“Hemos dado un paso adelante en el fortalecimiento de los derechos de los menores, los ancianos y los enfermos”, dijo Nazabal, quien destacó los alcances del proyecto que deberá ser tratado en el Senado para convertirse en Ley.
Resaltó que “con la iniciativa se establece la obligación de requerir al Registro de Deudor Alimentario el libre deuda registrada”.
"Las obligaciones alimentarias surgidas del Código Civil deben entenderse como un deber ético pero de interés social y de orden público, por lo cual el estado debe generar todas las herramientas que estén a su alcance para garantizar el cumplimiento de las mismas”, finalizó.
El Senado actualmente tiene en tratamiento otra iniciativa similar, que busca que aquellas personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual no puedan trabajar en el estado provincial.
La iniciativa, que fue presentada por la senadora María Cristina Di Rado (FPV), impide que el estado pueda contratar a hombres y mujeres que incumplan con el pago de la cuota alimentaria de sus hijos o que hayan sido condenados por el delito de abuso sexual.
"El incumplimiento frente a las obligaciones alimentarias expone en situación de riesgo a las partes más indefensas de las redes familiares, ya que las cuotas por alimentos según surge del Código Civil, son destinadas en su mayor parte a los menores, a los ancianos y a los enfermos, de allí su naturaleza eminentemente asistencial", explicó Di Rado.
La legisladora también propuso que se incluya en la prohibición, a condenados por delitos sexuales, “lo cual surge como consecuencia del incremento en el número de casos que se denuncian por los llamados delitos contra la integridad sexual”, explicó Di Rado.
