El informe estimó que "este desequilibrio económico financiero resulta de tarifas que han tenido a lo sumo renegociaciones parciales, que no permitieron que los ingresos de las empresas puedan absorber los incrementos de costos originados por la tasa de inflación real", y puntualiza que "además, provoca pérdidas operativas que repercuten sobre la capacidad de pago de las empresas".
En la última semana de agosto funcionarios de los ministerios de Economía y de Planificación Federal anticiparon a directivos de empresas generadoras y distribuidoras de electricidad que el gobierno avanzaría con nuevas reglas para el sector.
A tal fin el gobierno creó una Comisión de estudio de la situación operativa y económico financiera de cada compañía para determinar, por caso, las tarifas del servicio y lo que denominó una "rentabilidad adecuada" para las empresas prestadoras.
Esa Comisión esta coordinada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien requirió a las compañías de electricidad una serie de datos técnicos referidos, entre otros, a costos de producción, ingresos, e inversiones realizadas y previstas.
Los funcionarios ratificaron que el criterio a aplicar será el de considerar el resultado económico de las empresas de acuerdo a su participación en toda la cadena del rubro, es decir en generación, transporte y distribución, compensando eventualmente pérdidas y ganancias en toda la gama de actividad.
Si bien trascendió que se aplicaría idéntico criterio respecto del sector gasífero, las empresas del rubro no fueron convocadas a una reunión conjunta, aunque varias de ellas hicieron llegar informes técnico-económicos a las autoridades.
El informe del IAE detalló situaciones originadas por lo antes expuesto: . En abril de 2011 MetroGAS -en concurso de acreedores- contrató asistencia financiera para asesorarse en la formación de una propuesta de reestructuración de sus obligaciones negociables y otras acreencias que forman parte de su pasivo concursal.
Esta empresa reestructuró su pasivo pero atraviesa serias dificultades para hacer frente a sus nuevas obligaciones para con los acreedores, y así lo informó recientemente a la Comisión Nacional de Valores.
. La transportadora TGN está intervenida por el ENARGAS y tiene pedidos de quiebra y acciones ejecutivas de cobro y tramita la homologación judicial del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE)).
. El ENRE, en julio 2012, designó un veedor en EDESUR por 45 días para controlar la normal prestación del servicio de distribución de energía, con carácter prorrogable, con motivo de la falta de pago a CAMMESA de la energía comprada para la distribución y suministro a los usuarios.
. La empresa ENDESA Costanera presentó en el primer semestre cerrado al 30 de junio de 2012 un patrimonio negativo, lo que está evidenciando la gravedad de la situación.
El informe sostiene que "la Ley 19550, de Sociedades Comerciales, establece la necesidad de encontrar una solución a esta situación; por lo cual se requiere disponer una pronta recomposición de los precios del Sector".
Ello, se indicó, porque en caso contrario se producirá "el deterioro de la prestación de los servicios ante un crecimiento moderado pero sostenido de la demanda de electricidad".
El IAE sostuvo que "se continúa agravando la desfinanciación integral del sistema eléctrico, que ha ido requiriendo cuantiosos subsidios del Estado que impactan negativamente en la situación fiscal del Estado Nacional".
Con subsidios del Tesoro, CAMMESSA viene compensando el déficit entre los ingresos totales por tarifas a usuarios finales y los costos totales de generación y transporte (incluyendo compra de combustibles líquidos e importaciones de electricidad), en una proporción del orden del 50 por ciento de los recursos totales.
En el área de la distribución, diversas empresas de distinta escala gestionan planes de refinanciación ante CAMMESA para tratar de ir pagando en mayores plazos los montos que le vienen adeudando por la energía recibida.
