Según consta en el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de San Isidro, “el Jockey Club llamó a licitación para vender el lote en cuestión a desarrolladores inmobiliarios de primera línea, o inversores o grupos financieros de reconocida solvencia con intervención de un estudio de arquitectos o empresa constructora”.
“El fallo establece claramente que la oportunidad de la medida cautelar se encuentra justificada a los fines de evitar la vuelta atrás de obras, emprendimientos y gastos que se puedan efectuar, y que el peligro en la demora se justifica a los fines de evitar hechos consumados que irroguen mayores conflictos y pérdidas económicas que pudieran ocasionarse de rechazarse el pedido de esta medida en favor de la Municipalidad”, explicó Luis Sprovieri, representante legal de la concejal Durrieu.
“La Justicia está aportando el sentido común”, señaló Durrieu, y agregó que “el fallo incluso se preocupa por salvaguardar la integridad patrimonial tanto del Jockey Club como del Municipio ante una posible paralización o revocación de permisos de obras ya aprobados”.
Quien también se pronunció sobre la cuestión fue el senador provincial Sebastián Galmarini: “Este es un triunfo de los vecinos que se manifestaron a favor de preservar el medio ambiente donde elegimos vivir. Muchos nos movilizamos para cuidar este pulmón verde y no queremos que San Isidro sea un barrio más de la Capital Federal. Es hora que los gobiernos locales empiecen a planificar este tipo de modificaciones en defensa de los intereses ciudadanos por delante del negocio inmobiliario”.
