Entre los fundamentos, el proyecto de Scioli sostiene que "algunos jueces y fiscales provinciales han entendido que la ley nacional resulta parcialmente aplicable al territorio bonaerense", por lo que "resulta de suma utilidad dar apoyo a estas interpretaciones jurisprudenciales mediante la sanción legislativa".
Agrega que "en lo que atañe al robo de vehículos automotores, diversos estudios criminológicos y las propias bases de datos que tiene la provincia de Buenos Aires, permite advertir que resulta relevante para la actividad la posterior venta y comercialización de sus autopartes".
Finalmente, el gobierno recordó que se creó en agosto de 2010 "un cuerpo especial de operadores en la central 911, abocados exclusivamente a receptar denuncias anónimas sobre desarmaderos, que son remitidas en forma inmediata a los fiscales competentes para la correspondiente investigación".
En ese sentido, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, dijo que las denuncias recibidas al 911 "permitieron en el último año profundizar la lucha contra los desarmaderos ilegales" y que en el último mes fueron incautadas más de 100 mil autopartes de procedencia ilícita y se clausuraron más de 40 comercios ilegales.
