Se trata del conflicto que mantienen ambos Gobiernos por la administración del subte luego que Macri rechazara el acta por la cual aceptó tomar el control del subte y aumentar de 1,10 a 2,50 pesos la tarifa del servicio.
La jueza federal Claudia Rodríguez Vidal rechazó en abril las medidas cautelares que ambos Gobiernos presentaron y el caso llegó hasta la Cámara, donde ahora solo queda la apelación del Poder Ejecutivo Nacional.
En tanto, el expediente principal del caso se sigue tramitando en el juzgado de Rodríguez Vidal.
El Congreso Nacional aprobó una ley por la cual transfirió al Gobierno porteño las líneas de subterráneos y las 33 empresas de colectivos que funcionan en la ciudad de Buenos Aires.
