La norma contempla la creación de un registro provincial en el que estarán inscriptos quienes vendan o distribuyan en el mercado pilas.
Quienes incumplan las disposiciones de la normativa, podrían ser sancionados con multas de hasta 50 mil pesos o con la clausura del establecimiento.
Los residuos de pilas y baterías recolectados, según lo establece la iniciativa de la senadora María Isabel Gainza, serán sometidos a tratamiento y reciclaje con métodos que se ajusten a la legislación nacional y provincial en materia de residuos, de salud y seguridad.
Para Gainza “el desafío fundamental que se debe asumir es la puesta en marcha de un plan de gestión integral de pilas y baterías agotadas, que ubique al usuario como consumidor responsable y partícipe necesario en la disposición diferenciada de estos residuos”.
La legisladora resaltó que en la Argentina una persona consume, en promedio, unas 10 pilas por año y las mismas son depositadas en la basura una vez que se agota su vida útil, junto con el resto de residuos domiciliarios, lo que configura un potencial peligro más allá del tipo de disposición final de los residuos sólidos urbanos.
