Ese delito, que contempla penas de hasta 15 años de cárcel, había sido excluido de la acusación por la jueza de instrucción Laura Bruniard, pero ahora los camaristas Mario Filozof, Marcelo Lucini y Ricardo Matías Pinto entendieron que los procesados y al menos otras cuatro personas que están siendo buscadas por las autoridades conformaban una “asociación ilícita”.
Los camaristas entendieron que para que se configure ese delito “se requiere que la organización se mantenga operativa sin solución de continuidad y esta circunstancia se verificó en el caso por el mantenimiento inalterado de buena parte del esquema desde que se tuvo la primera noticia de su existencia, hasta las últimas averiguaciones practicadas”. Los jueces evaluaron “la estrecha relación mantenida entre los imputados, aún con posterioridad a la comisión de los distintos hechos concretos, la coordinación de voluntades dirigidas a cambiar los aparatos Nextel para evitar ser rastreados, la pluralidad de planes delictivos y las particulares características de los sucesos”.
Esas circunstancias “ilustran una concienzuda planificación y ejecución, previa división de roles, constituyen circunstancias que, a esta altura de la investigación, permiten tener acreditado el elemento 'permanencia' que requiere” la asociación ilícita.
“Nos encontramos ante una banda integrada por alrededor de siete personas que, para perpetrar hechos ilícitos, se distribuían en al menos dos vehículos con los que interceptaban a sus víctimas cuando se desplazaban en automóviles de alta gama por arterias de esta ciudad en las que se puede circular a gran velocidad y tienen tránsito fluido”, describe el fallo. “Una vez que las capturaban mediante el uso de armas de fuego, las mantenían dentro de los rodados con los que recorrían diferentes sitios sincronizando su desplazamiento comunicándose por radio”, añade.
Biasatti sufrió esa modalidad delictiva el 27 de abril de 2012 cuando iba con su chofer por Cantilo y General Paz, cerca del estadio de River Plate.
Además, resultó víctima el empresario Carlos Juncos y se investiga si la modalidad también fue infligida a Eduardo Díaz, dueño de micros de larga distancia, y al abogado Gonzalo Schlomó Romero Victorica. Para los jueces, hubo “acuerdo previo para constituir la asociación, la permanencia como la estabilidad y una organización estructural y que se ha vulnerado la seguridad pública, entendida como sinónimo de tranquilidad o paz social”.
Los bienes de los tres detenidos fueron embargados hasta cubrir la suma de 220.069,67 pesos.
