Esto es porque Ernesto Sánz (UCR-Mendoza) planteó por una cuestión técnica dividir el artículo 125 del Código Penal para fijar de 2 a 4 años de prisión el castigo del "delito básico", cuando el dictamen consensuado establece de 4 a 6 años, y dejar de 4 a 10 años cuando hay "agravantes".
El dictamen sobre trata de personas fue elaborado sobre la base de iniciativas presentadas por Beatriz Rojkés y Sergio Mansilla (del FPV), y Adriana Bortolozzi, Liliana Negre, Roy Nikish, y Juan Carlos Romero (Peronismo Federal).
Entre otras modificaciones, la legislación que se impulsa elimina "el consentimiento de la víctima" como causa para eximir de responsabilidad penal al autor del delito y obliga al Estado a dar a la víctima protección y asesoramiento adecuado a situación y edad, asistencia jurídica gratuita y la posibilidad de pedir refugio si es extranjera.
El dictamen también castiga la explotación al fijar de 3 a 15 años de prisión a quien redujese a una persona a esclavitud o servidumbre.
El texto fue consultado también con las diputadas Fernanda Gil Lozano (CC) y María Storni (UCR), entre otras, que trabajan el tema en la Cámara baja, con el fin de consensuar de antemano el contenido de la norma.
Por otra parte, las comisiones pusieron a la firma un dictamen que insiste en la sanción que el Senado dio en 2008 a la creación del Registro Nacional de datos genéticos vinculados a los delitos de índole sexual, herramienta reclamada desde hace tiempo por las Asociación Madres del Dolor para facilitar el esclarecimiento de esos delitos.
En este caso, el dictamen consensuado se basa en los proyectos presentados por la senadora Sonia Escudero, Ramón Mestre (UCR) y Miguel Pichetto (FPV).
Se estima que el Registro facilitará el esclarecimiento de hechos en el marco de una investigación judicial vinculada a delitos contra la integridad sexual, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables.
