Comercializadora de Cuyo, Finca Los Aromos ni Indufrut, según informaron fuentes judiciales. Sólo había casas humildes, en el barrio Las Flores, de Rosario, y en Villa Gobernador Gálvez, como reveló LA NACION el 2 de julio pasado.
En esos domicilios, sin embargo, los gendarmes se toparon con quienes aparecen como prestanombres en esas firmas. Entre ellos, un albañil que se presentó ante la Justicia y dijo haber sido engañado para que firmara.
Mientras tanto, las ramificaciones de la pesquisa parecen llegar hasta la banda Los Monos y la investigación conocida como "Narcoarroz". Al presentarse en Tribunales, Justo Faustino Domínguez, que figura como uno de los socios de la firma Finca Los Aromos SRL, afirmó que le propusieron conformar "una especie de grupo de trabajo" para albañilería, pintura y plomería. "Me dijeron que los papeles los armaría la contadora Mariana Scacchi y que tenía que ir a Tribunales, donde me dieron una gran cantidad de papeles que firmé sin saber qué eran."
Sin embargo, Domínguez no se presentó solo en el juzgado. Lo hizo asesorado por Paul Krupnik, integrante del equipo de letrados que defiende a la banda narco Los Monos.
Los allanamientos se hicieron por orden del juez federal Nº 3, Carlos Vera Barros, e incluyeron también el estudio contable y la casa de la contadora Mariana Scacchi, donde se encontró documentación sobre la constitución de estas firmas fantasma.
Ahora el magistrado espera que el fiscal federal Mario Gambacorta pida la indagatoria de los once imputados en un expediente que de golpe tomó impulso. Lo que se pretende desentrañar es para qué se crearon estas pantallas y si sus ramificaciones llegan a Los Monos, banda que ya está siendo investigada por lavado de dinero desde octubre pasado.
La investigación se inició el 18 de mayo pasado, cuando los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, al mando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), presentaron una denuncia por supuesto lavado en el juzgado de Vera Barros, tras recibir indicios de que se había montado una entramado de empresas para blanquear fondos. Los datos surgieron de las áreas de investigaciones contra el Narcotráfico y Control Aduanero de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Fiscal (UIF).
Lo que ahora busca determinar la investigación es cómo esas firmas, a nombre de tres hombres de apellido Siboldi -Sergio Martín, Sergio Luis y Ramiro Raúl-, el albañil Domínguez, Flavio Ayelén Albornoz, Gloria Escobar, Selene y Carlos Vespuccio, y la ex concejal peronista de Villa Gobernador Gálvez María Carmen Murabito, llevó adelante operatorias por montos millonarios en sólo tres meses del año pasado, entre agosto y noviembre de 2015.
Según la denuncia de la Procelac, Barreiro podría encontrarse detrás de "un grupo familiar de personas jóvenes y sin antecedentes comerciales, con un perfil económico que no justificaría los montos de esas operatorias".
Después de que la Gendarmería allanó su casa en Bordabehere 2093, Domínguez aportó en su escrito judicial algunos detalles sobre cómo habría sido la operatoria. Contó que llegó hasta "cuarto grado de la escuela primaria" y que, según él, "fue contactado hace ocho meses por Sergio Siboldi", otro supuesto prestanombre de este entramado ligado a Barreiro.
Sin embargo, una de las sospechas es que detrás de este entramado de firmas existan vinculaciones con el narcotráfico. Un punto de contacto que fortalece esa hipótesis es otra empresa del "jardinero K": Premium Experience SRL, con sede en Viamonte 611, piso 7º "E", de la ciudad de Buenos Aires.
Creada en 2008, Premium Experience SRL tiene la misma dirección que cuatro empresas que están involucradas en la causa conocida como "Narcoarroz", en la que se descubrió en un depósito fiscal de Rosario un cargamento de 40 kilos de cocaína camuflada en granos de arroz que debían pasar por Guinea Bissau para luego ingresar a Europa.
