Los jueces Luis Lozano, Inés Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que “el demandante carecía de un derecho para cuestionar la licitación destinada a la compra de las mencionadas armas”, y que “los planteos resultaban conjeturales e hipotéticos, dado que las armas no habían sido adquiridas”.
Lozano dijo que el planteo de la actora “parte de suponer que la Ciudad no va a tener en cuenta, en el caso de que decidiera dotar a su personal policial del arma Taser, las recomendaciones del Comité contra la Tortura; dicho en otras palabras, la Cámara presupone que la Ciudad no va a generar, por ejemplo, los protocolos del uso del arma que nos ocupa o que esos protocolos no van a tener en cuenta las recomendaciones del Comité”.