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Pedido de jury para la fiscal Gigante acusada de cometer anomalías en su función

La Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad asumir el rol de acusador contra la fiscal del departamento judicial de San Isidro, María del Carmen Gigante, a quien se le imputa la comisión de irregularidades en su gestión.
Los hechos se le atribuyen durante su gestión en las Unidades Funcionales 2 del distrito Pilar y 2 de Tigre y como Fiscal de Juicio ante el Tribunal en lo Criminal 5 de San Isidro.

Una de las denuncias es del ex senador José Molina y del ex diputado Guido Lorenzino Mata, actual subsecretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense.

La denuncia le adjudica "no haber requerido allanamientos para continuar la pesquisa, delegar la investigación, no presentarse en el lugar de los hechos, no recabar pruebas, disponer el archivo de una causa sin informe médico legal ni haber escuchado a la víctima, ausencia total de investigación, confundir roles procesales y atraso en la producción de pruebas".

Otra presentación del actual Jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, y de Ana Liliana Malecki, directora de Asuntos Jurídicos de la Nación, la acusa por 8 hechos, entre ellos "mal desempeño en una causa de abuso sexual, no incorporar los estudios de alcoholemia y un envase de bebida incautado en el interior del camión en una causa en la que se investigó el fallecimiento de un menor embestido por un chofer en estado de ebriedad, no concurrir a la escena del crimen en un hecho de homicidio, ni en otro de abuso deshonesto y violación".

La tercera denuncia recogida por la Comisión Bicameral fue la presentada por la madre de una joven de 20 años que padece un retraso mental que equipara su madurez psíquica a la de una niña de entre 7 y 8 años y fue víctima de abuso sexual con acceso carnal.

El acusado resultó absuelto por el Tribunal en lo Criminal 7 de San Isidro porque "según asentó el propio Tribunal no existía prueba científica que permitiese acreditar el hecho, y se hizo responsable de esta falencia a la acusada Gigante, por haber sido la responsable de llevar a cabo la investigación penal preparatoria", se indicó en la presentación.

En esta causa se menciona que tras la violación se realizaron exámenes sobre la víctima, extrayéndose muestras mediante un hisopado, cuyos resultados de análisis no fueron incorporados en el expediente, circunstancia que también determinó a la Cámara de Apelaciones ordenar el cambio de calificación de los hechos y la libertad del imputado.

Otra de las causas que originan el pedido de juicio político contra la fiscal es la que se inicia con la denuncia de una mujer contra su concubino, quien en octubre de 2007, en el marco de una discusión conyugal, la habría agredido tomándola a golpes de puño y causándole lesiones, que se encuentran certificadas a partir de un parte médico.

Sin embargo, dice la presentación, posteriormente Gigante dispone el archivo de la causa argumentando que "los solos dichos de la denunciante en cuanto ha sindicado" al hombre "como autor de los hechos, resultan insuficientes por el momento para tener por acreditados".

El presidente de la Comisión Bicameral, el diputado Gabriel Villegas (FpV), señaló que "la gran mayoría de las causas se fundan en el poco apego a trabajar" y agregó que "parece que el archivo de los expedientes es la forma más fácil de terminar los procesos; la Fiscal se olvidó que su trabajo es investigar".

Además opinó que "a estos funcionarios hay que erradicarlos del Poder Judicial porque desprestigian la excelencia de la gran mayoría de los magistrados y funcionarios que actúan correctamente".

"El poder político no está dispuesto a tolerar este desapego al trabajo", insistió.

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