En esa misma dirección de la calle Viamonte también figuran las compañías Wealthy Ranch SA, a nombre del abogado Guillermo Heisinger, ex secretario de Justicia durante la gestión de Carlos Menem, y Erman Triana Peña, uno de los jefes del cartel del Valle Norte de Colombia, que actualmente está prófugo.
Las otras empresas son International Trade Comerce ITC SA y Hard Business SRL, en la que aparece el abogado Heisinger, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, quien era el capo del cartel en la Argentina. Y en Letstrade SA, figuró Heinsinger como presidente hasta el 14 de enero de 2013, cuando lo reemplazaron Yoana Triana Peña y Jesús García Herrera, ambos colombianos que residían en el barrio San Isidro Labrador, en Tigre.
La empresa Hippo Viajes Sudamérica SRL, en tanto, figura a nombre de René Alberto Villalba, también con domicilio declarado en la calle Viamonte 611, piso 7º "E" de Buenos Aires. A los 60 años, y con evidentes problemas financieros que incluyen créditos impagos y cheques rechazados, Villalba es accionista junto con Barreiro en Premium Experience SRL, y en la empresa AV Travel Service SRL figura como gerente. La Nación/
PRAT-GAY Y CARRIÓ, CON UNA AGENDA PROPIA
En su reaparición pública tras dos semanas de reposo, Elisa Carrió recibió ayer a Alfonso Prat-Gay y, con distintos roles, aprovecharon para instalar una agenda de reformas para los próximos meses: retoques al tarifazo, un esquema para garantizar la transparencia en la obra pública y mayor intervención del Estado en el proceso de formación de precios.
Con el papel de anfitriona y entrevistadora, la jefa de la Coalición Cívica se ocupó de colocar en el centro de la discusión los temas en los que tiene diferencias con la Casa Rosada. Como representante del Gobierno y a la vez protegido de Carrió, el ministro de Hacienda reconoció errores en el aumento de la tarifa del gas y coincidió en la necesidad de "enfrentar a las corporaciones" para evitar una cartelización en los precios que paga el consumidor.
"Así como la seguridad jurídica tiene que ver con el inversor, la previsibilidad tiene que ver con el consumidor. ¿Por qué no se llamó a audiencia pública?", fue la primera pregunta de la diputada, que bromeó con el problema de salud que la obligó a hacer reposo. "Me enfermé de impotencia y espero no enfermarme más porque estoy vieja", dijo, ante un auditorio lleno de seguidores, en la Sociedad Científica Argentina, en Recoleta.
Antes de la respuesta de Prat-Gay los dos compartieron un momento de complicidad. "Yo dije que fue un ajuste brutal y me llamaron para controlarme. Los hombres me quieren dominar. Será en otra vida", se rió ella. "Yo ya aprendí que no", replicó él, también entre risas.
"La interpretación de los abogados es que las audiencias públicas ya están cumplidas", arrancó Prat-Gay, para después matizar: "Pudo o no ser correcto". Y agregó: "El reajuste del gas, hay que decirlo, incluía aumentos porcentuales que no habíamos previsto". Se cuidó, eso sí, de decir que las correcciones habían respondido a la decisión del Presidente de no apartarse del gradualismo.
Carrió fue todavía más incisiva al plantear la necesidad de una política más activa para controlar las cadenas de valor. "Los supermercados están fijando el precio en un esquema de cartelización", lanzó la diputada, y enseguida preguntó: "¿Cuál va a ser el rol del Estado? Hay que aplicar la ley, y debe ser dura".
La pregunta parecía a pedir del ministro, que la semana pasada hizo duros reproches a los supermercados. "Lo que pasó es que pensaron que la salida del cepo iba a ser traumática y aumentaron los precios para cubrirse", sostuvo Prat-Gay, y se comprometió a impulsar una "ley de góndolas". La Nación/
ECONOMIA
POR LA INFLACIÓN, LOS GREMIOS BUSCAN DISCUTIR OTRA VEZ SUELDOS
Arrancó el segundo semestre y los gremios están con el ojo puesto en la evolución de la inflación: es que para muchos sindicatos se vienen las negociaciones por los segundos tramos paritarios mientras que en otros ya están pidiendo la reapertura de los acuerdos firmados porque se quedaron a mitad de camino.
