El objetivo de la medida es "garantizar la imparcialidad del reconocimiento médico mediante la participación de actores ajenos al procedimiento judicial".
La CICOP sostuvo que es "muy positivo que las autoridades hayan hecho lugar a las innumerables denuncias de los organismos de derechos humanos acerca de la necesidad de garantizar la imparcialidad en estos procesos, apartando de los mismos a la cuestionada policía bonaerense".
Sin embargo, consideró que la medida "a todas luces apresurada e inconsulta, no permitirá garantizar los derechos que enuncia querer garantizar".
El ministerio de Salud bonaerense dijo, tras el reclamo, que se reunirá a partir del lunes con los gremios para protocolizar el sistema antes e su implementación.
"Se confeccionará un protocolo de atención de estos pacientes, en el que se establecerán los procedimientos y actuaciones en cada circunstancia. También se definirán las medidas necesarias para la protección del personal sanitario, que incluye su debida capacitación", sostuvo en un comunicado.
La CICPO manifestó "su compromiso con los derechos humanos de todas las personas, incluyendo por supuesto a los detenidos, muchas de las cuales ni siquiera se encuentran procesadas y que son, en reiteradas ocasiones, víctimas de la violencia policial por el solo hecho de pertenecer a los sectores sociales más desfavorecidos".
Pablo Torres, secretario general de la CICOP, explicó que "la nueva demanda que recaería sobre los hospitales bonaerenses no encontrará el personal capacitado específicamente para estas tareas, que requieren de especialización y del conocimiento de normas nacionales e internacionales en la materia, si lo que se quiere es realmente asegurar los derechos de las personas detenidas".
El gremio sostuvo que "los establecimientos bonaerenses tampoco cuentan con las instalaciones y el personal necesarios para garantizar la seguridad e integridad física, tanto del personal interviniente como de los detenidos y del resto del público que se atiende, y mucho menos para garantizar que la documentación (Historias Clínicas, etc.) sea archivada en lugares que garanticen que las mismas no sean adulteradas".
Ante esta situación, "exigió" que la medida sea dejada sin efecto y "se convoque de inmediato a una Comisión con todos los actores involucrados, incluyendo a los organismos de derechos humanos y a los gremios del sector, para encontrar una verdadera solución al problema planteado".
