Uno de los principios jurídicos fundamentales del Estado de derecho es que nadie puede arrogarse la facultad de ser el definidor de su propio derecho. Todos los reclamos legítimos deben ser canalizados a través de los mecanismos legales establecidos para regularlos.
De este modo, los trabajadores pueden acudir al ejercicio del derecho de huelga, pero eso no les autoriza -como en el caso de los docentes en Santa Cruz- a bloquear el acceso a los yacimientos de combustibles o a interrumpir el tránsito en carreteras o calles.
La crisis de 2001 habilitó el ejercicio de unas prácticas de protesta social que desbordaban toda legalidad. La situación de extrema vulnerabilidad en que habían quedado vastos sectores sociales después de la crisis, permitía aceptar unos procedimientos que salían de los cauces tradicionales de la protesta e invadían los derechos de otros ciudadanos.
Pero, a 10 años de aquella situación extraordinaria ya nada justifica la perpetuación de una metodología extorsiva que termina -como ha señalado la Presidenta- perjudicando a sus propios protagonistas.
Los acontecimientos que han dado lugar a la reacción airada de Cristina Fernández -la huelga salvaje en Aerolíneas Argentinas, las amenazas de "paro general" de Pablo Moyano y el conflicto docente en Santa Cruz- son reveladoras de una anomalía sindical que perdura, pero que ya no es políticamente sostenible en el tiempo. Existe un sentimiento general -percibido por la Presidenta- de que no es posible continuar por este camino.
Junto con los reproches formulados a las direcciones sindicales, Cristina formuló otro anuncio importante. En su opinión, la iniciativa de la CGT -motorizada por el abogado de Moyano y diputado Héctor Recalde- de "reparto de utilidades" debe ser canalizada a través de la negociación colectiva. Esto supone poner fin a las expectativas sindicales de obtener una Ley que imponga en forma coactiva a todas las empresas el reparto de los beneficios con sus trabajadores.
Las manifestaciones de Cristina son razonables. Ese proyecto de Ley, bajo el pretexto de una mejora en las remuneraciones de todos los trabajadores, encubría en el fondo un aumento del poder sindical. Un porcentaje de esas utilidades estaba destinado a un "Fondo de Reparto" que iba a gestionar la CGT y el control sobre los balances les daba a los sindicatos un arma de enorme poder extorsivo.
En una sociedad donde todavía sobreviven organizaciones sindicales que guardan enorme parecido con las organizaciones mafiosas del sur italiano, establecer un sistema de participación en las utilidades que ni los países escandinavos han imaginado, era todo un contrasentido.
Por el momento, parece más razonable propiciar un sistema voluntariamente pactado en cada empresa, donde la participación en los beneficios puede ser un incentivo aceptable para conseguir mejoras en la productividad, como acontece en la filial argentina de la empresa Firestone. Es plausible pensar que los períodos electorales son propicios para que los aspirantes a mantenerse en el trono mejoren su sintonía con las demandas de la sociedad. Es una prueba de que la sola posibilidad de la alternancia mejora los estándares de gobernabilidad y un alegato fuerte contra las aspiraciones a los mandatos "eternos".
La sensibilidad de Cristina a los argumentos que sus seguidores más fanáticos atribuyen a "la derecha", provocará seguramente desconcierto en esas filas. Pero la sociedad contemplará con alivio esta inesperada incursión presidencial en el mundo de la razonabilidad. (DyN)
Por Aleardo F. Laría
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