El corte se realizó durante todo el día, después de que durante el fin de semana trascendiera que el juez mendocino habría emitido una nueva orden de intervención, desplazamiento del Directorio y desguace de la compañía de cable.
Fuentes de Cablevision calificaron ls situación de "grotesco jurídico", ya que un juez de una provincia donde la compañía no opera y "de probados vínculos con el Grupo Vila-Manzano y el Gobierno, pretende una vez más manejar la compañía".
El 20 de diciembre del año pasado, por orden de Bento y tras una denuncia del grupo mendocino, la Gendarmería Nacional allanó la sede de Cablevisión, aunque el procedimiento fue desestimado por la Justicia, quien lo declaró “incompetente” para actuar.
De allí, que Bento haya necesitado esta vez de un juez federal con jurisdicción local, para que avale su nueva ofensiva contra la empresa del Grupo Clarín, a partir de una Resolución que pretendería dividir la compañía y avanzar también contra Fibertel.
"La desmesura y el disparate llegan al punto de pretender desapoderar a los legítimos titulares de la compañía por razones inexistentes y absurdas, con el agravamiento de que le darán a personeros del Gobierno el acceso a la información de sus 3 millones de clientes", agregó la fuente.
Bento fue llevado a juicio político por el allanamiento y el 5 de julio el Consejo de la Magistratura, que domina el kirchnerismo, resolvió que no había motivo para avanzar en ese procedimiento.
También el juez federal Claudio Bonadío lo denunció penalmente, junto a la ministra de Seguridad, Nilda Garré por haber facilitado los efectivos de la Gendarmería.
En su denuncia original en Mendoza, el Grupo Vila-Manzano denunció que la empresa Artear había incumplido un contrato con un operador de la provincia de Salta, en lo que fue una diferencia de precio entre el Canal 13 capitalino (de aire) y un cable salteño.
En ese momento, Cablevisión, quien no tiene operaciones en la provincia cuyana, señaló que no tenía nada que ver con la controversia y que el problema estaba radicado en Salta, por lo que el juez mendocino no tenía jurisdicción.