Por ejemplo, los cinco gremios (Ctera, Sadop, CEA, Amet y UDA) que conforman la Federación Docente, y que su paritaria es base para el millón y medio de docentes a nivel país, se reunirán mañana con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, para volver a discutir salarios. Cerraron en febrero en 25% más 5% por el Fondo de Incentivo Docente pero “hay una necesidad de actualización salarial porque la inflación y los tarifazos relegaron los sueldos”, comentó a Clarín, Mario Almirón, titular de Sadop. Un paso más lejos están en Luz y Fuerza con 7000 asalariados bajo su paraguas: en mayo del año pasado, este gremio había cerrado paritarias por 18 meses (de mayo a octubre de 2016, por 38%) y ya están en conciliación obligatoria porque pidieron reapertura. Vence este viernes "y si no hay acuerdo habrá medidas de fuerza", vaticinan. Más lejos aún está la ATE (Asociación Trabajadores del Estado): su titular Hugo Godoy, que dirige a 290.000 afiliados, ya anunció un paro para el 11/8. Su acuerdo salarial va de mayo a mayo y cerró a 27,7% cuando habían pedido 45% de suba.
Con los peones de campo, afiliados a la UATRE y bajo el liderazgo de Gerónimo Venegas, pasa algo particular: son 875.000 trabajadores a los que les vence la paritaria cerrada en noviembre pasado al 28% y ya están pidiendo negociar antes de que venza: pedirán el 35%.
Tres gremios de peso tendrán su segunda reunión paritaria antes de fin de año. Tal es el caso de los empleados de Comercio con un millón de afiliados. Cerraron de marzo a septiembre por un 20% más dos cuotas fijas de $1000 c/u. La UOCRA, con 350.000 trabajadores y que viene muy golpeada por el parate en la obra pública con varios miles de trabajadores afectados, cerró hasta septiembre con un 22% de aumento. El horizonte de los 110.000 porteros agrupados en el Suterh está aún lejano: rediscutirán el segundo tramo de paritarias recién en noviembre. De junio hasta ese mes, sus sueldos aumentaron un 25%. Por una cuestión de preservación, por ahora ninguno adelanta cifras "para ver cómo evoluciona la inflación". Eso sí, todos quieren más.
Los que están siguiendo como perros sabuesos la línea inflacionaria son los sindicatos que cerraron anualmente. Los más atentos son los bancarios que sellaron su acuerdo con las cámaras en enero: fue por el 35% con cláusula gatillo. "Si la inflación supera ese número, se reabre", confirman a este diario. La UOM, Téxtiles y Gastronómicos cerraron por igual término desde mediados de este año hasta el próximo: coincidieron todos en que el estado es de "alerta". Para los de Luis Barrionuevo, el semáforo ya está en rojo: "Solo en AMBA cerraron 450 comercios que dejaron a 3000 personas en la calle", indicaron desde el gremio.
Este punteo seguirá hoy puliéndose en las futuras mesas de negociación entre sindicatos y empresarios cuando los más de 50 gremios que conforman el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), creado en julio de este año, informen a cuánto asciende el Índice de Inflación de los Trabajadores. Clarín/
NEGOCIAN UN PACTO FISCAL PARA BAJAR EL DÉFICIT DE LAS PROVINCIAS
En tiempos de austeridad, el gobierno de Mauricio Macri buscará hoy acordar con todos los gobernadores un conjunto de pautas para alcanzar el equilibrio fiscal en 2019. Las proyecciones de las cuentas provinciales indican que el déficit fiscal, en total, llegó a los 95.000 millones de pesos en 2015 y es uno de los principales cuellos de botella de la economía.
La convocatoria iba a ser en Chubut, pero un problema de salud del gobernador Mario Das Neves obligó a cambiar el lugar de la cita, que, finalmente, será en la Casa Rosada.
En el equipo del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat- Gay, afirmaron que no todas las provincias dieron sus números oficiales. Sin embargo, tienen un informe preliminar. "Una proyección de ingresos y egresos indicaría que el rojo total ronda los 95.000 millones", señaló un asesor.
