También el diputado nacional por el socialismo Miguel Barrios consideró que la violencia de género "es sólo la punta del iceberg de la desigualdad que existe entre varones y mujeres".
Uno de los ejes que se destacan en el país para erradicar estos delitos es la ley 26.485, que "ha implicado un cambio de paradigma respecto de la violencia de género" porque "incluye los tipos y modalidades reconocidos, pero también porque la norma responsabiliza de su ejecución a los tres poderes del Estado", aseguró Perla Prigoshin, de la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género.
"Frente a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres no hay justicia sin sanción, entendida ésta no sólo como castigo al victimario sino, y esencialmente, como reparación a la víctima".
Por su parte, Mariana Gras, subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres detalló el trabajo que realiza el organismo a partir del paraguas institucional que ofrece la ley.
El trabajo incluye capacitación a 15.500 personas en todo el país, una encuesta y "la articulación con los gobiernos provinciales y municipales para la construcción de los Hogares de Protección Integral para mujeres en situación de violencia y su núcleo familiar".
La brecha entre el marco legal y el escenario de las prácticas cotidianas "sigue siendo enorme" señaló Estela Díaz, secretaria de género de la CTA, quien aseguró que "sabemos que estos cambios, que en lo esencial son culturales, no se logran de un día para el otro, ni sólo con legislaciones más comprensivas de esta realidad, necesarias, pero no suficientes".
Por eso invitó a asumir "un compromiso personal y colectivo para la construcción de una sociedad libre de violencia y discriminación".
La diputada nacional por Libres del Sur Victoria Donda resumió que "los femicidios producidos por parejas o ex parejas, la violencia que sufren las detenidas en las cárceles y el flagelo de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, son las aristas más crudas de esta realidad que pretendemos cambiar".
En tanto Monferrer sumó otra realidad de la violencia: los femicidios vinculados, que definió como aquel homicidio que se comete hacia un ser querido para "provocarle daño a la mujer", como puede ser el matar a un hijo, una pareja actual, los padres o los hermanos.
En un desglose sobre los tipos y modalidades de violencia, Díaz también se refirió a la violencia laboral, que se manifiesta en "el abuso de poder por parte de patronales y directivos, el hostigamiento, acoso moral y sexual, la discriminación por razones de género, diversidad, etnia, aspecto físico".
Estas violaciones "sólo son contempladas en la administración pública, pero no encuentran en el sector privado mecanismos claros de denuncia, sanción y prevención", afirmó la secretaria de Género de la CTA.
Una de las novedades de la legislación argentina es la incorporación de la figura de la violencia mediática, que la comunicadora e integrante de la red de periodistas PAR, Paula Morales, definió como "una bisagra entre las prácticas culturales naturalizadas y los nuevos modos posibles de hacer y consumir periodismo".
En ese sentido, Morales se mostró optimista porque "está emergiendo otro periodismo crítico al sexismo, la misoginia y sobre todo el androcentrismo mediático".
Otra de las nuevas miradas sobre la violencia de género es la que se detiene sobre las relaciones basadas en el maltrato durante las relaciones de noviazgo, que ya provocaron la muerte de 18 chicas en lo que va del año, según el relevamiento que realiza el Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano”.
La fecha que sirve para poner en agenda pública la violencia de género es la excusa para generar diversos espacios de debate, que permitan hacer más visible un problema que afecta a 6 de cada diez mujeres en el mundo, según los datos que maneja ONU Mujeres, y que en la Argentina llevó a la muerte a 260 mujeres durante 2010. (Télam)
