Así lo confirmó el secretario adjunto de la AJB, Daniel Pérez Guillén, quien dijo a DyN que hoy los trabajadores "impidieron el ingreso de público al edificio de la Suprema Corte" ubicado en avenida 13 y 48, y aseguró que "nos quedaremos dentro de la sede judicial hasta que el presidente de la Corte, que es parte del conflicto, convoque a retomar las negociaciones".
Por su parte, el titular del gremio, Hugo Blasco, dijo que esa medida fue resuelta "porque el Ejecutivo no da respuestas sobre nuestro pedido de paritarias, y porque la Corte se niega a convocar un ámbito de discusión, a lo que se suma la presencia policial en los tribunales".
El conflicto que mantienen la AJB y el Gobierno viene afectando el funcionamiento de los tribunales desde hace más de un mes e incluye entre dos y tres jornadas de huelga por semana, por lo que la Corte dispuso el cese de los plazos procesales para la mayoría de los departamentos judiciales, para que no se vean afectados los actos administrativos cumplidos.
Hoy trascendió de fuentes de la Corte que el aumento salarial aprobado por decreto se abonará con dos recibos: en los primeros días de mayo y cuando se liquide el mes de abril.
Uno que corresponderá al mes pasado, en el que solo figurará el monto del incremento otorgado, y el segundo del mes de abril en el que estará incorporada la suba junto al sueldo de ese período.
La mejora dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo -aún no publicado en el Boletín Oficial-, consiste en un incremento del 26 por ciento para las categorías más bajas del escalafón -de la 6 a la 14-; del 24 por ciento para las categorías medias -15 a la 19,5- y del 21 por ciento para funcionarios y magistrados.
Los judiciales, que lo rechazaron por insuficiente, reaccionaron profundizando el conflicto por la forma en que les fue concedido y por la decisión del Gobierno de cerrar unilateralmente las negociaciones, e insistieron en que el aumento debe incluirse en un plan para recuperar gradualmente el sistema de cobro por porcentualidad, que engancha sus sueldos con los de los jueces de la Corte. El Gobierno que no está en condiciones de satisfacer este pedido.
En medio del conflicto, el máximo tribunal dictó el domingo pasado una resolución ordenando a los titulares de los juzgados disponer medidas para garantizar el servicio de Justicia. E instruyó a los jueces para asegurar el "normal funcionamiento" de las mesas de entrada, con atención de ellos mismos en los casos en que los empleados estén ausentes por adherir a medidas de fuerza.
Esta decisión de De Lázzari fue cuestionada por el gremio, que la consideró "una presión indirecta que no dará resultado", mientras el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Arias, calificó a la medida de "impulsiva" porque "lejos de contribuir a un desenlace satisfactorio del conflicto, puede profundizar aún más las desavenencias".
