Roque Yadala, secretario de Acción Social de la Unión Docentes Argentino (UDA) a nivel nacional, explicó a DyN que "uno de los problemas será que los afiliados de OSPLAD van a perder a sus médicos de confianza y si están haciendo un tratamiento desde hace años tendrá que ir a otros centros de atención y hasta podrán perder continuidad".
En provincia de Buenos Aires, la obra social para los docentes es el IOMA, que pertenece al gobierno bonaerense, pero OSPLAD se hacía cargo en la Provincia de un sector de los educadores transferidos y de los privados, que perderán la prestación.
La Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud 1408/2012 señaló que la obra social de los maestros dejará de dar cobertura de salud a los futuros jubilados docentes, y alega la "delicada situación económico-financiera por la que atraviesa la entidad", por la que se ve en la necesidad de "priorizar el uso de los recursos en la atención de los afiliados que componen el actual padrón".
La conducción de la UDA nacional, que lidera Sergio Romero, sostuvo que la decisión asumida por la administración de OSPLAD "que la integra mayoritariamente CTERA y también AMET nacional", esta última conducida por Jorge Dobal, "no sólo obliga a los futuros pasivos a pertenecer a PAMI, sino que generará un nuevo desfinanciamiento para la obra social docente ya que muchos aportantes, en el marco de la desregulación, optarán antes de jubilarse por otras obras sociales".
La UDA aclaró que "como es de público conocimiento" no pertenece al Consejo de Administración de OSPLAD desde 1995, por lo cual afirmó que "esta lamentable decisión, así como también, la falta de prestación de muchos servicios, recae exclusivamente sobre la actual conducción de dicha obra social".
Del otro lado de la vereda, el Consejo de Administración de la obra social docente sostiene que dentro del cuadro general del sistema de prestaciones sociales, existe una "agravada" situación particular de OSPLAD. Señalan los dirigentes sindicales del magisterio que la obra social "atraviesa una situación de arduos, complejos y por momentos infructuosos reclamos ante varios gobiernos, entre ellos Misiones, Catamarca, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Provincia, Santiago del Estero y Ciudad de Buenos Aires".
También reclamó aportes a organismos nacionales, como la Universidad Tecnológica Nacional, Instituto Universitario de las Artes y a "más de 2.200 colegios e instituciones educativas privados de todos los niveles".
Esa masa de dinero que dijeron "nunca fue depositada" en la obra social docente asciende, entre reclamos administrativos y judiciales, a más de 590 millones de pesos, según la conducción de OSPLAD.
Asimismo, declararon que la Administración de Programas Especiales (APE), con fondos de todos los afiliados al sistema, "adeuda a la Obra Social por prestaciones efectivamente brindadas a sus afiliados y debidamente documentadas, más de 167 millones de pesos", situación que fue denunciada en 2010 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Apuntaron también a la existencia de casos aún más extremos de evasión al sistema de seguridad social de los maestros y profesores, "en los que gobiernos, provincias y establecimientos educativos llevan años sin registrar ingresos por aportes efectivamente retenidos y descontados".
Mientras argumentan que continúan con las prestaciones a los afiliados del magisterio, se quejan de recibir sólo 148 pesos como aporte total por afiliados y de que el resto del descuento queda en el presupuesto del PAMI como un recurso propio.
Por Laura Hojman. (DyN)
