En esa oportunidad se firmó un documento en el que se reivindicó a la negociación colectiva como la herramienta más eficaz en la búsqueda de la conciliación de interés y generación de los consensos necesarios para garantizar la paz social y la armonía en las relaciones laborales.
Además, se reconoció al instituto de la conciliatoria obligatoria como “una de las herramientas fundamentales del Estado nacional y provincial en su indelegable búsqueda del bien común en el marco de los conflictos que se susciten tanto en el sector público como en el privado”.
También se ratificó “la absoluta legitimidad en la aplicación de las sanciones previstas en nuestro ordenamiento cuando los actores del conflicto incumplan las obligaciones y alcances de los institutos mencionados”.
