El amparo, firmado por el juez federal Walter Bento, derivó en un procedimiento concretado esta mañana en la sede de la avenida General Hornos 690, en el barrio porteño de Barracas, hasta donde llegó el designado coadministrador, Enrique Anzoise, acompañado por medio centenar de gendarmes y un equipo televisivo del programa "6,7,8", que se emite por el estatal Canal 7.
Según Cablevisión, Anzoise quiso secuestrar información sin el debido respaldo judicial y luego "amedrentó" a los empleados.
Los gendarmes y el interventos estuvieron en la sede desde las 10 de la mañana hasta las 13 recorriendo los nueve pisos y, cuando el designado interventor llegó hasta el hall del edificio, se topó con gran cantidad de empleados que lo abuchearon al grito de "queremos trabajar".
Además hubo empujones y Anzoise se retiró de la sede, custodiado por los gendarmes.
La empresa denunció que el juez que actuó es "incompetente" y que esta situación responde a una nueva embestida del Gobierno contra el grupo Clarín a una semana de la reasunción de Cristina Fernández, mientras que el Gobierno desestimó cualquier vinculación con la decisión judicial.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré sostuvo que la Gendarmería asistió al operativo a pedido de un juez, mientras que su par de Interior, Florencio Randazzo dijo que es un "disparate" apuntar contra el Gobierno, porque el amparo lo dispuso una jueza que en su momento votó en contra de la Ley de Medios. La iniciativa fue motorizada por el llamado Grupo Vila-Manzano, que solicitó a la jueza Olga Pura de Arrabal un amparo para lograr "el cese de las conductas anticompetitivas que denuncia".
El amparo también solicitó "la división de Cablevisión, mediante la segregación de los activos, pasivos y negocios que pertenecían a Multicanal -que fueran absorbidas por esa empresa- de los restantes activos, pasivos y negocios de Cablevisión, solicitando además la transferencia a terceros de estos últimos".
La medida apuntó contra Cablevisión, Artear y el Grupo Clarín como controlante de ambas contra los accionistas Ernestina H. de Noble, Héctor H. Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.
Fue el 7 de diciembre de 2007 cuando el entonces presidente Néstor Kirchner firmó un Decreto que aprobaba la fusión de Cablevisión y Multicanal y el paquete accionario quedó en manos del Grupo Clarín.
Poco después de ese decreto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial de la operadora Cablevisión, que posibilitó la fusión con la señal Multicanal. Ahora, sin embargo, los operadores de la empresa Supercanal denunciaron que "la restructuración de Cablevisión tiene por finalidad que quienes controlan a esa empresa (esto es, Grupo Clarín y Finteen, en ambos casos a través de diversas sociedades), continúen en el futuro con los mismos negocios que tenían antes de la concentración entre Cablevisión y Multicanal".
Y reclamó un amparo para que "se ordene la división de Cablevisión por otra modalidad que cumpla la misma finalidad de la medida referida precedentemente, de manera tal, que los actuales accionistas de Cablevisión continúen sólo con los negocios que correspondieran a Multicanal".
Según la empresa de Vila-Manzano, las "múltiples, variadas y persistentes prácticas anticompetitivas desplegadas por los demandados, afectan a su representada y sus vinculadas, porque distorsionan gravemente la competencia en el mercado de televisión por cable en el que Cablevisión opera y detenta una posición dominante".
Como la jueza Olga Pura de Arrabal se veía impedida de actuar en alguna causa vinculada a la Ley de Medios, el juez federal mendocino Bento actuó como subrogante y avaló la intervención ante la posibilidad de que Supercanal sea victima de "prácticas anticompetitivas denunciadas" por "la consolidación de los negocios de la otrora Multicanal, en Cablevisión".
El juez Bento sostuvo que basta "la simple apariencia o verosimilitud del derecho" invocado para hacer lugar a la medida cautelar, tras remarcar que la empresa de Vila-Manzano opera dando servicio de cable en la provincia de Mendoza (donde Cablevisión, dijo la empresa, no opera).
Y dispuso una intervención que dure un año, ya que el interventor deberá controlar la separación de las empresas Cablevisión y Multicanal, con sus respectivos abonados y costos de prestación.
Para ello, se le ordenó a Cablevisión "elaborar y poner a disposición de este Tribunal, por intermedio del interventor que se designará, la información necesaria para identificar a los citados abonados y los costos de prestación de los servicios correspondientes en un plazo de 60 días".
