El proyecto contempla una modificación en el artículo 171 del Código Procesal Penal de la Provincia, que establece que “en ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”.
Agrega que “tampoco se concederá la excarcelación cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”.
Señala que “la autoridad policial o judicial requerirá en forma inmediata los antecedentes del imputado” y que “las disposiciones de la presente ley regirán en forma inmediata y se aplicarán aun respecto de los procesos, incidentes y recursos en trámite”.
En los fundamentos se afirma que “se estima ahora conveniente readecuar el marco normativo procesal para lograr por un lado la aplicación eficaz y uniforme en la Provincia de la normativa nacional que reprime la tenencia o portación ilegítima de arma de fuego”.
“Y por otro -continúa-, propiciar un análisis particularizado y cuidadoso de determinados supuestos de hecho que se vinculan de forma directa con la problemática de la seguridad ciudadana y -lo que resulta determinante- exhiben además desde lo procesal aristas relevantes en orden a los principios que rigen la coerción durante el proceso”.
Por último se sostiene que “en muchas ocasiones la libertad del imputado se hace efectiva sin verificar previamente la existencia de antecedentes penales, lo que impide constatar -al momento de decidir la excarcelación- si resulta o no de aplicación la agravante mencionada”.
Al enviar el proyecto el gobernador Scioli prometió ser “muy contundentes” con la portación ilegal de armas y en varias oportunidades pidió a la Legislatura la sanción de la iniciativa para de esa manera poder “ir acorralando el delito”.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria se calificó la reforma como “parte de la demagogia punitiva que apela a medidas para que aparezcan en los medios masivos a fin de conformar a la opinión pública a la luz de los hechos recientes de delitos que tuvieron repercusión mediática”.
Para el organismo defensor de los derechos humanos, el proyecto de Scioli “intenta desvirtuar la finalidad del instituto excarcelatorio con una fórmula que vulnera el principio de inocencia”.
Finalmente, indicaron que “la iniciativa de ningún modo contribuirá a resolver los problemas de violencia o inseguridad” y reinstalará “las políticas del año 2000, que llevaron a una crisis carcelaria, judicial y de promoción del hacinamiento carcelario y las violaciones de derechos humanos”.
