Las edificaciones no declaradas abarcan más de 10 millones de metros cuadrados y, según explicó el titular de ARBA, Iván Budassi, la evasión representa “en conjunto una deuda acumulada de 100 millones de pesos en concepto de Impuesto Inmobiliario que deberán abonar los contribuyentes en infracción”.
Según informó el organismo a través de un comunicado, si los dueños de las propiedades no acatan la intimación y no regularizan su situación catastral, la Agencia de Recaudación incorporará de oficio la superficie detectada, fijará la valuación fiscal y establecerá el impuesto a pagar, con retroactividad a la fecha estimada de construcción.
De acuerdo con estimaciones de las áreas técnicas de ARBA, al incorporarse las nuevas valuaciones de las viviendas detectadas, en adelante los propietarios pasarían a pagar un monto global de 50 millones de pesos anuales de Impuesto Inmobiliario.
A través de las intimaciones “buscamos que los dueños de casas en situación irregular se pongan al día y declaren la verdad. Queremos que la gente no espere a que vayamos a tocarle timbre, si no que cumplan de forma voluntaria y de esa manera eviten sanciones. Nuestra intención no es castigar a nadie, sino hacer que todos cumplan con la ley”, sostuvo Budassi.
Además, subrayó que “al notificar a los dueños les damos esta última posibilidad para que nos informen lo que no han declarado. Les decimos desde cuándo tenemos registro de esa construcción y si la persona no contesta, se carga la deuda hacia atrás, se determina la multa correspondiente y luego se incorpora la propiedad al catastro”.
