Durante el lanzamiento mundial del informe 2013 de la JIFE en español, Romani aseguró que ese estudio “no solo advierte sobre la convencionalidad de estas medidas (totalmente pertinente aunque discutible) sino que hace afirmaciones infundadas sobre los supuestos perjuicios y hasta la insanía de los mismos”.
Los dichos de Romani, invitado a exponer por miembros del propio organismo que “no se sienten representados” por el informe, fueron una respuesta a las afirmaciones respecto a que la ley uruguaya de regulación del cannabis “marca una tendencia peligrosa”.
“Esa ley contraviene lo dispuesto en la Convención de 1961 y recuerda al Uruguay la necesidad de respetar los tratados”, señaló en el escrito el presidente de la JIFE, Raymond Yans.
Romani respondió que ese organismo “tiene mandato para vigilar las Convenciones” pero no “para emitir juicios sobre las políticas soberanas, dictadas por parlamentos o referendums populares, que son temas específicos para la Comisión de Estupefacientes”.
El informe “tiene un sesgo muy evidente, y que a mi leal entender, no solo se extralimita en las funciones específicas que le asiste como órgano cuasi jurisdiccional, sino que toma abiertamente partido por una visión muy restringida no solo de los modelos de fiscalización, sino de las políticas actuales”, sostuvo el representante uruguayo en Washington.
Romani señaló que “una cosa es, en su función de supervisor de las Convenciones, advertir, dialogar sobre tal o cual legislación o medida, en el sentido que pueden estar en conflicto con las Convenciones, y otra es hacer afirmaciones que exigen un debate y una explicitación científica”.
“La JIFE pierde racionalidad y objetividad, porque está cegada con una visión fundamentalista de una tautología que no es cierta”, aseveró el representante diplomático.
La JIFE -que tiene sede en Viena (Austria)- expuso en su informe que la legalización del cannabis en Uruguay “marca una tendencia peligrosa” y que “cuando los gobiernos piensen en adoptar futuras políticas en ese ámbito, deberían anteponer a cualquier otra consideración la salud y el bienestar de la población”.
También instó a “las autoridades del Uruguay a que velen porque su país siga cumpliendo plenamente el derecho internacional, y que restrinja el consumo de estupefacientes, incluido el cannabis, a fines exclusivamente médicos y científicos”.
Uruguay aprobó en diciembre de 2013 una ley que pone bajo órbita estatal la producción, venta y consumo de marihuana, por la que usuarios de la droga podrán comprar hasta 40 gramos mensuales.
Además, dentro de un paradigma de combate al narcotráfico, habilita el autocultivo y propone la creación de un nuevo instituto encargado de la regulación del cannabis en el país.
