Tras la denuncia, las propias Madres de Plaza de Mayo que lidera Hebe de Bonafini se presentaron como damnificadas y pusieron a disposición del juzgado libros contables y documentación que contendría pruebas sobre los ilícitos.
La propia fundación creada por las Madres para administrar los recursos públicos volcados a la construcción de viviendas sociales, admitió que muchos papeles podrían haber sido retirados de sus oficinas sin su control.
Fuentes vinculadas a la causas estimaron que la cantidad de imputados ronda el medio centenar, algunos de los cuales podrían ser llamados a indagatoria a comienzos de diciembre luego de que el fiscal Jorge Di Lello haga llegar al juez el pedido.
Oyarbide cuenta ya con numerosos informes técnicos y pericias, entre el realizad por el Banco Central referido a la “ruta del dinero”,donde constarían los movimientos sospechosos entre las cuentas de los imputados.
El juez aguarda también para antes de comenzar las indagatorias un informe sobre la situación patrimonial de cada uno de los sospechosos, encargado a la Policía Federal.
La causa está caratulada como “defraudación y lavado de dinero” ya que además del desvío de recursos de sus destinos originales, se habría constatado el cambio de cheques por efectivo en financieras.
En tanto, la Cámara Federal porteña advirtió hoy sobre el “errado direccionamiento” que -según considera- se ha dado a la investigación del caso Schoklender y ordenó al juez federal Norberto Oyarbide identificar “adecuadamente” el objeto procesal del caso y formular las acusaciones concretas que correspondan.
“El errado direccionamiento que se ha dado” a la investigación “no resulta el más idóneo para el descubrimiento de la verdad material que es, en definitiva, la finalidad de la instructoria que transita este sumario”, advirtieron los camaristas de la sala I del tribunal de apelaciones, informaron a Télam fuentes judiciales.
Las advertencias del tribunal de apelaciones fueron hechas al declarar la nulidad de una resolución de Oyarbide donde rechazó levantar medidas cautelares dictadas sobre bienes y fondos de Leonardo Hubscher, Alberto Marcelo García y la empresa Eagle Security investigaciones SA.
Por voto mayoritario de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah se dispuso que el juez vuelva a decidir sobre estas medidas vinculadas principalmente a “inmovilización de fondos” en cuentas bancarias, ya que las consideraron “arbitrarias”.
En tanto Eduardo Freiler votó en minoría por anular directamente la totalidad de la resolución donde se ordenaron las restricciones patrimoniales a todos los imputados del caso y empresas sospechadas.
Tras examinar los 99 cuerpos de la causa la Cámara instó a Oyarbide a “arbitrar los medios necesarios para circunscribir adecuadamente el objeto procesal y formular las imputaciones que correspondan permitiendo el ejercicio del derecho de defensa”, explicaron las fuentes. (Télam)