Fuentes cercanas al ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, confiaron que en números oficiales la provincia de Buenos Aires, que gobernaba el kirchnerista Daniel Scioli, dejó un desequilibrio de 21.500 millones de pesos.
Durante el encuentro, Frigerio y Prat-Gay firmarán con los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Acuerdo de Fortalecimiento del Federalismo. Además, activarán los convenios de devolución del 15% de la coparticipación federal que la Anses les retiene a las provincias desde 1992.
Este pago por la coparticipación comenzará a restablecerse este año con la devolución de 3 puntos de ese 15%, lo cual significa un total 12.386 millones de pesos, repartidos entre los 24 estados federales. Cuando se reintegre en su totalidad, en 2020, ese giro implicará, a valores actuales, una suma de 85.993 millones de pesos adicionales a los que hoy reciben por coparticipación federal, según un borrador de trabajo del Ministerio del Interior y Obras Públicas.
Para la provincia de Buenos Aires, el 3% de este año implicará recibir 3106 millones de pesos más por coparticipación. Y en 2020 percibirá a valores de hoy 21.564 millones de pesos, equivalentes al déficit que tuvo en 2015. En forma paralela, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, recurrió ayer a la Corte Suprema para demandar al Estado nacional para recuperar la totalidad del Fondo del Conurbano Bonaerense y el retroactivo de los últimos 5 años (ver aparte).
Además, la Nación les dará a todas las provincias un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses equivalente a 6 puntos de ese 15%, lo que totaliza unos 24.771 millones de pesos, que tendrán una tasa subsidiada de 15% anual.
Este relevamiento de los números arroja una primera conclusión significativa. Los recursos que la Anses les detrae anualmente a las provincias, unos 85.000 millones de pesos, cubrirían una gran parte del déficit estimado de las cuentas provinciales, que ronda los 95.000 millones de pesos, según fuentes de la Casa Rosada consultadas por LA NACION. En otras palabras, las provincias podrían hoy tener casi un equilibrio fiscal si la Anses no le detrajera ese 15% que les sustrajo en la coparticipación en 1992.
El rojo de las provincias es un tema que preocupa. Por eso la importancia del acuerdo bilateral que se intentará sellar este mediodía en Balcarce 50. Además, según cómo prospere el trato, el Gobierno podría trazar un acuerdo político más a largo plazo, que contemple respaldo legislativo a ciertas iniciativas impulsadas desde el oficialismo.
La letra chica del pacto
La propuesta de acuerdo que llevarán Frigerio y Prat-Gay a las provincias consiste en tomar pautas de gastos, ingresos e inversión en obra pública que impliquen un esfuerzo de austeridad para sanear las economías provinciales y quitarles dependencia de la Nación.
"Estamos trabajando con los gobernadores en una suerte de acuerdo federal para mejorar la eficiencia del gasto público y lograr el equilibrio fiscal, es decir que los ingresos que van al Estado nacional y al de las provincias alcancen para pagar los gastos de inversión en el 2019", dijo Frigerio, en los preparativos para la reunión que encabezará hoy con los mandatarios.
"Lo que tenemos que definir es el tránsito hacia el ordenamiento de las cuentas públicas para que los que nos sucedan en el cargo a partir de 2019 no encuentren el desastre que encontramos nosotros. Esto no se puede hacer de un día para el otro", agregó el ministro.
Dentro de la cartera de Frigerio, confiaron a LA NACION que existen algunas provincias que tienen sus cuentas en orden y no pidieron adelantos de coparticipación en estos meses de gestión macrista. Estas provincias son las siguientes: Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero, además de la ciudad de Buenos Aires,.
Otras provincias que habían pedido adelantos de coparticipación y los devolvieron por haber ordenado sus finanzas son Santa Fe y Córdoba. Esto fue así porque el fallo de la Corte Suprema, de diciembre último, le ordenó a la Nación que les comenzara a reintegrar el 15% mes a mes, sentencia que el gobierno de Mauricio Macri comenzó a cumplir y le valió el reclamo de los distritos restantes.
