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La fiscalía de San Martín ratifica el pedido de prisión para los trabajadores que cortaron la ruta Panamericana

La Fiscalía de San Martín ratificó el pedido de prisión preventiva para dos de los manifestantes que participaron de protestas y cortes en la ruta Panamericana para pedir por los trabajadores despedidos de la multinacional Kraft, en el año 2009.
Hoy por la mañana, durante una audiencia convocada por la Cámara de Apelaciones en lo Federal de San Martín, la Fiscalía Federal General respaldó el planteo que formuló el fiscal de primera instancia Paulo Starc para sostener la prisión preventiva de Javier Hermosilla, miembro de la comisión interna de Kraft, y de Oscar Coria, trabajador despedido.

Ambos fueron acusados por la protesta que se realizó el 14 de junio pasado en el kilómetro 35 de la Panamericana en el marco de un plan de lucha durante las últimas negociaciones salariales paritarias del gremio de la alimentación.

Para la Fiscalía, Hermosilla y Coria -ambos militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)- deben ser sancionados por haber incurrido en una "reiteración delictual", por "continuar ejerciendo una conducta criminal" y por su "manifiesta peligrosidad".

Mientras la audiencia se desarrollaba, manifestantes de la comisión interna de Kraft, de organismos de derechos humanos y de partidos políticos se movilizaron hasta la sede del Tribunal, en la calle Güemes 3053 de San Martín.

Para los organizadores de la protesta los fiscales "basan esta inédita y preocupante solicitud en que Hermosilla está imputado por haber participado en once manifestaciones sobre la Panamericana y Coria en otras tres" movilizaciones.

Según se señaló, a criterio del Ministerio Público la Justicia debe encerrarlos para que "no produzcan nuevas interrupciones en el tránsito".

"Las identificaciones por parte de la Justicia de ambos compañeros se realizaron mediante la infiltración y el espionaje ilegal de Gendarmería Nacional a partir de 2009, como hemos denunciado en la causa del 'Proyecto X'", dijeron los organizadores de la protesta.

Señalaron que "este ataque a las libertades democráticas de los luchadores se inscribe en el marco de las causas penales iniciadas por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, contra los trabajadores de la línea 60 sólo por el hecho de ejercer sus derechos a reclamar seguridad contra las patotas de la burocracia sindical y de la patronal, y contra los trabajadores desocupados que fueron violentamente reprimidos por la Gendarmería Nacional y encerrados en Campo de Mayo el 30 de agosto pasado".

"Más de cinco mil luchadores populares se encuentran perseguidos penalmente: más allá de los discursos, el Gobierno K criminaliza a los que luchan. Repudiamos el intento de encarcelar a Hermosilla y Coria y exigimos el cese de todas las causas penales contra los luchadores obreros y populares", dijo en un comunicado el PTS.

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