A su vez, la Argentina solicita nuevamente que la República del Uruguay suspenda la inmunidad diplomática del embajador Bustillo en la causa por la importación indebida de automóviles extranjeros.
El embajador Bustillo es el único diplomático involucrado cuyo país no ha otorgado el levantamiento de la inmunidad diplomática para que sea investigado por la Corte Suprema argentina luego de que el Juez interviniente comprobó la participación del embajador Bustillo como así también la intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación entre los vehículos pertenecientes al Embajador Bustillo.
Llama la atención que la razón esgrimida por el gobierno uruguayo sea, casualmente, que el embajador Bustillo preside la Comisión del Río de la Plata que tiene jurisdicción en el canal Martín García.
La actitud de la República del Uruguay contrasta con la actitud de las Repúblicas de Bolivia y Congo que ordenó a sus diplomáticos a someterse a la justicia argentina en la misma causa.
El 3 de marzo de 2007, el embajador Bustillo solicitó dos (2) franquicias para importar sin impuestos dos automóviles porsche 911 valuados en USD 98.000 cada uno, en clara contravención a la Circular Diplomática 6/2000, cuyo trámite concluyó en las Franquicias Nº 154 y 155/2007.
Tres años antes habían ingresado al país dos franquicias de vehículos BMW M3 y BMW X5. Cuatro autos cuyos diseños distan bastante de los utilizados por el cuerpo diplomático.
La República Argentina reitera el interés estratégico que tiene el dragado del canal Martín García para el crecimiento de nuestro comercio internacional y garantiza que el mismo se hará de forma transparente y de acuerdo a los dictámenes de la Justicia.
Por dicho motivo, es importante que nuestro pedido haya sido tenido en cuenta y se hagan todas las presentaciones ante la Justicia que dará lugar para que pasemos de las meras palabras, rumores y suposiciones a los hechos concretos que no son otros que el dragado y profundización de la vía navegable.
Será una contribución importante para concluir cualquier demora que el Uruguay conteste el exhorto de la justicia argentina y, además, se permita a la Corte Suprema argentina juzgar el accionar del embajador Bustillo en la causa por contrabando en la que se encuentra involucrado.