Las provincias que habían reclamado esa devolución por la vía judicial, y que obtuvieron el fallo favorable de la Justicia, habían sido Santa Fe, Córdoba y San Luis. La Nación/
LA AFIP HABILITÓ UNA APLICACIÓN WEB PARA ENSAYAR CON EL BLANQUEO
El simulador está online y también se podrá bajar; creen que la mayoría esperará a último momento para ejercer la opción
Casi no se había llegado a difundir, y sin embargo, en el primer día de vigencia del blanqueo, unas mil personas ingresaron ayer al aplicativo que habilitó la AFIP para ensayar cómo usar el sistema online para participar del proceso de exteriorización de capitales.
Desde ayer, en la página web de la AFIP existe un micrositio al cual se puede acceder en red o bajarlo para luego usarlo offline, que permite ensayar los distintos pasos que hay que seguir para iniciar efectivamente el trámite del blanqueo.
En el sitio, por ejemplo, el contribuyente debe cargar el valor en pesos de los bienes que piensa exteriorizar, ya sean inmuebles, acciones, bonos, tenencias de efectivo, depósitos o hasta obras de arte, y luego, según las opciones de pago elegidas, el sistema calcula cuánto deberá pagar por el impuesto especial.
"Uno puede ir probando, y no es que la AFIP lo está mirando en el proceso, incluso al simulador lo pueden bajar de la web", aclaró el titular de la AFIP, Alberto Abad.
Para luego participar efectivamente del blanqueo, los contribuyentes deberán contar con CUIT (el que no lo tenga, deberá pedir turno en la dependencia de la AFIP que le corresponda según su domicilio fiscal) y tener una clave fiscal con un nivel de seguridad 3. Además, es necesario contar con un domicilio fiscal electrónico.
El sistema para ingresar al blanqueo consta de tres etapas. En la primera, el contribuyente deberá declarar todos los bienes que planea blanquear y valularlos, según los criterios que dispone la ley. Una vez cerrada la etapa de registración, se inicia la segunda etapa de liquidación, en la que el contribuyente elige una opción de cancelación del impuesto entre las previstas. Y finalmente, la tercera etapa en la que se perfecciona el blanqueo y, en algunos casos, se paga un 1% a cuenta del impuesto.
Cada vez que el contribuyente cierre una etapa, no podrá volver a corregirla ni realizarle cambios. Sí puede iniciar nuevos trámites complementarios, en los que se declaren nuevos bienes.
¿Todos a diciembre?
En la AFIP admiten que es probable, como suele suceder en estos procesos, que la mayoría de los contribuyentes esperen a último momento para participar del blanqueo. Con lo cual, descuentan que gran parte del volumen de declaraciones llegarán en diciembre.
Por lo pronto, porque existe además un aliciente financiero para hacerlo, ya que según la reglamentación, mientras que la valuación de los activos se hace en función del tipo de cambio vigente al 22 de julio pasado (de $ 14,70, de acuerdo con lo informado por el Banco Nación), y por ende, también la valuación del impuesto, al cancelarlo a fines de año los contribuyentes podrían beneficiarse de una eventual devaluación del tipo de cambio.
La ley, de todas formas, estableció varias fechas límite. Quienes quieran sincerar tenencias de dinero físico -no importa la moneda-, deberán depositarlas en un banco en la Argentina para el 31 de octubre. En ese momento, deberán pagar el 1% del impuesto especial a cuenta. También hay fechas límite para quienes quieran suscribir los bonos soberanos a tres y a siete años de plazo que emitirá el Gobierno, y que permiten sortear en ambos casos el pago del impuesto especial del 10 por ciento.
Para comprar el bono a tres años de plazo, que paga cupón cero, se deberá presentar la oferta antes del 30 de septiembre. Mientras que para comprar el bono a siete años, hay tiempo hasta el 31 de diciembre. La Secretaría de Finanzas debe todavía anunciar cuál será el cupo máximo que emitirá por cada uno de los bonos. El cupo se asignará en función del orden de llegada: los primeros en blanquear serán los primeros en servirse de esos títulos.
