La denuncia señala que Rustán de Estrada suspendió el aborto desconociendo el artículo 82 del Código Penal –que permite el aborto en casos de violación– y de un fallo de la Corte Suprema que avaló la práctica médica en esas situaciones.
También señaló que la magistrada resolvió el caso "sin haber investigado ni verificado los hechos de la causa bajo su examen", lo que calificó como "clara sentencia arbitraria".
"La arbitrariedad gravísima de esta conducta de la magistrada denunciada se materializa expresamente en la falta de conocimiento total de la identidad de la víctima, la ausencia de inmediación con ella, la falta de conocimiento de los antecedentes del caso, del contexto, de las circunstancias y protagonistas, etc", agregó.
La legisladora dijo que "este caso nunca debió haber tomado tal estado público atento los derechos personalísimos que están en juego", ya que la mujer fue víctima de una red de trata de personas, "con lo cual estamos frente a una constante re-victimización en un marco de violencia ejercida institucionalmente".
"No está de más señalar que esta re-victimización y este marco de violencia institucional han sido originados por el propio Poder Ejecutivo de la CABA, cuyo Jefe de Gobierno hizo públicas ciertas declaraciones y dio precisos datos sobre la intervención que violentaron.
