Afirmó que la adecuada prestación del servicio de justicia "es una exigencia indeclinable e irrenunciable para el Poder Judicial", y agregó que es tarea esencial no solo de la Suprema Corte, sino "de todos y cada uno de los magistrados", en un mensaje difundido en medio de las protestas por salarios de los judiciales contra el gobierno de Daniel Scioli.
El año pasado la propia Corte medió entre el Poder Ejecutivo provincial y los judiciales para llegar a un acuerdo, tras denunciar el colapso de los tribunales por las huelgas.
"Está claro que es deseo de todos contar con una organización judicial que tenga medios adecuados, organismos suficientes, capacitación, tecnología y elementos idóneos para desenvolver la misión que nos cabe", admitió De Lázzari.
"Ninguna duda puede existir en torno a que compartimos la aspiración de obtener mejoras para todos, y especialmente para los sectores del personal mas desfavorecidos", añadió.
Pero advirtió que "el Poder Judicial no es una isla" y que "lamentablemente sufre las mismas carencias que se perciben en otros ámbitos de la administración provincial, en un marco general signado por graves dificultades económicas".
El derecho de huelga, de peticionar y de reunión "tienen reconocimiento. Pero deben ejercerse en un contexto que no colisione con otros igualmente respetables porque también conforma garantía constitucional ineludible la tutela judicial continua y efectiva, el acceso a la justicia", sostuvo.
De Lázzari aseguró que "no es posible privar de justicia al habitante de la Provincia de Buenos Aires o prestarla deficitariamente".
El conflicto "es un eslabón más de una situación signada por expectativas que confrontan con limitaciones y carencias generalizadas en la Provincia. No es resorte del Poder Judicial resolverlo. Cada vez que el Tribunal que presido ha visualizado la posibilidad de que su intervención permita alcanzar razonables soluciones no ha vacilado en comprometerse", añadió.
De Lázzari afirmó que "el actual es un desacuerdo externo a las posibilidades de la Suprema Corte, que no está en condiciones de definirlo por más que sus consecuencias repercutan directamente en el ámbito del Poder Judicial".
El juez admitió que "todavía" no hay "señales que permitan ensayar un mecanismo como el mencionado del año anterior", y abogó para que se "desanden actitudes intempestivas o poco racionales que más que acercar alejan posiciones" y "se dejen de apostar al todo o nada y en su lugar se empeñen en la búsqueda de un camino fértil de negociaciones".
"Si la prestación del servicio de justicia es indispensable, indispensable es que los Juzgados tengan sus mesas de entrada abiertas, que los justiciables y los profesionales reciban debida atención, que las audiencias se tomen, que los escritos se despachen y que las resoluciones se notifiquen".
"No podemos omitir nuestros propios deberes", dijo, y avaló los descuentos por días de paro al señalar que "el respeto del derecho de huelga no incluye un plus consistente en pagar por tareas no realizadas".