Quienes participen del blanqueo antes del 31 de diciembre deberán pagar, sin embargo, un impuesto especial del 10% (o del 5% cuando blanqueen inmuebles). Después del 31 de diciembre y hasta el 31 de marzo de 2017 -última fecha-, el impuesto será del 15 por ciento. La Nación/
EL REPRO, AHORA DE CARÁCTER PERMANENTE, SERÁ UN INCENTIVO PARA MICROPYMES
El primer aspecto que contiene la Ley 27.264, que regula una serie de incentivos para fomentar la actividad de las micropymes, es otorgarle carácter permanente al Programa de Recuperación Económica (REPRO) para las empresas, el que se originara en una norma dictada por la cartera laboral en plena época de crisis 2001/2002 y que a juzgar por las decisiones posteriores nunca fue superada.
En efecto el Ministerio de Trabajo por Resolución 481/02, atento la Emergencia Ocupacional, dispuso la creación del Programa de Recuperación Productiva, mientras dure la citada emergencia, que por lo visto persistió y persiste, pues fue sistemáticamente prorrogado, hasta que por medio de la ley antes mencionada se institucionalizó.
El mismo está destinado a trabajadores ocupados en sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis, a los que se les brinda una ayuda económica no remunerativa para paliar efectos negativos en la relación de empleo (en su origen una suma mensual de hasta $150), durante seis meses, completando la remuneración básica de la categoría laboral, debiendo el empleador cumplir con el resto de las obligaciones laborales, sociales y previsionales vigentes. El benefició se cobra en forma directa a través de ANSES.
Las empresas incluidas en el Programa deberán abonar a los trabajadores beneficiarios el suplemento en dinero necesario para alcanzar el salario establecido para la categoría de que se trate en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad correspon-diente. Asimismo deberá mantener la dotación total de personal registrada al momento de la presentación de su solicitud y/o aprobación de la misma y abstenerse de disponer despidos sin causa (art. 24S LCT) y por razones de fuerza mayor (art. 247 LCT).
Así las cosas, hasta que se publicó la Ley 27.264 que ensambla esta medida con el fomento a las micropymes al establecer que la suma fija mensual máxima prevista en la reglamentación para los beneficios dispuestos por el programa se elevará en un 50% en los casos que se trate de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).
En esa línea se instruye al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar todas las acciones necesarias para que el acceso a los beneficios del Programa REPRO pueda realizarse mediante trámite simplificado para tales empresas adoptando todas las medidas necesarias para que el acceso a los beneficios se haga efectivo con celeridad.
De ello se desprende que la afectiva aplicación de lo dispuesto depende del dictado de la resolución ministerial; cuanto antes se dicte antes las empresas podrán acceder al beneficio.
EL DATO El Registro de Beneficios Fiscales sobre los Créditos y Débitos Bancarios rige desde el 1/8/16 y los sujetos que gozaban de exención o reducción de alícuota cuentan hasta el 20/9/16 para inscribirlas cuentas en el Registro y mantener beneficios. Ambito Financiero/
APUESTAN A RECONVERTIR SECTORES PRODUCTIVOS
En silencio, lentamente y con el diálogo como condición, el plan oficial fue puesto en marcha. El Gobierno impulsa una reconversión de sectores "no competitivos" de la economía a través de un proceso gradual y con la mirada en el largo plazo.
En el marco del Plan Productivo Nacional (PPN), que presentará la Casa Rosada, se buscará generar más competencia, mayor integración con el mundo, bajar los precios de algunos productos específicos y producir más empleo de calidad.
Fuentes oficiales confirmaron que hay varios sectores en la mira para su transformación, pero sólo mencionaron las industrias electrónica y textil entre las que producen, "con una baja competitividad", bienes transables (que se exportan o compiten con la importación). No es casualidad. Según cálculos oficiales, celulares, computadoras y ropa nacionales son productos en la actualidad mucho más caros en el país que en el mundo.
Entre los sectores con una competitividad media, el Gobierno ubicó a la golpeada industria automotriz local. "La decisión oficial es darle un fuerte respaldo", confirmó un ministro.
