Al respecto, Casal dijo que "el Estado estaba en deuda en tener una fuerte intervención en esta problemática con acciones y políticas concretas", y prometió redoblar esfuerzos para "desbaratar estas organizaciones que tienden a lucrar con las necesidades de la gente".
Por su parte, Collia expresó que "es un paso adelante poder garantizar plenamente el derecho a la salud y priorizarlo sobre otras cuestiones", y sostuvo que se trata de "una herramienta muy positiva, muy importante que va a generar resultados positivos".
El Colegio de Abogados difundirá en su ámbito las prácticas ilegales realizadas, mientras que los ministerios de Salud y de Justicia colocarán afiches en instituciones de salud pública y privada y en las comisarías para la difusión de los derechos de las víctimas.
