En ese sentido, pidió que se investigue a los hermanos Schoklender, a los directores, síndicos y accionistas de Meldorek, "encabezados por el presidente del directorio Alejandro Gotkin", a quienes cumplen idéntica misión en la empresa Gorlac y a "todos los funcionarios o empleados que hayan tenido intervención en el obrar de la banda".
Bonafini concurrió a los tribunales de Comodoro Py 2002 junto a otras integrantes de la organización, con sus emblemáticos pañuelos blancos, y acompañada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
La titular de Madres de Plaza de Mayo se dirigió al tercer piso del edificio donde tiene su despacho el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa.
En el escrito se sostiene que la creación de viviendas "era una misión, un emprendimiento de derechos económicos, sociales y culturales; nunca una fuente de lucro o de enriquecimiento, para nadie", pero reconoce que ello "indujo -muy especialmente a Sergio Schoklender- a generar una visión empresaria".
"Ni el gobierno nacional ni los provinciales y municipales han sido defraudados por el proyecto 'Sueños Compartidos' así aguardamos que lo verifique la tarea instructoria y la intervención de los organismos de contralor previstos por la Constitución nacional", sostiene.
En la presentación ante la Justicia, Bonafini reitera expresiones periodísticas en las que afirmó que "las Madres no sentimos defraudadas y traicionadas" y recuerda la "permanente lucha por la búsqueda nuestros hijos".
"Esa ha sido nuestra batalla. También nuestro mayor orgullo y nada podrá mancillarlo. Asumimos igualmente la lucha por la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales, con el mismo compromiso que asumimos la defensa de la vida, la libertad y la integridad física y psíquica de los seres humanos", afirman en el escrito.
Allí las Madres, con el patrocinio de Barcesat y su colega Antonio Rojas Salinas, sostienen que "la misión 'Sueños Compartidos' alienta proyectos de vida, proveyendo vivienda digna y un hábitat para los desposeídos".
Esas casas "son construidas con un sistema y una tecnología de avanzada que han ameritado las mayores calificaciones de los organismos técnicos responsables de la obra pública. Y comparativamente, de menor costo, más fáciles de edificar y con menor insumo temporal".
En este expediente, el lunes pasado Schoklender se presentó en los mismos tribunales con ocho cajas conteniendo, según dijo su abogado Adrián Tenca, "importante documentación que acredita que no hubo ningún acto ilícito" e intentó, sin éxito, que el juez le tomase una declaración "espontánea"; mientras que, en forma paralela, su hermano Pablo presentó un escrito designando defensor.
En esa ocasión, el secretario Carlos Leiva le hizo saber a Schoklender -quien junto al resto de los imputados tiene prohibido salir del país- que debido a "que la investigación está en pleno curso y antes de escuchar a alguien hay que establecer bien qué presuntos delitos se cometieron; por ejemplo, dónde exactamente hubo desvíos de dinero", explicó una fuente judicial que advirtió que Oyarbide había impuesto "secreto del sumario".
Al impulsar la acusación, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió que se investigue una supuesta "defraudación a la administración pública, lavado de dinero y asociación ilícita" donde los imputados aparecen como sospechosos de "presuntos manejos irregulares" en obras en la Ciudad de Buenos Aires y provincias financiadas con fondos nacionales y ejecutadas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de donde fueron desplazados.
Además de los hermanos Schoklender aparecen implicados Alejandro Abraham Gotkin, Marcela Nancy Zlotogorski, Daniel Laurenti, Gustavo Adrián Serventich, Leonardo Alejandro Hubscher, Marcelo Gabriel Lewkowicz y Alberto Marcelo García.
"El desvío (de dinero) habría consistido en maniobras que realizara el apoderado de dicha fundación, Schoklender y/o cómplices, direccionando los fondos hacia la empresa Antártica Argentina S.A. u otras, habilitando la libre disposición de los mismos por parte de Alejandro Gotkin", consignó el dictamen elevado al juez por el ministerio público.
La investigación incluye a las empresas Stylo Car S.R.L., Regie Royale S.A., Meldorek S.A., Gorlac S.A., Expedition S.A. Fun Pro S.R.L., Sabero Argentina S.A., Armorin Systems S.A., Sky Performance S.A., Urban Constructios S.A., Itrnet Systems S.A., La Mailu S.A., Partner Human Resources S.A., Tagle Security & Investigación S.A., Envío Express S.R.L. y Monetización S.A. (Télam)