El plan oficial, que no tiene una fecha específica de nacimiento ni tampoco una marca cronológica que le fije objetivos concretos en un plazo determinado, tiene ocho capítulos, plantea cortes sectoriales, regionales y de economía social, y deberá ser trabajado a nivel interministerial.
El objetivo del Plan Productivo es concreto. "Queremos hacer competitiva la economía", esgrimió ayer una encumbrada fuente gubernamental. Sin embargo, los lineamientos oficiales aceptarán sólo esa finalidad con ciertas condiciones innegociables: el crecimiento de la economía, la expansión del empleo y un salario real elevado.
Australia es un faro, aunque los funcionarios recalcan que no copiarán a ningún país, aunque sí algunas de sus mejores prácticas. En ese sentido, otra devaluación no sería una solución para competir mejor. Se apuntará, en cambio, a limar los costos empresariales sin que implique bajar sueldos.
Como anticipó el diario Clarín el domingo pasado, la apuesta del Gobierno contempla ocho capítulos con reformas de la llamada "segunda generación". Los primeros pasos, explicaron en el Ejecutivo, llegaron con el acuerdo con los holdouts, la salida del cepo y la liberalización del comercio exterior, entre otros. "Desarmamos la bomba de tiempo y evitamos una megacrisis", describió el hombre fuerte del Gobierno.
Los cambios que se proponen para esta segunda etapa son: una baja del costo de capital, reducción del costo logístico y de transporte (a través de obras de infraestructura), mejorar la productividad del trabajo, una reforma impositiva, el impulso de la innovación científica, el empuje de mayor competencia, la desburocratización estatal y una integración al mundo.
"Vamos a impulsar una reconversión gradual y a largo plazo", contestó un ministro del gabinete económico a LA NACION, cuando se le preguntó cómo encajaba en el plan productivo oficial la industria electrónica y de electrodomésticos de Tierra del Fuego. Sobre la industria textil, en cambio, apuntó que habrá que ver qué actividad específicamente buscará ser transformada. "Dentro de la industria hay hilandería, tintura, diseño y otras actividades. No es todo lo mismo", explicó. Otro funcionario puso como ejemplo de éxito con elevados salarios la industria textil del norte italiano (donde el valor agregado lo aporta el diseño).
Hace meses que en el Gobierno se discute el futuro de Tierra del Fuego, cuyo régimen especial vence en 2023. Para abaratar costos en el corto plazo de celulares y computadoras, principalmente, el Ministerio de Producción trabaja sobre los márgenes del retail, el financiamiento y los impuestos. Pero lo cierto es que en la isla los salarios de esa industria son un 205% más altos que en el continente, los costos de transporte son 42% mayores (y hay deficiencias en la infraestructura) y los servicios son 100% más caros. En tanto, los insumos nacionales -tras la apuesta kirchnerista de mayor integración en el sector- son 400% más costosos que en China. Este último dato representa el 33% del costo del precio final del producto elaborado en la isla, según explican las mismas empresas. Por otro lado, en Tierra del Fuego trabajan alrededor de 10.800 personas. Para el futuro, el Gobierno piensa en fomentar en la isla las industrias del salmón, el turismo, la petroquímica, forestal y los servicios que pueda prestar un puerto antártico.
La preocupación entre los empresarios que pueblan la provincia que conduce Rosana Bertone era tan importante al comienzo de la gestión que le pidieron al ex subsecretario de Industria y consultor privado Dante Sica un informe exhaustivo de la economía de la isla, que fue presentado hace algunos meses en el Ministerio de Producción.
"Vamos hacia una Argentina más productiva y competitiva, pero mediante un proceso donde nadie se quede afuera y que será consensuado con los distintos actores de cada sector", dijeron en el Gobierno.
Antes de avanzar sobre los sectores, en la Casa Rosada celebraron algunos hitos del PPN, como la baja del costo de financiamiento (que todavía no llega a las pymes), la ley aprobada para las pequeñas y medianas empresas y la norma que beneficia la integración nacional de autopartes. Sin embargo, para el Gobierno todavía falta mucho trabajo para que la Argentina se vuelva un país competitivo de cara al mundo. La Nación/
NI TASA NI DÓLAR: SÓLO LOS LADRILLOS RESISTIERON LOS CAMBIOS DE MODELO
Ni el refugio en la volátil tasa de interés, ni las apuestas por el dólar: la inversión más rentable de los últimos 35 años en la Argentina fueron los ladrillos. La conclusión, que alegrará a los operadores del negocio inmobiliario, surge de un gráfico comparativo que exhibió ayer el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, para tratar de explicar porqué el país tiene un grave problema de "intermediación del ahorro".
El mismo toma como base una inversión de $ 100 pesos realizada en abril de 1981 para mostrar que -a la larga- sólo quien realizó algún tipo de operación vinculado a lo inmobiliario pudo mantener valor o -incluso- acrecentarlo. El más beneficiado fue el que hubiese adquirido una propiedad y obtenido de ella una renta por su alquiler regular: tendría $ 562,9 por cada $ 100 originales.
Y en el extremo opuesto ubica a quienes hubieran atesorado dólares o constituido y renovado periódicamente (a las tasas promedio vigentes en cada momento) un plazo fijo, ya que habrían registrado pérdidas reales del 27,8 y 98,6%, en cada caso. La comparación está incluida en el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) presentado ayer; un diagnóstico que el ente actualiza semestralmente sobre el estado de salud del sistema bancario local al que definió ayer como "chico, pero sólido, líquido y estable, con bajos niveles de morosidad".
Buena parte de esos atributos parecen devenir de su módica exposición a la actividad. Pero Sturzenegger los vinculó a las "políticas de Estado" que el país supo mantener para este sector, en alusión a la observancia de prácticas regulatorias basadas en criterios del Comité de Basilea, lo que no deja de ser parte de esa realidad también.
La picardía de Sturzenegger consistió en sumarle al gráfico el retorno que se podría haber obtenido en ese lapso de haber sido posible realizar un plazo fijo por UVI y remunerado a tasas reales de 2 o hasta 3 puntos, que nadie ofrece hoy en el mercado.
La Unidad de Vivienda (UVI) es una unidad de cuenta que el BCRA lanzó hace 4 meses para estimular el crédito hipotecario y tomó como punto de partida la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado (fijado en $ 14,053 al 31 de marzo) al que ajustó desde allí por inflación (estaba en $ 15,93 ayer).
El mecanismo de indexación, que abreva en la experiencia chilena de la unidad de fomento (UF), rompe con una de las barreras de acceso al reducir notablemente el valor de la cuota inicial (y con ella los ingresos solicitados) pero necesita de una caída fuerte en la inflación para transformarse en una posible solución al crónico déficit habitacional.
"Una familia que gane $ 10.523 al mes puede acceder a una vivienda preconstruida que vale $ 391.000 en el mercado, abonando una cuota de $ 3157", promocionó ayer Sturzenegger aludiendo al puente que busca lograr y tras recordar que ya 9 bancos ofrecen créditos así ajustados y tasas reales que no superan el 5% anual.
Con este instrumento el BCRA intenta combatir el cortoplacismo de un sistema local que hoy tiene el 80% de sus depósitos pactados a menos de 30 días. "Así la posibilidad de generar crédito tiende a nula", dijo el funcionario, que recordó que el país "no tiene un problema de generación de ahorro, ya que lo exporta" y pidió recuperar el manejo de ese recurso defendiendo a los depositantes con "instrumentos para que puedan poner sus pesos a trabajar a una tasa creciente y estable". La Nación/
CREEN QUE EXISTEN OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN POR US$ 170.000 MILLONES
El rumor salió de los mismísimos pasillos de la Casa Rosada. La amistad entre el emir de Qatar, Tamim bin Hamad, con el tenista Gastón Gaudio fue un gigante aliciente para que el hombre cinco veces más rico que la reina Isabel II desembarcara la semana pasada en la Argentina. Nadie niega esa relación de amistad: fue incluso "el Gato" el elegido por el emir seis meses atrás para entregar el trofeo en la final del Abierto de Qatar al ganador, Novak Djokovic.
